La Abogacía del Estado estudia si es ilegal la ‘junta electoral’ del 9-N

La Abogacía del Estado está analizando la aprobación de la comisión de control de la Ley de Consultas que acordó este miércoles el Parlamento catalán. Este órgano, integrado por siete catedráticos de Derecho y juristas, tendrá la misión de velar por el buen desarrollo del 9-N y de todas las votaciones que pendan de la Ley de Consultas suspendida ahora por el Tribunal Constitucional. La decisión la ha revelado este jueves Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña en una entrevista a Onda Cero. La también exdiputada ha precisado que la Abogacía emitirá su informe y, en caso de que considere ilegal ese paso, indicará las medidas que hay que tomar para "reponer la legalidad y hacer cumplir la suspensión" de la consulta decretada por el Tribunal Constitucional.

Llanos de Luna ha asegurado que el Gobierno está "muy pendiente" de que se cumpla la suspensión, que afecta al decreto de convocatoria del 9-N y a la propia Ley de Consultas catalana. "Cualquier actuación que por parte del Gobierno de España entendemos que puede violentar o contravenir la suspensión la analizamos de forma pormenorizada, y es lo que está haciendo la abogacía del Estado", ha concretado de Luna que distinguido en su mandato por mantener cientos de litigios con Ayuntamientos catalanes por considerar que incumplen la ley.

Además, De Luna ha acusado a Artur Mas de echar leña al fuego apelando a "pasiones, incluso viscerales" en las alegaciones que ha presentado ente el Tribunal Constitucional contra la suspensión de la consulta. A su juicio, Mas ha incurrido en una "grave y tremenda irresponsabilidad", por considerar que estos términos no deberían utilizarse nunca, y menos en un documento de alegaciones. Por ello, le ha pedido que "contribuya a bajar el nivel de excitación" y se centre en los argumentos legales en lugar de hablar de violencia.

Enric Millo, portavoz del Partido Popular en Cataluña, ha asegurado esta mañana que no tiene la menor intención de denunciar ante la Fiscalía a los 86 diputados catalanes que votaron a favor, en un tenso de debate, de designar a los miembros de la comisión. "Lo que yo dije es que lo que se estaba a punto de votar era probablemente una ilegalidad y que en el caso de que la votación fuera secreta, pedía que la mesa entregara a los diputados que intervenían en la votación para quedar claro quienes no lo habíamos hecho", ha señalado negando que quisiera llevar el asunto a la Fiscalía. Josep Rull, coordinador de Convergència, ha considerado impresentable la actuación de Millo al recordar que los diputados del Parlament, al igual que los del resto del Estado, son inviolables y, por tanto, están protegidos penalmente en el ejercicio de sus funciones. "No tenemos miedo por mucho que haya amenazas severas. Se están superando todas las fronteras", ha lamentado.