“A resanar las grietas del edificio Colombia”

El sobornador Odebrecht ha hecho visible un modus operandi en muchos países de América Latina donde hecha la ley hecha la trampa para garantizar la financiación ilegal y los subreportes de las campañas electorales. No todas, pero sí muchas. Unas con dolo, otras por el apetito de gerentes, contratistas, y otras por confianza excesiva en las estructuras en las que se soportan.

Lo cierto es que en Colombia y el mundo, las sumas involucradas superan los ceros posibles. Según la MOE con datos de Cuentas Claras, procesados por Transparencia por Colombia, solo para la elección del Congreso en 2014 se gastaron 196.000 millones de pesos (65 millones de dólares) y solo un 15 ó 20 por ciento de esa suma correspondía a financiación estatal. Pasa lo mismo en las presidenciales. Para 2010 y 2014 la suma llegó, según la misma fuente, a 85.000 millones (28 millones de dólares).

La puerta por donde entra el 80 por ciento de recursos adicionales, que no proviene de créditos bancarios y aportes legales, sino de los caciques regionales y de las triangulaciones es por donde se meten los de origen limpio o ilegal y por lo tanto abonan de manera automática el terreno a la corrupción en el Estado.

Esa práctica ha puesto en entredicho el sistema electoral en su financiación por la violación de topes y las maniobras para recibir pagos por fuera del país. Y esas mismas prácticas se han llevado a cabo en un ambiente de hipocresía de la clase política, los empresarios que garantizan los pagos y hasta de los medios de comunicación que por años hemos cubierto las campañas sin aproximarnos a este tema tan crucial.

Mientras las autoridades, ojalá de la manera más rápida y transparente, valoran jurídicamente las implicaciones de los responsables en lo disciplinario, penal y administrativo, es fundamental que la reforma política propuesta al Congreso en Colombia realmente actúe sobre los vacíos y problemas que nos tienen ante una situación tan delicada.

Las revelaciones diarias, minuto a minuto, de los involucrados en este caso, no pueden ni deberían ser usadas políticamente por opositores y candidatos ya en campaña presidencial para deslegitimar al Gobierno en el momento de quiebre institucional que implica echar a andar un tribunal de juzgamiento para obtener la verdad y reparar a las víctimas del conflicto al tiempo que un ejército de 7.000 hombres hace el tránsito a la paz.

Sensato Antanas Mockus a quien ahora han querido crucificar por la valentía para expresarse sobre el presunto fraude electoral que implica el pago de 2 millones de afiches por parte de Odebrecht en la campaña 2010, en la que él, desde el partido Verde, se enfrentó al presidente Juan Manuel Santos. Mockus se niega a decir que su derrota se debió a 2 millones de afiches como pretendían incluso miembros de su partido. Y no porque esté avalando la ilegalidad. Todo lo contrario, es porque es papel de la justicia y por eso considera que la solicitud hecha por Santos al Consejo Nacional Electoral para que se levante la caducidad para investigar su campaña es la acertada.

Mockus no ha validado la trampa. Mockus no quiere hacer uso político de la situación, que es diferente. Lástima que no dijera que hablaba como contratista del Gobierno, habría sido más transparente.

Lo que está en juego cuando es posible limpiar lo que ha estado sucio por años requiere de madurez, de altura en el debate público, de reflexión y estatura intelectual. No veo aún en el escenario político de cara a las elecciones de 2018 más que figuras dignas de la que llamo la plaza impúdica: gritos y rostros de ira contenida que restan credibilidad a las verdades que se dicen, golpes de mano y coscorrones y uso de los cargos para salir en hombros a conquistar el favor de los electores.

En momentos en que el 71 por ciento de los colombianos rechaza al Gobierno, el general Oscar Naranjo tiene por delante el reto de resanar las grietas del edificio Colombia, como lo llamaba Jaime Garzon, con la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero no para tapar o maquillar. El conocido como el mejor policía del mundo es un hombre de buenos modales y hablar pasito.

Naranjo puede ser el arquitecto de una nueva seguridad ciudadana que junto a la corrupción son los temas que más afectan a los ciudadanos, a tender puentes políticos e institucionales, a hablarle a Estados Unidos para convencerlos de no recortar las ayudas que tanto necesitan quienes sí están trabajando en el fondo, en los territorios, en la reconstrucción del tejido social y el regreso a la legalidad bajo la amenaza cierta de quienes van asesinando líderes de derechos humanos (64 de 127 en 2016 según Naciones Unidas) por razones relacionadas con la defensa de la paz y la erradicación de cultivos.

Es el momento de liderazgos renovados, una justicia que actúe con rapidez, y unos medios en los que reconozcamos nuestra capacidad para preguntar, opinar y escudriñar sin la indignación teatral, ni la agenda oculta. Solo por la verdad para nuestras audiencias.