Bruselas ofrece 200 millones para que Libia frene a los migrantes

Libia acoge aproximadamente a un millón de migrantes y la inmensa mayoría tienen intención de viajar a Europa, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones. Tras el acuerdo firmado en 2016 con Turquía, que redujo casi a cero las llegadas por Grecia, la Unión Europea ensaya ahora medidas que frenen la salida de barcazas desde las costas libias, el principal foco de desplazamientos irregulares al continente. Bruselas pone sobre la mesa al menos 200 millones de euros adicionales este año para ampliar el entrenamiento europeo a los guardacostas libios, proporcionarles medios de vigilancia y financiar retornos voluntarios de migrantes que deseen volver a sus países de origen.

La Comisión Europea lleva meses argumentando que la peculiar situación política en Libia, un país sin Estado con el que dialogar, impide forjar acuerdos. Pero la brutalidad de las cifras obliga a hacer un esfuerzo. El año pasado se detectaron en esa ruta hacia Europa casi 200.000 personas, con un récord de 4.500 muertes en el mar. Para mitigar la pérdida de vidas -y principalmente para evitar que partan hacia Europa-, el Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles un conjunto de medidas que estudiarán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que celebrarán la próxima semana en Malta.

“No hay solución mágica ni inmediata, pero hay cosas que podemos hacer y que pueden ser útiles”, ha admitido la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini. Para aplicar estas iniciativas, Bruselas se aliará con el llamado Gobierno de acuerdo nacional en Libia (reconocido internacionalmente, pero muy poco representativo) y también con autoridades locales. El fomento de retornos voluntarios, que la UE ya financia, se hará en colaboración con las dos agencias de la ONU expertas en la materia: la de refugiados (Acnur) y la de migraciones (OIM).

Europa constata que, cuando los barcos ya han salido de las costas libias, las diferentes misiones navales comunitarias no pueden hacer otra cosa que rescatar a las víctimas, además de intentar interceptar a los traficantes. Por eso las autoridades europeas quieren implicar a los guardacostas libios en la tarea. Y emplear toda la inteligencia que puede recabarse en el terreno (tanto la UE como la OTAN tienen desplegado personal en distintos puntos del norte de África) para perseguir a las mafias. El éxito dependerá, en última instancia, de la receptividad que muestren los guardacostas libios, a los que también se les ofrecerán recursos para patrullar, al igual que hizo España con los países vecinos cuando quiso atajar la crisis de llegadas en 2006.

Medidas para primavera

Lo mismo ocurre con la voluntad europea de mejorar los controles en la frontera sur de Libia (es decir, para evitar que migrantes de toda África se desplacen hasta allí con el fin de cruzar a Europa). Se trata de puntos de muy difícil supervisión, sin un Estado que pueda -o quiera- impedir los movimientos.

Pese al escepticismo de algunos expertos, Bruselas ha decidido impulsar ahora este plan ante la insistencia de Malta, que ejerce este semestre la presidencia rotatoria de la UE y que está decidida a mostrar iniciativa. Malta es, al igual que Italia, vecino cercano de Libia, pero las rutas irregulares no han llegado hasta ahora a la isla, sino que se han centrado en Italia, el país que hizo sonar las alarmas en el club comunitario por la crisis migratoria que comenzó en 2015. Se espera que los líderes aprueben un calendario concreto para esta misma primavera en su reunión del 3 de febrero.

Los 200 millones de euros previstos palidecen al lado de los 6.000 comprometidos para el acuerdo con Turquía. Tanto Mogherini como el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, rechazan cualquier comparación con el acuerdo de Ankara, que tiene como interlocutor al Gobierno turco. El dinero destinado a Libia debería, pese a todo, crecer con las aportaciones de los Estados miembros, aunque los responsables comunitarios evitan exigir cifras concretas. El documento presentado este miércoles habla de cantidades “que igualen” la aportación comunitaria.