Peña Nieto afirma que permitió el gasolinazo para salvar programas sociales

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se vistió de realidad y salió en defensa de su gestión en uno de los momentos más críticos del mandato. La violenta ola de protestas desencadenada por la subida de la gasolina ha destapado el profundo malestar de un país que se ve atrapado entre las amenazas de Donald Trump y el riesgo cada vez mayor de entrar en recesión. Un peligro que Peña Nieto prometió conjurar con un acuerdo social de reducción de daños y al que añadió una explicación dramática del impopular incremento del combustible: “O recortábamos programas sociales o manteníamos artificialmente los precios de la gasolina”.

El deterioro es evidente. México afronta, como reconoció el presidente, “un año complejo y repleto de desafíos”. Con 6 muertos, 1.500 detenidos y cientos de saqueos, el gasolinazo y su secuela de saqueos no son más que un anticipo de lo que puede ocurrir si el país, estrangulado por Estados Unidos, cae en barrena. El mismo gobernador del banco central, Agustín Carstens, ha alertado de que “Trump puede llegar a ser una película de terror para México”.

Frente a este escenario, el mandatario lanzó un mensaje de unidad y calma. Para ello reunió a la poderosa Confederación de Trabajadores de México y al Consejo de Coordinación Empresarial (la otra patronal, Coparmex, decidió no acudir por la falta de concreción del acuerdo) con los responsables de las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. En este marco, que al líder sindicalista le recordó las grandes escenificaciones del priismo clásico, Peña Nieto se dirigió a una ciudadanía que las encuestas indican que se siente cada día más defraudada.

En su explicación, el jefe de Estado adujo que en el gasolinazo confluyeron causas externas, como el aumento del precio del petróleo, la apreciación del dólar y la alta dependencia de México de la gasolina importada (un 54%). Todo ello implicaba que, si se quería mantener el precio del carburante, el Gobierno tenía que hacer frente a una presión adicional para el gasto público de 200.000 millones de pesos (cerca de 10.000 millones de dólares). En un tiempo de ajustes, el dilema estaba servido: “Subir la gasolina o recortar programas sociales”. La decisión fue seguir el primer camino. Una senda dolorosa que han rechazado todos los partidos de oposición pero que el presidente defendió a capa y espada. “El mayor consumo de gasolina corresponde a las rentas más altas, ellas habrían sido las más beneficiadas si nada hubiera cambiado. E incluso con la subida, el precio sigue siendo bajo; en América Latina sólo Venezuela, Ecuador y Bolivia lo tienen más reducido”, indicó.

Junto a este argumento, el presidente ofreció un pacto “con los sectores productivos” para evitar un alza en cadena de los precios y su impacto en las familias. "Quiero decirle a la ama de casa, a la jefa de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y al pequeño empresario: para el Gobierno de la República es una prioridad proteger tu empleo, tu ingreso y tu gasto; proteger tu patrimonio y tu ahorro; proteger la estabilidad, tu futuro y el de tus hijos", afirmó. El acuerdo, sin grandes concreciones, es un combinado de austeridad, control de precios y defensa de programas sociales ya presupuestados. Pero sobre todo, representa un compromiso del presidente para atajar el incendio que se atisba en el horizonte.