La lealtad del pueblo chino la mide el ‘big data’

El llamado “sistema de crédito social” es una de las principales prioridades, y una de las más ambiciosas por su alcance y objetivos, del Gobierno que encabeza el presidente Xi Jinping. La idea, según se desprende de los documentos que ha ido publicando a cuentagotas desde 2014 el Consejo de Estado —el equivalente a un Ejecutivo chino—, es ir más allá de los sistemas de calificación de crédito financiero que ya existen en Occidente para fomentar una sociedad donde imperen la honestidad y el civismo.

Más información

Xi defiende la censura en Internet en un congreso organizado por China

“Los datos son nuestra identidad y debemos ser dueños de ella”

Cuando todo puede ser pirateado

“El ‘Big Data’ ha democratizado el acceso a la información”

Es algo ciertamente loable, y necesario, en un país donde las imitaciones son omnipresentes, la corrupción es una de las principales lacras y en el que escándalos como el uso de materiales contaminados en escuelas o el empleo de terapias dudosas en hospitales militares —dos ejemplos de este mismo año— fomentan constantemente la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.

Lo que suscita preocupación es cómo se plantea conseguirlo. Uno de los ejes del proyecto es la recolección del denominado big data —datos de todo tipo, personales, financieros y de consumo— para detectar posibles comportamientos fraudulentos, pero también para crear lo que fácilmente podría emplearse como un instrumento de vigilancia política masiva. “Si el aparato de seguridad puede acceder a esa información, ya no habrá vida privada en China”, advierte el profesor Willy Lam, de la Universidad China de Hong Kong.

Las autoridades centrales o provinciales ya obtienen parte de estos datos a través de los registros oficiales. Las empresas privadas en sectores como el comercio electrónico o las redes sociales consiguen otros: el año pasado, en una especie de proyecto piloto, Pekín ya autorizó a ocho empresas a empezar a recabar datos para la valoración de crédito.

Una vez una empresa, o un individuo, se convierten en sospechosos, un procedimiento administrativo se encargaría de decidir si se le declara de manera oficial como ente socialmente poco fiable. No solo se tendrían en cuenta el incumplimiento de las leyes o de los contratos, sino también una amplia gama de criterios sociales o políticos.

La inclusión de esos parámetros “es para asegurarse de que la participación económica, social y política en el futuro solo se permitirá a los individuos y a las empresas que cumplan totalmente las normas sociales y políticas del Partido Comunista de China”, explica Mirjam Meissner, del centro de estudios alemán MERICS y coautora de un reciente estudio en el que se describe el proyecto como “autoritarismo respaldado por la tecnología de la información”.

Aquellos a los que se considere culpables de comportamiento deshonesto pueden esperar castigos más allá del ámbito tradicional que los convertirán en parias sociales. Un documento del Consejo de Estado hecho público en septiembre prevé, entre otras sanciones, que se les prohíba la compra de viviendas para su uso personal, viajar en las mejores clases o alojarse en hoteles de categoría alta. Sus hijos tampoco podrían matricularse en escuelas privadas. No podrían aspirar a contratas del Gobierno y, si contemplaran una carrera militar, sus posibilidades serían nulas.

El nuevo documento “hace explícita la idea que representa el núcleo de este sistema de crédito social: si quebrantas la confianza en un área, se te impondrán restricciones en todas”, explica Rogier Creemers, de la Universidad holandesa de Leiden y experto en legislación sobre medios e Internet en China. “La proporcionalidad en el castigo, al menos para algunas categorías de las personas poco fiables, desaparece”.

El sistema será costoso y complicado de poner en marcha. Afronta arduos problemas técnicos, como la armonización de una serie de bases de datos muy diferentes o las dificultades para mantener un mecanismo tan vasto constantemente actualizado y libre de errores, puntualiza Creemers. Desde un punto de vista político, no está claro hasta qué punto los ciudadanos podrían aceptar este control. O cómo puntuar de manera equilibrada el complejo comportamiento humano: “¿Qué pasa si te gusta conducir demasiado rápido, pero eres un médico fantástico que hace muchas labores de beneficencia?”, se pregunta el experto.

El proyecto también ha encontrado voces de advertencia internas. Un reciente estudio del think tank de la agencia estatal Xinhua alerta de los riesgos de una filtración de datos en un sistema en el que participarían tantas fuentes y pide que se adopten normas claras para proteger los derechos de los consumidores e impedir que la información se obtenga de manera ilícita.

El objetivo inicial del Gobierno chino es que el sistema esté en funcionamiento para 2020. Pero está dispuesto a acelerarlo. El nuevo documento del Consejo de Estado prevé que el sistema de supervisión del comportamiento ciudadano esté implantado para 2018.

“Es una señal política clara”, cree la experta Meissner. Pese a las críticas internas, “no cabe duda de que los líderes chinos invertirán todos los esfuerzos técnicos y políticos en poner el sistema en marcha tan rápido como sea posible”.