El nuevo Gobierno griego confirma el fin de la austeridad

Por la rapidez con que ha discurrido este miércoles el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno griego pareciera que los titulares llevaban las medidas aprobadas desde casa. Una tras otra, las principales promesas hechas durante la campaña electoral por Alexis Tsipras adquirían rango de anuncio —sólo eso; aún deben sancionarse en el Parlamento—, sin apartarse ni una coma del “programa de Salónica” (el programa de Gobierno de Syriza) ni moderar la ambición que lo alienta. Nada más terminar la reunión, las vallas que desde hace años protegían el perímetro del Parlamento griego eran retiradas por orden del nuevo titular de Orden Público. La ración diaria de símbolos quedaba colmada.

El Consejo se ha abierto con un discurso de Tsipras emitido por televisión y en el que el nuevo primer ministro, sobre cuyo rostro parecía haber caído de golpe toda la responsabilidad de gobernar, ha recordado las cuatro prioridades de su programa: remediar la crisis humanitaria, con 300.000 hogares bajo el umbral de pobreza (“ni un griego sin ayuda, sin comida, sin electricidad”, ha proclamado); la renegociación de la deuda con los socios “con soluciones viables y justas que sirvan a toda Europa y evitando la confrontación, pero también las políticas de sumisión”; la recuperación económica y la creación de empleo, y la lucha sin cuartel contra la evasión fiscal, la corrupción y el clientelismo, “unas reformas que debían haberse acometido en estos 40 años para acabar con un Estado que funcionaba en contra de la sociedad”.

Terminado el discurso, la señal televisiva se ha cortado y el equipo ministerial ha deliberado brevemente en secreto. Después, durante los traspasos de competencias en cada uno de los ministerios —un relevo ejemplar, a diferencia del sucedido el lunes en la jefatura de Gobierno—, ha sobrevenido el aluvión de anuncios ante las cámaras de televisión. Entre otras medidas figura frenar la prevista privatización del 67% del puerto del Pireo (sus acciones cayeron un 7%) y la empresa pública de electricidad (-14%); la eliminación del copago sanitario y el restablecimiento del acceso universal al sistema público de salud para los tres millones de griegos sin cobertura; el aumento del sueldo mínimo a 751 euros y la restauración de la negociación sindical y los convenios colectivos, todos ellos logros caídos en la reforma del mercado laboral del anterior Gabinete por la exigencia de ajustes presupuestarios de la troika. Además, los jubilados con pensiones inferiores a 700 euros recibirán de nuevo la paga de Navidad, mientras que alrededor de 10.000 funcionarios despedidos “sin garantías constitucionales” —entre ellos, las limpiadoras del Ministerio de Economía que se han convertido en símbolo de resistencia frente a los ajustes—, serán contratados de nuevo.

A la espera de refrendar oficialmente todos estos anuncios —la semana que viene en el Parlamento, durante el voto de confianza al Ejecutivo, en el que tendrá el apoyo de los 162 diputados de la coalición Syriza-ANEL—, no faltan ya las críticas al programa. “Es como si el nuevo Gobierno haya intentado subrayar la imagen de cambio y marcar distancias con respecto al anterior; es un programa demasiado ambicioso y hay que ver en qué queda, ahora mismo no es posible llegar a conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta que todas estas medidas van a costar mucho dinero”, apunta el profesor de la Universidad de Atenas Dimitri Sotirópulos.

La batería de promesas debe ser sancionada por el Parlamento

Más optimista se muestra Kostas Papajilintzos, que fue asesor ministerial en el anterior Gobierno: “A nadie se le ocurre hacer estos anuncios si no ha cuadrado bien las cuentas; personalmente, tengo confianza en que Tsipras haya calculado bien y, es más, creo que no va directo a la bancarrota. Pero son sólo anuncios, luego se impondrá el pragmatismo y, sobre todo, las condiciones de la troika. Pero a juzgar por lo anunciado, sí que se trata de una pequeña revolución, también desde el punto de vista de cumplir lo que se promete”.

El coste estimado del primer pilar (atajar la crisis humanitaria) se cifra en 1.882 millones de euros; la recuperación económica y la justicia fiscal, en 6.500 millones; y el plan de empleo nacional, que persigue la creación de 300.000 puestos de trabajo en todos los sectores, en 5.000 millones (3.000 en el primer año). Sólo el cuarto pilar, la reforma del Estado, tiene coste cero. Para sufragar estos desembolsos, el Gobierno prevé recaudar como mínimo 20.000 millones de los 68.000 millones de deuda fiscal pendiente de los últimos siete años y gracias al combate a la evasión fiscal y el contrabando; 11.000 millones del fondo de estabilidad financiera integrado por los bancos; y, para el programa de empleo, del Programa de Referencia Estratégica nacional y de ayudas europeas al empleo.