Cristina Fernández pone sordina a sus ataques a Repsol

Lo peor no sucedió. Para alivio del Gobierno español y de la compañía española Repsol, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no ha anunciado hoy ni la nacionalización ni la intervención de Repsol-YPF. Y para consuelo de Reino Unido, la tensión diplomática que venía creciendo en el último mes dio un giro este viernes de 180 grados: Fernández anunció que ya ha ordenado que se revise un acuerdo de 1998 para que los dos vuelos que parten por semana a las Malvinas desde Chile aumenten a tres y despeguen desde Buenos Aires.

Hacía más de un mes que diversos medios argentinos comentaban que el 1 de marzo Fernández anunciaría la nacionalización de Repsol-YPF durante el discurso de apertura del año parlamentario. Nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran las intenciones de la presidenta. Pero los ataques verbales del Gobierno sostenidos durante más de un mes venían infligiendo un gran daño en las cuentas de la mayor empresa española. En menos de dos meses Repsol se ha descapitalizado un 40%. El día anterior al discurso de Fernández, el valor en bolsa de Repsol-YPF cayó hasta un 15%, su punto más bajo en los últimos 32 meses.

Pero este jueves, después de tres horas y cuarto de discurso, las alusiones a Repsol-YPF apenas duraron un par de minutos en el que Fernández esgrimió un gráfico para demostrar cómo había bajado la producción de combustible desde 1998. No cargó demasiado las tintas, pero de forma más o menos implícita acusó a la compañía de lo mismo que la había venido acusando en las últimas semanas: de no invertir ni producir lo suficiente. Finalmente, la sangre no llegó al río. Pero las aguas tampoco bajan muy claras. “Vamos a asegurar el abastecimiento a los argentinos de combustible”, señaló Fernández. “Es una cuestión de defensa de la competencia, del interés de los argentinos. Y lo vamos a ejercitar con todas las armas que nos da la Constitución y la legislación vigente”, añadió.

Ovación a Garzón

La Asamblea Legislativa de Argentina ha ovacionado esta mañana en la apertura de sus sesiones ordinarias a Baltasar Garzón, de visita en Buenos Aires.

"Nos honra con su presencia", ha dicho la presidenta argentina, Cristina Fernández, al nombrar a Garzón en el inicio de su discurso de apertura del nuevo período parlamentario. Parlamentarios e invitados, puestos en pie, han brindado un aplauso cerrado a Garzón, expulsado el pasado 20 de febrero de la carrera judicial tras haber sido juzgado y condenado a 11 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas de conversaciones entre los acusados de corrupción en el caso Gurtel y sus abogados. La presidenta ha calificado de "afrenta a la justicia universal" la condena del Supremo a Garzón. El congreso argentino respondió con una ovación de pie.

Fernández ha reconocido al exjuez "en nombre de millones de argentinos, su rol en la defensa de los derechos humanos", que es uno de los "puntales", dijo, de la política del Gobierno argentino."En los países desarrollados se puede procesar a los tiranuelos de los países emergentes, de las republiquetas, como nos consideran", ha dicho ante el pleno del Congreso.

"Su juzgamiento por haber intentado desvelar la tragedia del franquismo, los asesinatos y desapariciones del franquismo, es una afrenta para la justicia universal que muchos dicen defender cuando se trata de países que ellos consideran de segunda", argumentó la presidenta

Garzón, que ganó fama internacional por ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet y por procesar a algunos represores argentinos, está previsto que se reúna en Buenos Aires con víctimas de las dictaduras argentina y española.

En la resolución temporal del conflicto han tenido mucho que ver las gestiones que el Gobierno del presidente Mariano Rajoy ha venido realizando en la sombra. Entre ellas resultó clave el viaje relámpago que efectuó el ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, junto a dos secretarios de Estado desde Madrid a Buenos Aires en la madrugada del lunes. El objetivo era reunirse con el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, según informaron fuentes radicadas en Buenos Aires. Tras su estancia de 12 horas en la capital, Soria regresó a Madrid junto a sus colaboradores con la tranquilidad de que se crearían dos grupos técnicos de trabajo —uno en Argentina y otro en España— para resolver los desencuentros entre la petrolera y el Gobierno de Fernández.

Uno de los aplausos y ovaciones más prolongados del discurso lo provocó Fernández cuando se dirigió al juez Baltasar Garzón, quien asistió como invitado de honor, para agradecerle en nombre de los argentinos que “pusiera preso a [Adolfo] Scilingo, el de los vuelos de la muerte” y que interviniera en la detención de Augusto Pinochet. “Su afrenta por haber juzgado al franquismo no es una afrenta para usted sino para la justicia universal”, le dijo.

La mayor parte del discurso fue destinado a enumerar los logros económicos del Gobierno. Pero no habló en ningún momento de la inflación ni de las críticas que ha recibido por parte del líder sindicalista peronista Hugo Moyano a causa de las negociaciones salariales. Respecto a la gestión de los trenes y del accidente en que murieron 51 personas, Fernández señaló: “Si no hubiéramos tenido que pagar los 19.641 millones que hemos pagado [a las víctimas del corralito] tendríamos los mejores trenes del mundo”.

La cuestión de las Malvinas fue reservada para el final del discurso. “No estamos para perjudicar a ninguna comunidad. Declaró que los argentinos están ya “cansados” de tanta "humillación" y criticó que en la isla hubiera un soldado británico por cada tres personas. Pero su mensaje final fue conciliador: “A la Argentina no la van a ver en ninguna invasión porque no es un pueblo guerrero. (…) No pretendemos perjudicar a ninguna comunidad (…). Queremos demostrar que nos interesa que se cumplan las resoluciones de la ONU".

La presidenta aclaró que no había venido al Congreso en plan “peleadora”, salvo en un tema. Y ese tema no fue el de Repsol-YPF sino el del metro de Buenos Aires. Sus palabras más demoledoras se las destinó al alcalde conservador de la capital, Mauricio Macri. El día había amanecido con huelga de metro porque el Gobierno nacional no llegó a un acuerdo con Macri respecto a la gestión del metro. El servicio había sido traspasado dos meses antes a la alcaldía. Pero el alcalde anunció el miércoles la suspensión del traspaso porque el Gobierno retiró a 240 policías que custodiaban las líneas. Fernández anunció que prolongaría la presencia de los agentes durante 30 días a ver si así le daba tiempo a Macri para organizar la vigilancia del metro con sus propios policías. ”Uno no puede revolear [devolver] concesiones como si fueran pares de zapatos. ¿Es que se ha dado cuenta ahora de que los vagones son viejos? Pero, ¿de dónde se cree que es alcalde, de Nueva York?”