Una asignatura de trata en el currículo escolar

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Una ONG española y dos Ayuntamientos del país andino trabajan desde este año para prevenir que las adolescentes acaben siendo mercancía de una red de trata. Enfermeras para el mundo y las alcaldías de La Paz y Santa Cruz han impulsado este año un programa formativo sobre prevención para alumnos, familias y profesores porque precisamente ahí radica el primer problema de una cadena de desgracias: las alertas están apagadas. "Insistimos en que haya comunicación, en que si empiezan a ver que los hijos tienen un poder adquisitivo inusitado, o los estudiantes ven en sus amigos un comportamiento extraño, que lancen la alarma", explica Miriam Montero, responsable de proyectos de la ONG en ese país.

El objetivo último de esta serie de talleres, que este año involucrará a más de 3.000 adolescentes, es que no sean algo aislado en la educación de los alumnos, sino que acaben formando parte del currículo escolar de los centros gestionados por los Ayuntamientos. Este punto aún está siendo debatido con el Ministerio de Educación del país. Los datos aportados por el Gobierno sitúan a Bolivia como el segundo país de América Latina con más víctimas de trata y lo más preocupante es que la edad media a la que son captadas es de nueve años. Los más vulnerables son, como siempre, los más pobres. Según un estudio de Unicef publicado este mismo año: "Los testimonios de las víctimas han permitido identificar que la forma de captación implica el consentimiento de las víctimas con la promesa de una idea de progreso y bienestar económico que se les ofrece como anzuelo y detrás del cual van justamente porque se trabaja una relación de poder desigual".

En un programa que aspira a ser transversal y que involucra a más de 120 representantes del gobierno de Bolivia, del municipio de La Paz, autoridades del sector público, agencias de cooperación internacional y diferentes actores del sector público que ya se han comprometido a colaborar en el primer Plan Integral contra la Trata de personas de La Paz.

Las redes sociales son el principal campo de batalla. La falta de educación en el uso de Facebook, por ejemplo, hace que los captadores lleguen hasta los más jóvenes y les engañen con relativa facilidad. "Identifican sus puntos débiles y les engatusan. A aquellos que tienen problemas, les ofrecen amor, una relación de cariño, a los que tienen necesidad económica, un trabajo, a otros la posibilidad de salir de su casa o unas condiciones laborales estupendas para comprarse más ropa o un móvil nuevo", apostilla Montero.

Las dos partes de este proyecto llevan desde 2011 trabajando en este programa. Rosmery Acarapi es la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: "Prácticamente cada día nos reportan algún caso de desaparición de algún niño o adolescente y activamos los protocolos". El Ayuntamiento dedica a asuntos sociales, el área que dirige Acarapi, un presupuesto de 24 millones de bolivianos (algo más de tres millones de euros). El informe de Unicef recalca que "se ha comprobado que los mecanismos institucionales de protección a niñas, niños y adolescentes son muy débiles, existiendo poco conocimiento de la normativa vigente, lo que contribuye a dejar a las víctimas en un estado aún mayor de indefensión".

Enfermeras para el Mundo comenzó a trabajar en Bolivia en 2005 con la fundación Levántate Mujer. Fue a partir de 2011 cuando las compañeras de esta segunda organización comenzaron a dar la voz de alarma ante el aumento de casos de muchachas víctimas de la trata. De 2015 a 2016 el número de denuncias crecieron más de un 20%. "Lo más importante es mostrarles qué sucede con aquellas personas que ya han caído en las redes, porque muchos adolescentes piensan que una vez que entras, llevas una vida normal, así que hay que mostrarles la realidad", señala Acarapi.

Sandra Martínez Cantero, coordinadora de proyectos de la asociación en Bolivia destaca que uno de los retos inmediatos es la creación de un plan de alerta temprana de desaparición de menores, denominado alerta GRIS, que consiste en un protocolo de actuación urgente para notificar a las autoridades la presunta captación de menores con fines de trata. "Es importante digitalizar los procesos, aquí funcionan mucho con papel y eso hace que se pierda información", apunta.

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