Vacile

Fueron grotescas declaraciones del ministro de Hacienda en las que afirmó que a la amnistía fiscal ordenada bajo su mandato se acogieron más socialistas que populares. ¿Cuál es la idea que se esconde debajo de una frase así? Se podría pensar que el ministro de Hacienda revisa las declaraciones de la renta de cada persona física para ver cómo se comportan los socialistas y cómo los podemitas y cómo los populares. O a lo mejor lo hace por sectores profesionales y así llega a conclusiones tan peregrinas como las que lanzó en el Parlamento hace años, cuando aseguró que los actores y los periodistas, así a cascoporro, eran defraudadores. También corrió la semana pasada a decir que un futbolista que presuntamente ha defraudado al fisco casi 15 millones de euros no debía ser tratado de manera crítica porque la Liga de Primera es marca país.

Los españoles no se merecen, recién concluido el periodo de pago de impuestos, recibir mensajes tan vacilones desde la máxima autoridad política. Son fechas de pago obligatorio que servirá para costear las necesidades básicas del Estado. Pero tampoco los honestos funcionarios de la Agencia Tributaria merecen un responsable político que enmaraña su labor, que lanza un mensaje a la opinión pública desmoralizante, donde la esencia de la labor recaudatoria es premiar a los amigos y castigar a los enemigos. La sentencia del Constitucional donde se reprobaba la forma en que se había procedido con la amnistía fiscal apuntaba a la esencia de este conflicto. Al decir que la autoridad fiscal había abdicado de su labor y provocado el agravio por el que unos contribuyentes afrontaban exigencias y otros eran agasajados por su fraude, señalaba al exacto tono que adopta el ministro en sus comparecencias parlamentarias. Una desigualdad formal que lleva a pensar que utiliza los datos oficiales para su agenda política más procaz y oportunista.

Esa respuesta desdeñosa hacia el Tribunal Constitucional se enmarca en una semana de preocupantes señales. Se corresponden con el sabotaje a la investigación del caso Guateque, las declaraciones desafiantes de Granados tras su salida de prisión, el enredo de pedir comisiones parlamentarias y dimisiones para disimular la corrupción política ya bajo proceso y, por supuesto, la indecente ley del silencio del rat pack del aznarismo a su paso por la Audiencia Nacional, con Cascos, Rato, Oreja, Arenas & Acebes en modelo “ni me importa ni me acuerdo”. La solidez democrática pende de un hilo muy fino que consiste en la confianza en las instituciones del Estado, en la ausencia de impunidades por afinidad y en el rigor de una ley idéntica para todos.