Déficit, ¿objetivo cumplido?

El Gobierno de Rajoy se ha apuntado por fin la medalla de cumplir con el objetivo de déficit público acordado con Bruselas. Después de dos revisiones del objetivo (inicialmente se comprometió a recortarlo al 2,8% del PIB en 2016; finalmente Bruselas aceptó el 4,3%), el déficit del año pasado se situó en el 4,3% del PIB. Era prácticamente imposible fallar por quinta vez consecutiva. A pesar de que este cumplimiento estabiliza la credibilidad española, no está de más advertir que la financiación pública debe mejorar mucho en el futuro para que la economía española pueda considerarse a salvo de graves daños ante nuevas convulsiones exteriores.

El objetivo fácil de déficit se ha conseguido gracias a la confluencia de varios factores: crecimiento, disminución de los intereses de la deuda, el esfuerzo intenso de ajuste en las comunidades autónomas (han bajado el déficit en un año desde el 1,7% al 0,7% del PIB), muy superior al de la Administración central, al recorte social (la caída de prestaciones del desempleo no se debe solo a la caída del paro) y al parche estrambótico de las modificaciones en el impuesto de sociedades, que ha provocado más de un escalofrío en las empresas. A pesar de eso, España todavía tiene déficit primario (sin contar gastos financieros) que debe estar entre el 1,5% y el 1,8% del PIB. Peor que Grecia, por poner un caso.

Es decir, la estabilidad de las cuentas públicas no está garantizada en años venideros por una estructura fiscal sólida, unas cuentas de la Seguridad Social saneadas, un descenso programado de la deuda y un aumento sostenido del empleo estable. Por el contrario, depende de una política económica de parcheo (la abrupta decisión sobre sociedades o la no menos abrupta de anticipar el cierre presupuestario) que confirma la situación (todavía) de la excepcionalidad. A pesar de este cumplimiento provisional, la economía española necesita una reforma tributaria integral y una nueva política de rentas.