Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
DERECHO A VOTO

“Tengo una discapacidad y quiero votar”

Rubén Martín nació con un síndrome congénito que no le impide tener una gran autonomía personal. Al cumplir 18 años una jueza le quitó el derecho al sufragio. Nos cuenta por qué quiere recuperarlo

Rubén Martín representó a España en los Special Olympics.

Rubén Martín tiene 22 años y su vida no difiere demasiado de la de cualquier joven de su edad. Sale con los amigos, tiene novia desde hace unos meses, estudia, juega al baloncesto y acaba de iniciar unas prácticas laborales. Pero cuando llegan elecciones no puede votar. Una jueza de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde vive, le incapacitó al llegar a la mayoría de edad. Es una de las 100.000 personas que, según cálculos de diversas asociaciones, han perdido el derecho a sufragio en España por tener una discapacidad intelectual. Esas organizaciones se manifestaron el pasado febrero ante la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, para pedirle que ampare el reconocimiento de uno de los derechos fundamentales que reconoce la Carta Magna a todos los españoles.

Rubén nació con síndrome de Williams, un trastorno genético poco frecuente que afecta entre otras cosas a la capacidad de concentración y a la psicomotricidad. Pasó por colegios convencionales y adaptados. Desde hace un tiempo, se prepara en la Fundación Gil Gayarre para incorporarse al mundo laboral. El año pasado realizó unas prácticas en la recepción de un centro médico del Ayuntamiento de Madrid y ahora acaba de iniciar otras en una cadena de restaurantes. Le encanta el deporte y coge hasta seis medios de transporte en un día para entrenar con sus compañeros de baloncesto del Niño Jesús del Remedio. Se le da bien. En 2015 formó parte del equipo unificado (formado por personas con y sin discapacidad) que ganó el oro a los mismísimos Estados Unidos en la competición Special Olympics celebrada en Los Ángeles (oeste de EE UU). “Cada segundo del campeonato era mágico”, recuerda Alberto Moraleda, su entrenador y entonces compañero de selección. Pero Alberto entonces desconocía que en aquel equipo que representaba a España había jugadores sin derecho a elegir a sus representantes públicos.

“¿Para qué vamos a ponerle limitaciones desde el principio?”. Francisco Martín responde con otra interrogación a la pregunta de por qué su hijo debe votar. La autonomía personal que ha logrado Rubén es una suma de su esfuerzo y el de muchas de las personas que le rodean. Al alcanzar la mayoría de edad, Francisco y su mujer, Catalina Madera, decidieron solicitar una incapacitación parcial de su hijo. Querían conservar la patria potestad, pero que a su vez Rubén tuviera derecho al sufragio activo y pasivo como cualquier ciudadano mayor de 18 años. Aconsejados por un amigo abogado, llevaron el proceso ellos mismos. Un perito forense evaluó las capacidades de Rubén y el fiscal emitió un informe favorable. Pero al poco tiempo llegó al domicilio familiar un auto judicial que cayó como un jarro de agua fría. “Debido a la enfermedad que tiene Rubén, que es una enfermedad, dice la jueza, ‘degenerativa’ con unas cosas que no tienen nada que ver con el síndrome de Williams, declara la incapacidad total”, relata Francisco.

Con pocos días para recurrir el fallo, la familia Martín Madera lo primero que hizo fue contratar un abogado. La Audiencia Provincial de Madrid admitió el recurso y todo el proceso judicial se puso de nuevo en marcha. Entrevistas, informes periciales, escritos de la Fiscalía… Hasta que llegó una nueva sentencia favorable. Sin embargo, el tenor literal del fallo no reconoce la incapacidad parcial que solicitaban los padres de Rubén, sino que anula el fallo de la anterior jueza declarando la incapacitación total. Un “error administrativo”, según Francisco, que les mantiene en un “limbo jurídico”. Ahora mismo no saben si Rubén tiene plenos derechos o si está incapacitado total o parcialmente.

Sus padres confían en que el mismo tribunal pueda subsanarlo para no tener que iniciar un nuevo proceso judicial al que tienen mucho miedo “por lo que está saliendo en prensa”. Se refiere a una sentencia del año pasado en que el Tribunal Supremo falló contra el derecho a voto de una joven gallega. El pasado diciembre, el Constitucional avaló el fallo al no admitir el recurso de amparo. Por el contrario, la defensora del pueblo pidió a finales de febrero a los partidos políticos que regulen la situación de las personas con discapacidad intelectual. Así que Francisco, pese al temor que ha desarrollado a los tribunales en cuatro años de vaivenes judiciales, también se muestra optimista: “Rubén ha conseguido cosas mucho más difíciles”.

Más información