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Seguridad hipotecaria

Después de la sentencia del Supremo, la opción más lógica para los bancos es devolver las cláusulas abusivas sin apelar a los tribunales

Luis de Guindos, ministro de Economía

El Tribunal Supremo, en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ha aplicado por primera vez el criterio de retroactividad a un contrato de hipoteca con cláusula suelo. La sentencia rechaza un recurso presentado por el BBVA y establece que deberá devolverse todo lo cobrado desde 2009 en un contrato considerado abusivo, aunque las cláusulas suelo ya fueran juzgadas en mayo de 2013. Con esta sentencia, el Supremo sienta un precedente que será difícil de evitar por parte de las entidades con contratos en la misma situación; demuestra además que el alto tribunal ha conformado rápidamente su doctrina a los dictámenes europeos.

No obstante, la sentencia debería ser precisada. Porque se trata de la respuesta a un recurso presentado por una hipoteca con características específicas: era un préstamo hipotecario concedido por Unnim, una entidad absorbida después por el BBVA. Debido a esta circunstancia, el Supremo puede estimar que el texto de la cláusula es diferente a los contratos del banco juzgados en 2013. Los clientes exigen claridad legislativa; es decir, la confirmación sin lugar a dudas de que la retroactividad podrá aplicarse en otras cláusulas que estén en la misma situación (juzgadas en 2013); los bancos reclaman seguridad jurídica para evitar más varapalos jurídicos.

Lo que está en juego ahora es la calidad de la respuesta bancaria. Las entidades que no acepten la retroactividad afrontan un grave riesgo comercial; por otra parte, la devolución anticipada del dinero cobrado abusivamente ahorrará dinero a los bancos que opten por esta solución. Como, además, el Gobierno puso en marcha un procedimiento para canalizar las reclamaciones sin recurrir a los tribunales, la respuesta más lógica (y barata) de los bancos sería pagar sin más complicaciones legales.

Economía tiene tarea por delante: modificar la legislación hipotecaria para dotarla de claridad regulatoria y elevarla al nivel de protección que exige Europa.

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