Costa de Marfil, un malestar social que no cesa

Los profesores, el personal médico y los funcionarios de la administración pública de Costa de Marfil se quedan mañana en casa, una vez más, secundando una huelga que amenaza con paralizar el país. Se prevé que la protesta se extienda otros cinco días. Lo decidieron ayer, sábado, en una asamblea general, a pesar de las concesiones del gobierno en cuatro de los puntos de la negociación.

La ministra de Educación, Kandia Camara, aseguraba ayer también que el estado marfileño no puede disponer de 270.000 millones de francos CFA (poco más de 410 millones de euros) para asumir las reivindicaciones de 200.000 funcionarios. Sin embargo, a mediados de este mes de enero y tras dos motines armados en dos fines de semana consecutivos, el gobierno marfileño aceptó pagar 12 millones de francos CFA (casi 12.000 euros) a 8.400 miembros de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI). El salario medio de un marfileño ronda los 120.000 francos CFA (no llega a los 200 euros) mensuales y la medida alivió e irritó a la población a partes iguales.

Camara animó a los funcionarios que militan en el partido del gobierno, la Agrupación de los Republicanos (RDR), a que boicoteen la huelga.

Pensiones

La principal reclamación de los funcionarios tiene que ver con las pensiones.

Una reforma decidida por el gobierno marfileño en 2012 estableció que la edad media de la jubilación se retrase desde los 55 a los 60 ó 65 años, un aumento de la cotización del 6% al 8,33 % del salario y una reducción de las pensiones de entre un 30% y un 50 %. Estas medidas, además del impago de una serie de bonificaciones y atrasos prometidos por el gobierno anterior, los recortes salariales y la falta de recursos, han provocado continuas huelgas desde la llegada del presidente Alassane Dramane Ouattara al poder.

Una plataforma de medio centenar de sindicatos de la función pública es la que convoca, saltándose el cauce habitual del sindicato oficial que representa a todos los funcionarios. Denuncia como maniobra dilatoria la promesa gubernamental de organizar un foro de debate para tratar las reivindicaciones del sector en febrero. Lo cierto es que los funcionarios parecen decididos a no ceder, hartos de negociaciones infinitas e infructuosas con el ejecutivo y de concesiones a otros cuerpos profesionales, como las FRCI.

Los alumnos de colegios e institutos salieron a las calles esta semana para pedir el retorno de sus profesores a las aulas y el sindicato de estudiantes universitarios más conocido, la FESCI, apoyó las reivindicaciones de los enseñantes. La situación degeneró: hubo disturbios en las calles de Abiyán y alumnos gaseados y heridos por las fuerzas de orden público tras protestar en el Ministerio de Educación.

"El problema de la jubilación es real. Además, la huelga se ha seguido bien y es un tema que trasciende las opiniones políticas", apunta otro profesor universitario también por Facebook. La universidad pública vive una situación especialmente sensible: fue objetivo de bombardeos y pillajes durante la guerra en 2011 y sobre ella pensan los años blancos sufridos a causa del conflicto, su rehabilitación y las huelgas. 

Malestar social

Los disturbios, las huelgas y la protesta ya se instalaron en calles y redes marfileñas durante el año pasado.

El intento de expulsión de los estudiantes universitarios del campus de Cocody para alojar a los participantes de los Juegos de la Francofonía que se celebran en Abiyán en julio de este año o las revueltas por las facturas de la electricidad y el agua y la carestía de la vida son sólo dos ejemplos. Por no hablar de la represión a las protestas contra el proyecto de nueva constitución que se aprobó, de manera expeditiva, en octubre del año pasado. Un documento que, en teoría, pone las bases de la tercera república y una paz duradera en el país. 

Costa de Marfil es el alumno favorito de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Fundación Mo Ibrahim. No en vano, Alassane Ouattara s un tecnócrata, se formó como economista y ha trabajado para el FMI y el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO). Locomotora económica de África occidental y primer productor mundial de cacao, el país mantiene unas tasas de crecimiento que impresionan, mientras que las marcas de lujo se posicionan sobre el terreno y la inversión extranjera se dispara, mayoritariamente francesa, británica y marroquí.

Sin embargo, las cifras macroeconómicas espectaculares conviven con altos índices de pobreza, analfabetismo y paro, acompañados de la pervivencia de una cultura de la violencia desde que empezara la desestabilización del país con la muerte de su padre fundador a principios de los 90.

Tras una larga crisis político-militar entre 2002 y 2011, el país intenta recuperar la estabilidad y pisar el acelerador del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, Costa de Marfil se ha revelado como un gigante con pies de barro, minado por la inseguridad, la falta de cohesión social, una política de reconciliación nula y prácticas corruptas que no desaparecen. La sensación en la calle es que la desigualdad y la pobreza aumentan al ritmo de las inversiones extranjeras y las nuevas infraestructuras, mientras el propio FMI solicita que se incida en el desarrollo social y el crecimiento inclusivo.

Ejército

"Tras esta imagen de fuerte crecimiento económico e interés de los inversores, Costa de Marfil tiene muchas vulnerabilidades", explicaba recientemente el analista Borjn Dahlin van Wees, de The Economist, a Bloomberg. "Muchos de los problemas subyacentes, como el descontento en el ejército, han sido olvidados o escondidos". 

El mes de enero arrancó con un motín en Buaké y otras ciudades del norte del país, protagonizado por soldados de las FRCI que pedían las primas que les prometió Alassane Ouattara por ayudarle a llegar al poder. El motín se repitió una semana más tarde en las mismas ciudades para forzar al gobierno a acelerar los pagos y tuvo el efecto de animar a otros cuerpos de seguridad a replicar el método para exigir subidas salariales y mejoras laborales. Una protesta similar ya se dio a finales de 2014, con los mismos protagonistas, los mismos motivos y en los mismos lugares. 

Tras el motín del día de Reyes, el presidente marfileño sustituyó a los responsables del ejército, la policía y la gendarmería. Sin embargo, la situación no mejoró.

En los últimos días, los gendarmes marfileños bloquearon carreteras y en el puerto de Abiyán dispararon sus armas al aire, ocuparon la sede de la SIR (Sociedad Marfileña de Refinación) y otros puntos estratégicos y protagonizaron lo que se bautizó como "arranque de cólera" en otras ciudades como Daloa, Man o Yamusukro, capital política del país. En Yamusukro se lamentaron muertos en los enfrentamientos entre gendarmes y los FRCI pacificados por la paga de primas que venían a calmarlos. Los agentes piden la revocación de medidas del gobierno tomadas en 2011 que implicaron la reducción efectiva de sus salarios por la desaparición de primas, además del pago de atrasos.

En el ejército marfileño se da, además, la circunstancia de que existen dos cadenas de mando paralelas: la de los militares que fueron leales al expresidente Laurent Gbagbo, depuesto por la fuerza en 2011 y hoy juzgado en La Haya, y la de los ex rebeldes que se integraron en el ejército por su participación a favor de Ouattara en la guerra.

Alassane Ouattara acaba de nombrar nuevo gobierno, incluido un nuevo cargo, el de vicepresidente, ocupado ahora por Daniel Kablan Duncan. Quedan por designar los miembros del senado, nueva institución creada con la constitución que se aprobó el año pasado y que se ve entre la población, en parte, como una forma de premiar a personalidades afines al gobierno y un gasto superfluo en un país donde la gran mayoría tiene problemas para afrontar el día a día.

Los funcionarios no parecen dispuestos a ceder después de años de protestas. Los militares siguen siendo un enigma, al igual que sus arranques de cólera. Los ciudadanos sufren la carestía de la vida habitual y la falta de atención médica y clases provocada por la huelga, además de temer nuevos sobresaltos por parte de sus fuerzas armadas.

Por si todo esto fuera poco, los proveedores del estado denunciaron este mes los impagos de sus facturas presentadas al anterior gobierno entre los años 2000 y 2010 (356.000 millones de francos CFA) y de las presentadas al gobierno actual, desde su toma de posesión y hasta 2015.

Y el año sólo está comenzando.