Negligencia ante el alcohol

Alrededor de 5.000 menores son atendidos cada año en centros de urgencias por intoxicaciones etílicas graves, una situación que en ocasiones conduce a la muerte, como le ocurrió hace pocas semanas a una niña de 12 años en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Los datos revelan que casi el 80% de los chavales de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años consume bebidas de media o alta graduación y muchos de ellos han participado en algún botellón.

Las leyes son rotundas. Prohíben la venta de alcohol a los menores e imponen elevadas sanciones a quienes vulneran la norma. Pero como los redactores de este diario han mostrado (véase la información que publicamos este domingo), los menores pueden comprar alcohol de alta graduación sin ninguna cortapisa en todo tipo de establecimientos, ante la pasividad de vendedores, que no exigen ninguna documentación a los compradores, y autoridades, que ni vigilan ni sancionan dichas prácticas. Por eso, como primera y más urgente medida para reducir las inquietantes cifras de borracheras entre un grupo de población especialmente vulnerable, llamamos a endurecer las inspecciones y las multas contra las ventas de alcohol a menores.

Las medidas antibotellón y las ordenanzas adoptadas por los Ayuntamientos hace una década se diseñaron para intentar atajar el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes, estableciendo multas de hasta 3.000 euros y medidas preventivas. Sin embargo, es evidente que estas políticas han fracasado a la hora de atajar el acceso al alcohol y su consumo entre los menores. Las autoridades responsables han de tomar conciencia de la situación y poner en marcha medidas que resulten eficaces para combatir un problema de salud pública que, con razón, preocupa a muchas familias. No hacerlo mostraría una grave negligencia.