Para lelos

Sin duda el acuerdo de Colombia trae importantes beneficios a la economía del país, a su desarrollo social y a la seguridad de muchas personas que han vivido, trabajado y viajado por su tierra con los sobresaltos de quien habita la peor jungla... durante más de medio siglo. Pero también comporta maleficios indudables, como la equiparación entre una democracia (con defectos, como EE UU, Suecia o España) y una banda de narcoterroristas secuestradores, la práctica impunidad de los criminales, el regalo de puestos en el Parlamento a pistoleros y otras concesiones de no poco calado, cuyos detalles conocemos mal en España. Por ejemplo, ¿qué pensar de tribunales establecidos para juzgar tanto a autoridades como a terroristas, la mitad de cuyos miembros los nombra el Gobierno y la otra las FARC?

En verdad el acuerdo es un mal menor, pero éso no lo convierte en un bien. Lo triste es que las fuerzas democráticas no han logrado derrotar a los terroristas, a pesar de lo mucho que logró debilitarles el denostado presidente Uribe (eficazmente ayudado por su ministro Santos). Y éso es lo que invalida cualquier paralelismo sectario con el caso de ETA, porque aquí afortunadamente el terrorismo sí ha sido vencido policial y jurídicamente, pese al “empate infinito” pronosticado por algunos. Y lejos de haberse aprovechado tal victoria para imponer inflexibles condiciones draconianas, los políticos proetarras ocupan su espacio parlamentario, no sin malestar razonable de bastantes y sin haber condenado nunca explícitamente la lucha armada. La candidatura de Otegi no la ha impugnado Rajoy ni el sentido común, sino los jueces que aplican leyes. Y dicho sea de paso, sin que Euskadi haya ardido por ello más que de costumbre. A ver si el ejemplo sirve de guía a la hora de aplicar la legalidad en Cataluña...