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Otro zafio desafío

Junts pel Sí y la CUP reverdecen su hoja de ruta con un despropósito jurídico

Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña (segunda por la derecha) en el pleno de ayer.
Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña (segunda por la derecha) en el pleno de ayer. EFE

La volátil mayoría secesionista del Parlament (Junts pel Sí: los exconvergentes y Esquerra; más la CUP) lanzó ayer un nuevo y zafio desafío a la legalidad. Aprobó unas conclusiones anticonstitucionales de su comisión del Proceso Constituyente, que reverdecen el anterior: la hoja de ruta del 9-N de 2015, que lanzaba tres leyes de desconexión.

Ahora se concreta el procedimiento, organismos y calendario de la secesión. Empezando por un proceso participativo de entidades afectas; siguiendo por la “desconexión” del Estado mediante un referéndum (o “mecanismo”) unilateral, sin mediar pactos; y acabando con una asamblea constituyente que redactaría la Constitución de la república catalana.

Políticamente, este plante quiere ser más grave por sus detalles y sus ribetes unilateralistas, contrarios al diálogo, que enajenarán cualquier posible simpatía europea por el procés, de existir.

También porque constituye un obvio desacato al sistema democrático y al Estado de derecho: el Tribunal Constitucional había advertido previamente de la ilegalidad del propósito, pues cuelga de la resolución secesionista del 9-N que ya había anulado.

El planteamiento resulta delirante, si no risible, ya que coincide con el afán de la antigua Convergència de obtener grupo propio en el Congreso de los Diputados, para lo que se basó cínicamente en Madrid en la jurisprudencia del mismo Constitucional que en Barcelona denigra.

Y porque deriva de una imposición —otra más— de la CUP, que ha logrado uncir al nacionalismo antes moderado a un compromiso de referéndum (o sucedáneo unilateral), a lo que este se negaba. Pero que ahora le parece un aconsejable pago por adelantado para obtener la aquiescencia de los antisistema a la cuestión de confianza planteada para el 28 de septiembre por el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. De persistir en esa vía, se arriesga a terminar como su fracasado antecesor, devorado por entregarse al extremismo.

El texto es un completo despropósito y una desvergüenza jurídica en la historia del parlamentarismo democrático. Porque se trata de una comisión de estudio que debería limitarse a estudiar, pero que emite unas conclusiones en forma de recomendaciones operativas —pues instan a actuar—, aunque no son legalmente exigibles por nadie ni ante nadie.

Además, se contradice en cada línea. Propugna un proceso constituyente que “abarque todas las sensibilidades ideológicas y sociales desde el primer momento”, pero lo prefiguran solo dos de las seis fuerzas parlamentarias, carentes de la mayoría de votos en las elecciones del 27-S. Farfolla que nadie podrá imponer ningún “control” a la futura Asamblea Constituyente, a la que imparte ¡en el mismo texto! media docena de consignas.

El desconcierto de la Mesa del Parlamento durante la sesión, y sobre todo de su presidenta, la agitada Carme Forcadell —siempre sectaria— ilustra cómo ese intento de reinsuflar ánimos al declinante entusiasmo callejero, animar la Diada y calentar la cuestión de confianza genera vértigo. No en vano se sabía inmersa en la ilegalidad.

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