Silencios de campaña

Después de una legislatura de cuatro años, más seis meses añadidos de parálisis, la economía española ha salido de la recesión, pero sigue necesitada de reformas estructurales más profundas y urgentes que los parcheos aplicados por el Gobierno del PP. Lo que Mariano Rajoy presentó como una gran reforma financiera fue en realidad un rescate bancario, impuesto por la troika; las decisiones de ajuste presupuestario, mal diseñadas y peor concebidas, no han alcanzado el objetivo comprometido de déficit, pero han disparado el endeudamiento público; la llamada (por el Gobierno) reforma fiscal ha sido apenas una rebaja del IRPF, perniciosa para la recaudación e insuficiente para acelerar el crecimiento; y la supuesta reforma de las pensiones fue un emplasto para salir del paso y poder pagar las prestaciones hasta 2021. Más allá, el futuro es incierto.

Solo ha funcionado, y a medias, la reforma laboral. Discutible en términos de salida equilibrada de la crisis, al menos ha conseguido su objetivo: reducir las rentas y facilitar el despido con el fin de salvar el mayor número posible de empresas. A cambio, ha precarizado el mercado laboral y han aumentado, como saben los empresarios, la litigiosidad en los conflictos sindicales. Ha salvado el presente, a costa de comprometer el futuro del mercado de trabajo. La productividad real de las empresas, que mide las expectativas de futuro de la economía, se ha alejado de la media europea. El Gobierno próximo tendrá que debutar con un ajuste que comprometerá un poco más los parámetros básicos del bienestar.

Sin embargo, en esta campaña electoral brillan por su ausencia los diagnósticos de los problemas económicos y el compromiso con reformas que no son solo necesarias, sino urgentes. Por ejemplo, se ha pasado de puntillas sobre el problema de las pensiones, cuando es obvio que el sistema actual necesita una revisión a fondo, debatida y pactada, que tiene que empezar con la financiación presupuestaria de una parte de las prestaciones.

Tampoco se menciona el cambio que necesita el precario sistema fiscal; todo se pierde en el debate ciego sobre si hay que subir o bajar impuestos. Y se guarda silencio sobre otra de las reformas aconsejables para mantener la dinámica de la democracia, que es la que atañe a la Administración. Mientras durante toda la legislatura se ha pontificado —casi siempre a distancia, y sin información— sobre el papel de las Diputaciones o la eliminación de Ayuntamientos, en plena campaña nada se dice de ello ni se conocen los compromisos de los partidos al respecto.

Los ciudadanos, agobiados por la contradicción entre el optimismo macroeconómico y la cruda realidad microeconómica (sus empleos, sus salarios y sus gastos), carecen de la mínima orientación sobre problemas que les afectan directa y dolorosamente. Les gustaría saber si existen políticas viables de empleo; si hay algún plan para convertir las oficinas de empleo, hoy zonas de espera y registro, en centros de colocación; por qué la electricidad en España está entre las más caras de Europa; por qué se recortan los servicios de sanidad o quién tiene el propósito de modificar las leyes sobre préstamos hipotecarios para aplicarlas según cánones europeos. Pero de todo esto, y de mucho más, nada se dice.