Un proyecto para la sociedad

Si 14,2 millones de personas reciben prestaciones económicas del Estado y 18 millones trabajan, algo tenemos que pensar para hacer el país viable. Será bueno votar el 26 de junio: en estas semanas los partidos podrían reflexionar. Los trazos gruesos de sus posiciones casan mal con la realidad. Ni el país ha salido de la crisis, ni es un mosaico de naciones; ni reformar la Constitución blinda el Estado de bienestar si la economía no es competitiva, ni la educación o la Universidad se reforman con un pacto sin más contenido que el pacto mismo; ni construir un nuevo modelo productivo es un acto voluntarista de los políticos, ni España contribuirá a que Europa enderece su rumbo sin ideas sólidas sobre los problemas europeos.

El 25 de marzo de 1993, Felipe González fue abucheado en la Autónoma de Madrid. Sobreponiéndose a la escandalera leyó un discurso partiendo de la idea de Francisco Ayala de que la decadencia de España comenzó cuando Felipe II impuso un proyecto anacrónico: defender una visión arcaica de la cristiandad. El año de 1993 requería esa reflexión sobre el proyecto de país porque el del PSOE se había agotado, por su éxito, en el umbral de los noventa. Aznar intentó otro, convertir a España en aliado privilegiado de EE UU, pero dividió a la opinión pública y acabó el 11 de marzo de 2004. Quedamos sin rumbo, la inercia se agotó en 2010, salieron a flote los esqueletos. Ahora tenemos que pensar y replantear prioridades.

El proyecto de la Transición estuvo dominado por la política (que el salario público medio sea un 48,8% superior al del sector privado es elocuente, aunque este dato se debe matizar). Se consiguió mucho: influencia en la UE, un Estado de bienestar muy razonable, infraestructuras. Pero la política se impuso a la sociedad: la industria se debilitó, la gran reconversión fue el Estado de las autonomías: construir 17 mini-Estados con sus Administraciones e instituciones, con el consiguiente incremento de políticos y funcionarios jurídicos y administrativos. Las tensiones nacionalistas son la exacerbación de este proceso. Para ciudadanos y empresas ha implicado unos impuestos que perciben abusivos, el sistema nacional de salud fue despedazado, los servicios de empleo regionalizados, miles de leyes, decretos y reglamentos nacionales y autonómicos caen cada año sobre la sociedad civil resquebrajando la unidad fiscal, de prestaciones y de mercado; las empresas tienen que gestionar 17 regulaciones, y ¡79 impuestos autonómicos! Todo esto es muy caro.

Construir 17 mini-Estados, resquebrajar la unidad fiscal y de mercado: todo esto resulta muy caro

Las Administraciones son poco eficientes. Ejemplos: los cursos de formación profesional. El descontrol político-administrativo permitió que muchos aprovechados se forraran y que sindicatos y patronales se financiaran, pero los cursos no se dieron o fueron de calidad ínfima. ¿Quiénes lo permitieron? ¿Quiénes no supervisaron a los funcionarios que no hicieron su trabajo? Otro ejemplo: la miseria que España ha conseguido del plan Juncker de inversiones por presentar pocos proyectos. La carrera de los altos funcionarios es frustrante, dependen de sus relaciones personales y políticas para ascender, no tienen una trayectoria basada en méritos, van de unos destinos a otros cambiando de materia. Pero los políticos siguen encantados de repartir puestos funcionariales. Necesitamos Administraciones estables, con carreras de los funcionarios basadas en el mérito, la jerarquía, la especialización e impermeable a la política. Reducir la cantidad de personas que vive de la política.

Hay grandes multinacionales españolas en el textil, banca, hoteles, juego, auxiliar del automóvil o ferroviario, dos colosales marcas mundiales son empresas deportivas españolas. Crecieron por impulso de sus empresarios. El nuevo modelo productivo surgirá porque ellos u otros aprovechen oportunidades, pero eso exige mejores Administraciones; menos, más codificada y uniforme legislación; infraestructuras para reducir costes (en energía, transporte, telecomunicaciones…) y producir capital humano (universidades y enseñanzas medias más exigentes con profesores y alumnos). Hay excelentes profesionales que gestionan multinacionales y grandes empresas; ¿por qué no, por ejemplo, facilitar el acceso al profesorado universitario de profesionales del sector privado?

Ningún partido reconoce que en la próxima legislatura las pensiones tendrán que ser reformadas porque el sistema de cotizaciones sociales es deficitario y, además, incrementa un 30% los costes salariales. ¿Cómo reducir las cotizaciones para las empresas: por tanto, sus costes laborales? ¿Cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones? ¿Qué impuestos crear o subir para reducir las cotizaciones sociales? El gasto público está desequilibrado generacionalmente, invertimos poco en los jóvenes; ¿qué decir a la generación perdedora, los mayores de 45 que durante la crisis han perdido el empleo o han salido tocados en sus ingresos y posición profesional? ¿Cómo paliar el destrozo que sufrirán sus pensiones por dejar de cotizar o hacerlo por bases ínfimas? ¿Cómo hacer más elásticas sus hipotecas y evitar desahucios? O sea, cómo despejar el miedo que gravita sobre ellos. ¿Cómo se harán cargo los bancos de su parte en la burbuja de las hipotecas? El presidente mundial de Adecco, Alain Dehaze, plantea que España necesita un plan para aumentar los salarios, ¿cómo hacerlo?

El Estado (los políticos) derrama sus planes sobre la sociedad, pero no se reforma a sí mismo

¿Cómo reformar el Banco de España, que permitió comercializar productos tóxicos y dejó indefensos a millones de españoles? ¿Cómo permite que la TAE de los créditos al consumo en la cadena de grandes almacenes sea del 19,56%? ¿Cómo defender a los consumidores?

Se pueden elegir otros problemas, pero la idea es que necesitamos un proyecto de país basado en la sociedad, no en la política y las Administraciones. Sería injusto afirmar que en los documentos presentados estas semanas no se contemplan estos problemas y se plantean ideas positivas y útiles, pero el enfoque sigue siendo político: el Estado (los políticos) derrama sus planes y leyes sobre la sociedad, pero no se reforma a sí mismo. No hay un análisis de los sectores fuertes y débiles de la economía ni de nuestro capital humano. No hay una imprescindible gran simplificación legislativa, no hay voluntad de equilibrar los poderes sociales: dar más poder a las organizaciones de consumidores, que puedan negociar los contratos de adhesión (hipotecas y créditos) y calificarlos; reformar estos sindicatos que han dejado desamparados a los trabajadores, reformar los partidos, exigir reformarse a instituciones como las Universidades, liberar de corsés a las empresas.

La CDU alemana o los partidos británicos celebran congresos cada año, pero los partidos españoles cada cuatro o más. Nuestra política está estancada, no produce debates, la opinión pública percibe que los nuevos dirigentes son inferiores a los de la Transición y sus ideas son clichés del pasado. España exige renovación. La duda es si estos partidos son capaces de diseñarla y gestionarla. Que todos hayan retrasado sus congresos es mal comienzo: si no debaten ni respetan sus propias normas están en un círculo vicioso.

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología Política en la Universidad Carlos III.