Contraataque global

La difusión de la lista de sociedades opacas del despacho panameño Mossack-Fonseca ha causado una intensa conmoción en los Gobiernos mundiales. Parece que por fin, después de años de retórica vacía sobre la urgencia de limitar los paraísos fiscales y restringir con medidas legales la elusión fiscal de las transnacionales, Estados Unidos y la Unión Europea están dispuestos a dar un paso eficaz contra el dinero oculto. Barack Obama lanzó un severo discurso —apoyado por los republicanos— contra las firmas estadounidenses que se trasladan a zonas de baja intensidad fiscal y “dimiten de la ciudadanía”. Pero lo importante es que el Tesoro estadounidense ha endurecido la regulación sobre la fusión con empresas de otros países para acogerse a legislaciones fiscales más favorables. De momento, la nueva regulación ha frustrado la fusión del siglo entre las farmacéuticas Pfizer y Allergan, diseñada para situar a Pfizer en la relajada fiscalidad irlandesa.

EE UU no quiere perder más ingresos públicos porque en otros países la tributación por sociedades sea notablemente inferior. Y ha actuado en consecuencia. La Comisión Europea también parece dispuesta a limitar la evasión. Anuncia nuevos planes legales para obligar a las multinacionales a que entreguen a los Gobiernos toda la información fiscal disponible y someter a las empresas a condiciones de información similares a las de la banca. Si la propuesta se aplica con rigor, estaríamos ante un primer paso importante para acabar con la distracción de algunas multinacionales.

El comisario Moscovici afirmó recientemente que Europa debe aprobar “una lista negra común de paraísos fiscales”; efectivamente, es un paso necesario que nadie explica por qué no se ha dado antes. El balance global del daño que causa la ocultación fiscal, a través de las sociedades offshore o mediante la fuga hacia fiscalidades complacientes, es devastador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que las regiones en desarrollo pierden unos ingresos anuales de 200.000 millones de dólares, con los que podrían mejorar su situación en crecimiento y empleo; estudios privados aseguran que el 20% de la renta mundial está agazapada en cuentas opacas protegidas por sociedades como las destapadas en Panamá. Esta distorsión fiscal es legal ahora, pero debe dejar de serlo; tal propósito requiere la acción coordinada de todos los Gobiernos contra las economías que viven de la ocultación del dinero. La evasión fiscal debilita la posición de los Estados frente a las multinacionales e impide que se consolide la recuperación mundial.

En consonancia con la alarma creada, los Gobiernos tienen que actuar con rapidez y rigor. La Hacienda española debe abrir procedimientos de inspección contra los titulares de las sociedades que no hayan regulado su situación o hayan incurrido en falsedad sobre sus patrimonios en el exterior. Se trata de evitar que, por la vía de la presentación de complementarias, quienes han ocultado dinero a través de sociedades en Panamá se beneficien de otra amnistía fiscal. La Agencia Tributaria no puede permitirse un error tan grave como el perpetrado a raíz del conocimiento de las cuentas del HSBC en Ginebra.