Precios del petróleo y cambio climático

El reciente Acuerdo de París contra el cambio climático ha tenido sus luces y sus sombras, pero nos ha aportado una señal inequívoca de que existe una voluntad global de avanzar hacia la descarbonización de la economía. Entre los aspectos positivos del acuerdo cabe destacar que ha acabado definitivamente con el negacionismo sobre el cambio climático y ha fijado el objetivo de limitar a dos grados el incremento de temperatura media respecto del período preindustrial, con la aspiración de bajar en el futuro ese límite a un grado y medio. Asimismo, ha establecido obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y sobre la revisión al alza de los compromisos nacionales, lo que permitirá la vigilancia recíproca y puede servir de base, si es necesario, para establecer sistemas coercitivos en el futuro.

No obstante, los planes nacionales de partida siguen siendo poco ambiciosos y resultan incompatibles con el objetivo mencionado de los dos grados. Y tampoco se han configurado obligaciones vinculantes ni sanciones por incumplimientos, algo que hubiera sido necesario para mitigar el escaqueo, tanto entre países como de las generaciones actuales respecto de las futuras.

El acuerdo se ha producido en un momento en el que los precios del petróleo, del carbón y, en menor medida, del gas natural han retrocedido a los niveles de hace más de diez años. El desequilibrio coyuntural que explica la caída de precios, derivado de la ralentización de la economía mundial, sobre todo de economías muy intensivas en energía como China, y de la incorporación de nueva oferta de petróleo, puede desviar la atención de una tendencia de carácter más estructural. La mejora en la eficiencia energética, el cambio de las economías en desarrollo hacia sectores menos intensivos en energía, la maduración tecnológica de las energías solar y eólica y de los sistemas de almacenamiento en baterías, la reducción de los costes de producción de los hidrocarburos no convencionales, y la consolidación de la voluntad internacional de avanzar en la descarbonización de la economía para mitigar el cambio climático, moderan las expectativas de futuras subidas de precios, y condenan a permanecer en el subsuelo a una parte relevante de las reservas de carbón, gas y petróleo.

Esto ayuda a explicar el cambio de estrategia de aquellos productores que tienen reservas con bajos costes de explotación, como Arabia Saudí. Quieren preservar su cuota de mercado frente a posibles depreciaciones futuras del valor de sus reservas, de forma que sean los productores de más elevado coste los que soporten el ajuste del mercado provocado por la caída de la demanda y el incremento de la oferta de hidrocarburos no convencionales, anticipando y acentuando con ello la caída de los precios. En contra de lo que se pensaba hasta hace poco, la transformación del modelo energético a lo largo de este siglo no va a estar motivada por el agotamiento de los recursos fósiles sino por el impulso de dos vectores que resultan fundamentales: la tecnología y la ya mencionada lucha contra el cambio climático.

Por una parte, la tecnología está permitiendo mejoras significativas en la eficiencia energética de los motores, de la iluminación, de los sistemas de calor y frío y de los procesos industriales, al tiempo que las energías solar y eólica son cada vez más competitivas. La maduración de las renovables y de los sistemas de almacenamiento en baterías, y el desarrollo de las tecnologías de la información, permiten pronosticar la viabilidad técnica y económica de la plena descarbonización del sistema eléctrico. Y se atisba también el progreso en el conjunto de la economía a través de una mayor penetración de la electricidad en todos los ámbitos, incluido el transporte.

Será más necesario que antes mantener el rumbo de la regulación en materia de descarbonización y elevar la fiscalidad de los combustibles fósiles, incluidas gasolinas y gasóleos,

Por otro lado, la lucha contra el cambio climático, que constituye el gran objetivo de la política energética de las próximas décadas, condicionará, con medidas regulatorias, las decisiones de los consumidores y de los productores para avanzar por la senda de la descarbonización. El gran reto será diseñar una combinación coherente de instrumentos de competencia y de regulación que favorezcan la innovación y permitan conseguir los objetivos de la forma más eficiente, prestando una gran atención a las implicaciones para la competitividad internacional.

La cuestión que ahora se plantea es cómo puede afectar un horizonte de energía fósil abundante y barata a la lucha contra el cambio climático. Obviamente, los bajos precios estimulan la demanda de combustibles fósiles, frenan las inversiones en ahorro y eficiencia y la penetración de los vehículos híbridos y eléctricos, y reducen la competitividad de las energías renovables frente al carbón y el gas natural en la generación de electricidad. Al mismo tiempo aumentan el incentivo para que los países arrastren los pies y reduzcan la ambición de sus planes contra el cambio climático, porque ahora resulta más barato mantener la energía fósil en el mix energético.

En el lado positivo hay que destacar que los bajos precios de los combustibles fósiles, al reducir el coste del suministro energético convencional, provocan una importante transferencia de renta desde los productores de petróleo, gas y carbón a los consumidores, lo que eleva la renta disponible de éstos y, por tanto, su capacidad y su disposición a asumir el coste de la transición hacia un modelo energético más libre de CO2. Compensar los bajos precios de los combustibles fósiles requiere mayor voluntad política y visión de largo plazo porque hay que reforzar los instrumentos regulatorios y fiscales necesarios para que las decisiones de inversión de productores y consumidores sean compatibles con los objetivos de emisiones establecidos. En un escenario de energía fósil abundante y barata, la lucha contra el cambio climático requiere explicar a los consumidores, y a la sociedad en su conjunto, que es necesario destinar una parte de la renta disponible liberada por la reducción de la factura energética a financiar la transición energética.

Esto significa que va a ser más necesario que antes mantener el rumbo de la regulación en materia de descarbonización, elevar la fiscalidad de los combustibles fósiles, incluidas gasolinas y gasóleos, reforzar el mercado europeo de derechos de emisión para incrementar el precio de la tonelada de CO2, y destinar los recursos obtenidos a impulsar el ahorro, la eficiencia, la lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de las energías renovables, aliviando parte del coste que ahora soporta casi en exclusiva la factura eléctrica.

La ventaja ahora es que esa política, que puede ser impulsora de inversión, crecimiento y empleo, se puede financiar con parte de la renta transferida por los productores de petróleo, carbón y gas. Cuanto antes comencemos a diseñarla, explicarla e implementarla, mejor. Más cerca estaremos de la verdadera transición energética con la que nos jugamos muchos de los éxitos futuros de nuestra economía.

Luis Atienza fue presidente de Red Eléctrica de España