Refugiados y olvidados en Jordania: crónica de una deportación

Los sudaneses llegados a Amman aseguran no recibir las mismas facilidades que otros solicitantes de refugio. En enero, 800 fueron expulsados. Entre ellos, Alí Yahia

Esta no es la historia de un refugiado sirio. Alí Yahia no lleva cinco sino 12 años huyendo de la violencia que desgarra su región. Llegó a Jordania en 2013 con un visado médico, el primero que pudo conseguir para huir del espanto. Una vez en Amman, se inscribió en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con la esperanza de que pronto sería realojado lejos del peligro y la precariedad que habían caracterizado su vida en Darfur. Se equivocó. El 18 de diciembre de 2015 las autoridades le deportaron a Sudán, al país donde vio cómo mataban a su abuelo. Pero su historia no llenará titulares porque esa parte del planeta no importa.

A las cuatro de la madrugada del pasado 16 de diciembre, la policía desmantelaba la acampada que cientos de sudaneses —tanto refugiados como solicitantes de asilo— habían montado frente al edificio del Acnur en Ammán, en el distrito de Khalda. Alí fue de los primeros. Se quejaban de que la organización favorecía a la mayoría de refugiados sirios en detrimento de sus propias necesidades. Acnur asegura que todos sus beneficiarios reciben el mismo trato. Entre las principales demandas, los africanos exigían el realojo urgente en otro país y la asistencia para encontrar vivienda, ya que no se sentían seguros en Jordania.

Del 16 al 18 de diciembre estuvieron a disposición de las autoridades. Primero fueron trasladados en autobús a un recinto cercano al aeropuerto y esa misma noche estuvieron a punto de ser deportados. Sin embargo, en el último momento y por razones de logística según publicaba Jordan Times, fueron reubicados en un hangar hasta la mañana del día 18 de diciembre, cuando finalmente despegaba el primer avión con destino a Jartum. Según imágenes que ellos mismos hicieron llegar a los medios de comunicación, durante el proceso fueron golpeados e intimidados por las fuerzas del orden.

Habían vivido 33 días a la intemperie, pasando frío y calamidades, enfrentándose diariamente al acoso de la policía que les recriminaba que la protesta era ilegal y que, de no desalojar el recinto, serían deportados. Pero Alí Yahia asumió el riesgo, indignado porque no podía soportar que después de escapar del horror siguiera viviendo con miedo allí donde solicitaba asilo. Miedo al barrio donde vivía, en el cuál el año pasado se habían producido ataques violentos contra sudaneses. Miedo a ser descubierto mientras trabajaba ilegalmente. Miedo a caer enfermo y no tener dinero para pagar su tratamiento. Él no sólo sufría el drama del refugiado, también el de ser diferente. “En la pastelería donde trabajaba de noche me decían que yo no podía hacer dulces porque mis manos son negras y según ellos están sucias”, explicaba Alí sobre los comentarios racistas que había soportado durante meses, tan sólo dos días antes de que se produjera la expulsión.

La situación para los refugiados en Jordania es muy difícil, sin permisos de trabajo ni de residencia

Ali, solicitante de asilo

El periplo de Alí

El joven de 26 años Ali Yahia no volverá a Shataia, su pueblo natal, situado en una pequeña provincia al sur de Darfur. De allí salió huyendo en 2004 y es el último sitio donde desearía regresar. Se quedará en Jartum, la capital del país, y volverá a trabajar en lo que pueda hasta conseguir otro visado. Tiene grabado en su memoria el día en que las milicias yanyauid entraron en su aldea y dispararon a las casas indiscriminadamente. En el ataque murieron su abuelo y tres de sus hermanos. Él logró escapar de milagro, cojeando, porque un tiro le alcanzó la pierna. Fue tratado en un hospital de camino a Nyala, la capital del estado de Darfur Meridional, al oeste de Sudán. En esa ciudad permaneció hasta 2012.

“En Nyala vivía en un campo para personas desplazadas, pero al menos tenía a mis padres. Fue duro porque estábamos acostumbrados a trabajar la tierra en Shataia: cultivar maíz, pepinos, pimientos y judías. Allí no podía. Poco a poco logré encontrar trabajos esporádicos, dentro y fuera del campo, con los que mantener a mi familia. Pero tampoco allí estábamos seguros porque las milicias también entraban”, relataba el joven. Cuando reunió el dinero y la fuerza suficiente, decidió dirigirse a Jartum para una vez allí, viajar a cualquier país donde se sintiera a salvo.

Ali muestra la tienda de campaña habilitada como despensa del asentamiento.

“Elegí Jordania porque es el único país de la zona que concedía visados. Entré gracias a un permiso médico y una vez aquí me inscribí en Acnur como refugiado”, rememora. Según declaraba, Jordania era su única esperanza. “Yo no quería quedarme aquí, lo consideraba como un país de tránsito para saltar a otro. Descubrí demasiado tarde que la situación para los refugiados en Jordania es muy difícil, sin permisos de trabajo ni de residencia”, se lamentaba Alí.

Acnur, la agencia desbordada

Jordania no es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, Acnur declara en su página que el Gobierno jordano permite “un espacio de protección (a los refugiados) en general favorable, aunque frágil, debido a propios desafíos socio-económicos del país”. Desde 1998 trabajan a través de un Memorándum de Entendimiento, que asentó las bases de la actividad de esta agencia de la ONU en el país. Hélene Daubelcour, responsable de Relaciones Exteriores de la oficina de Jordania, declara que se proporciona asistencia a los beneficiarios "acorde a la vulnerabilidad y a nuestra capacidad financiera".

“Todos los refugiados reciben la protección básica, el documento que acredita que son legales en el país y que por tanto pueden recibir asistencia jurídica por parte del Gobierno”. El día que fue entrevistada afirmaba que conocía las peticiones de los manifestantes pero que el realojo "no es un derecho y depende de la disponibilidad, no de presiones. Se otorga principalmente a familias numerosas o que sufren enfermedades graves”. Según declaraciones de Acnur, el porcentaje de los sudaneses presentados para realojamiento es incluso superior al de los sirios, entorno al 2,9% de los primeros comparado con el 2,3% de los segundos. “El total de refugiados que han podido ser realojados está alrededor al 1%,” aseguraba Daubelcour.

Los deportados corren un peligro real de sufrir violaciones de derechos humanos en Sudán

Seis eran las demandas que los manifestantes acampados reclamaban al Acnur: asistencia urgente para vivienda; oportunidades de realojamiento; el reconocimiento público de que el 70% de los sudaneses han sido reconocidos como refugiados y no como solicitantes de asilo; sueldos mensuales hasta la concesión de permisos de trabajo; oportunidades de educación para niños y adultos e igualdad en la prestación de servicios médicos como los proporcionados a los refugiados sirios e iraquíes.

El Reino Hachemita de Jordania aloja a más de un millón de refugiados de diferentes nacionalidades, de los cuales la mayoría —650.000— son sirios, siguiendo con iraquíes —30.000— y sudaneses. Estos últimos conforman un colectivo de 3.000 personas entre refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de la región de Darfur. Conociendo estas cifras, hay una realidad que considerar en relación a la recaudación de fondos internacionales. Una realidad que ya viene de lejos: un artículo en The Atlantic de 2013 exponía cómo los medios de comunicación son un importante escaparate para la recaudación de fondos y cómo los sirios acaparaban ya entonces todas las portadas. Aunque Acnur defiende que el trato es igualitario, otras ONGs que operan en la región a menudo están limitadas a la dependencia de los llamamientos de recaudación de fondos, que por lo general se centran en una crisis a la vez. "Una ONG no puede recoger dinero para una campaña titulada ‘Alimenta a una familia siria esta Navidad’ y ofrecérselo a una familia somalí en su lugar”.

Vidas en peligro

“Cómo voy a alimentar a mis hijos con sólo 100 dinares” protestaba Nadi Yibril Yami con su hija menor en brazos. Junto a ella, Make Agbu Mohammad, de las montañas de Nuba.

Amnistía Internacional publicaba una nota de prensa donde recogía, de fuentes no confirmadas, que al menos una persona podría haber muerto por el uso de gases lacrimógenos y golpes durante el proceso de deportación. Además, el mismo informe asegura que los refugiados retornan a un país "donde van a estar en riesgo real de violaciones de derechos humanos y sus vidas están potencialmente en peligro. La mayoría de estas personas han huido de Darfur, donde se enfrentarían a un riesgo real de persecución, represión brutal y otras violaciones de derechos humanos por el gobierno sudanés en la región”.

La deportación de refugiados, según otro informe de Human Rights Watch, viola el principio de derecho internacional consuetudinario de no devolución, que prohíbe a los gobiernos devolver a las personas a lugares donde corren el riesgo de ser perseguidos, torturados, o expuestos a penas o tratos inhumanos o degradantes. El pasado viernes 18 de diciembre se abrió una brecha legal en Jordania para deportar a refugiados que protestasen por su precaria situación en el país.

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