Emergencia en Venezuela

El decreto de emergencia económica para Venezuela emitido por Nicolás Maduro la semana pasada —un nuevo subterfugio del presidente para no aceptar el mandato del pueblo venezolano— permitió que la mayoría opositora diera una lección democrática y aceptara la posibilidad del diálogo negado en tantas ocasiones por el chavismo, que gobierna desde hace más de tres lustros.

Maduro se arroga el poder para gobernar durante 60 días en materia económica prescindiendo de la Asamblea Nacional, la que legítimamente tiene el mandato popular de poner fin a la lamentable situación de penuria y escasez en la que se encuentra sumida la población. No parece muy sensato que el causante último de una situación se presente ahora como quien puede solucionarla. Por eso el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, tendió la mano siempre que haya “rectificaciones”. Maduro reconoció que hay que mejorar “la confianza mutua” —un eufemismo casi cómico— y tuvo que escuchar de Ramos Allup que es “la primera vez en 17 años” que el Ejecutivo llama al diálogo.

Venezuela lleva mucho tiempo en emergencia económica. Y también en emergencia en materia de libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Maduro debe poner fin a la charada populista y dejar que quienes han sido elegidos por el pueblo puedan ejercer su derecho y obligación de legislar en las materias económicas políticas y sociales que sea necesario.