Sáhara Occidental, 40 años de injusticia

Tenemos que recordar que el 16 de Octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, condenó las pretensiones de Mauritania y Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, en una sentencia donde dice, entre otras consideraciones: “El Sáhara Occidental no tiene lazos de soberanía con Marruecos o Mauritania. Debe aplicarse, por tanto, el derecho de autodeterminación”.

Esta sentencia contradice los planes del entonces Rey de Marruecos Hassan II, de construir un gran imperio marroquí, que se extendiera hasta las orillas del rio Senegal. El 6 de Noviembre aprovechando la agonía de Franco lanza la “Marcha verde” sobre el Sáhara Occidental, en la que 350.000 marroquíes cruzan la frontera desde Marruecos, y se produce con el beneplácito de la comunidad internacional la invasión militar marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental y comienza el exterminio silencioso del pueblo saharaui.

No obstante, el 14 de Noviembre de 1975, el Gobierno de Arias Navarro, firma el documento de la entrega del territorio y la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, y empieza el Éxodo de la población civil saharaui, bajo bombardeos con fósforo y napalm. No podemos olvidar que los saharauis llevaban en sus bolsillos el Documento nacional de identidad Español y se asientan en los campos de refugiados en Tinduf (Argelia). Los saharauis que quedaron en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, fueron y siguen siendo, perseguidos, torturados, encarcelados, eliminados o desaparecidos, por el hecho de mantener sus señas propias de identidad ante el invasor. En una continua violación de los derechos humanos por parte de Marruecos.

Recordemos que el 6 de septiembre de 1991 se fija como fecha para la finalización de la guerra y el 26 de enero de 1992, como la fecha para celebrar un referéndum de autodeterminación, firmado por las dos partes y como garante, las Naciones Unidas que aprueba el Plan de Paz (Resolución 690/1991).

Desde 1996 el Polisario y el Gobierno de la RSAD vienen amenazando con la vuelta a las armas como una garantía de recuperar su país, ocupado militarmente por Marruecos desde 1975. Durante estos 40 años de ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos, la comunidad internacional ha abandonado a su suerte al pueblo del Sáhara Occidental, permitiendo que Marruecos, con el apoyo de algunos países amigos, perpetre un genocidio sobre el pueblo saharaui. No podemos quitar la culpa a los Gobiernos de España y a las personas que les prometieron estar al lado del pueblo saharaui hasta la victoria final y la recuperación de su territorio, entre otros, nuestro anterior Rey y Felipe González.

Mohamed Salem Uld al Salek, Ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, advirtió hace un mes en Nueva York, la posible vuelta a la guerra con Marruecos si no hay avances hacia un referéndum que resuelva la situación de la excolonia española. El pueblo saharaui y sus dirigentes vienen profiriendo estas amenazas, porque ven una y otra vez defraudadas sus aspiraciones y reiteran continuamente: “queremos una muerte digna recuperando nuestro país en una guerra, que una muerte silenciosa e indigna por una potencia que nos ocupa militarmente y viola nuestra dignidad”.

Quiero hacer referencia, por su importancia, que en un Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Pleno, nº40 de 2014, en la querella presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, contra varios miembros del Gobierno Marroquí, por el asesinato del Saharaui-Español Baby Liamday Buyema, por las fuerzas de Seguridad Marroquí, el 8 de noviembre de 2010, dictaminaron entre otras cosas: “En definitiva, España de iure, aunque no de facto (por derecho y no por hecho), sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. A continuación, añade: “Debe señalarse por último, que si por la legalidad internacional, un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito”.

“No es tiempo ya de palabras, llegó el tiempo de los hechos y la acción”, este es, repito sin duda alguna, el deseo del digno pueblo saharaui. No se les puede tener otros 40 años viviendo en la incertidumbre en la que están, es más, en estos momentos el campamento saharaui en Tinduf (Argelia) está devastado por las grandes lluvias. Sería el momento adecuado para que todas las personas que no pueden por sus limitaciones coger las armas, fueran acogidas en España como españoles, ya que nunca han dejado de tener esa condición, pues no olvidemos que España sigue siendo la potencia administradora.

Queda clara la responsabilidad del Gobierno y Estado Español en el caso del Sáhara Occidental: debe por su dignidad y la de todos los españoles, procurar una salida digna que permita al pueblo saharaui recuperar su territorio y pueda vivir en paz. Quiero dejar claro, como ya en algunas ocasiones lo he manifestado: “Una ocupación militar, nunca puede ser legalizada, pues perderíamos toda la humanidad”.

Francisco José Alonso Rodríguez es presidente de Liga Española Pro Derechos Humanos y de la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España