España necesita un debate público sobre el TTIP

PorEkaitz Cancela(@ecanrog) desde Bruselas. Ayer llegaron a Bruselas las Euromarchas convocadas para denunciar las posibles consecuencias del TTIP.

Acción de los activistas para denunciar el TTIP. Foto:https://www.flickr.com/photos/eci_ttip/

El Tratado de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) que impulsan en secreto la Unión Europea y Estados Unidos representará el mercado más grande de servicios e inversion y afectará a la vida diaria de 800 millones de consumidores. Además presenta una serie de incongruencias que le han situado en el foco de la polémica europea. A pesar de que se negocie lejos de nuestros intereses entre Washington y Bruselas y los términos sean demasiado técnicos en algunos casos, es vital que España tenga un debate público sobre un tema que nos definirá como europeos.

Las organizaciones sociales deben apostar también por poner el TTIP en el centro de sus protestas. Tres son los motivos principales: armonización, protección de inversores y en el caso de España, denominaciones de origen. Todo ello sumado a la falta de información, la opacidad en las negociaciones y la influencia de la industria en las toma de decisiones europea.

Sabemos que el TTIP desembocará en una armonización de las normas entre ambos lados del Atlántico. No sabemos si quien cederá en materia laboral será Europa, donde los derechos son muchos más estrictos, o si Estados Unidos impondrá su mandato en lo referente a emisiones al medioambiente. Un hecho donde ya chocan en el marco de la Conferencia del Clima (COP) en París. Tampoco si esto que llaman armonizar -pero que se pronuncia regular a la baja- desembocará en menos control de los alimentos o el acceso y privatización de los servicio públicos.

Aunque los expertos han alertado de las posibles consecuencias del TTIP para el acceso de las personas a necesidades básicas como el agua y la energía, la realidad es que sobre este Tratado aún no hay nada escrito. No sabemos nada. Por ello, por la falta de transparencia y de información, es imprescindible un debate público.

Los parlamentarios europeos, únicos cargos electos directamente, no tienen acceso a los textos sobre los temas más importantes, y sus denuncias de que las corporaciones tienen más información que ellos, hacen saltar las alarmas y sospechas. Es cuando menos significativo que de las 597 reuniones secretas que ha tenido la Comisión Europea sobre el TTIP, casi el 90% se haya producido con grupos de presión industriales.

Sobre la mesa de las negociaciones también están las denominaciones de origen, un reconocimiento hacia nuestros alimentos cuya calidad se debe fundamental al medio geográfico en el que se produce, España. Este aspecto encalla las negociaciones porque EE UU no las contempla y no quiere ceder. A pesar de que la postura europea es de proteger estas indicaciones, vitales para miles de nuestros agricultores, el hecho de no conocer cómo transcurre los acontecimientos implica una confianza ciega en las instituciones europeas, las cuales, no calman las preocupaciones públicas sobre su relación con la industria.

Y más cuando la Comisión Europea es una firme defensora de extender los privilegios de las corporaciones a tribunales creados ad hoc para ellas. España es el país europeo que más demandas ha recibido en 2014 en panales de arbitraje privados. Las consecuencias económicas para el erario público -cifradas en miles de millones- y cómo se afrontarán, no es una información pública. Estados Unidos y las corporaciones transatlánticas quiere implantar en el TTIP un mecanismo llamado ISDS que permite demandar a un Estado si legisla en contra de sus beneficios presentes, e incluso futuros. La UE, fruto del rechazo absoluto de la opinión pública, ha hecho una propuesta para suavizarlos, no para eliminarlos. Pero sin duda, la pregunta que obvia es por qué los juzgados no son suficientes para los inversores extranjeros, pero sí para el resto de ciudadanos.

El TTIP no es un tratado económico. La Comisión Europea acepta en privado que el componente principal es el político. La hegemonía China y la decadencia a ambos lados del Atlántico está detrás de una negociación que pretende establecer una zona de libre comercio colosal. Es necesario entonces un debate político que se pregunte qué objetivos tiene este Tratado y qué implica para los españoles. No hablamos de crear prosperidad y riqueza, sino de distribuir el bienestar, ¿pero a quién?, ¿a las grandes empresas? Ni lo sé yo, ni los Sánchez, Rivera o Rajoy que huyen del tema como comadrejas asustadas por la reacción de sus ciudadanos.

Después de que el debate político esté sobre la mesa hemos de alejarnos de nacionalismos y populismo que brotan en algunos países tras el mal funcionamiento de Europa, y ponernos mano a la obra para consensuar qué Unión queremos. ¿Cómo va a mantener la UE su hegemonía en el espectro internacional?, ¿queremos seguir la línea china de eliminar derechos laborales, devaluar los servicios públicos y pagar caro nuestra incompetencia con el medio ambiente o queremos una Europa firme, basada en la empatía y la solidaridad que trate de hacer frente con unión a los retos geopolíticos y económicos a los que se enfrenta? Y lo más importante, ¿Europa no es capaz de garantizar la libre circulación de personas, pero sí la del capital?

Claro que necesitamos empleos, competitividad y especialización, pero no a base del predominio feroz de las corporaciones. No hay problemas con el comercio, pero tiene que estar sujeto a leyes democráticas. No podemos delegar nuestra soberanía a poderes económicos con la única condición de que ganen ellos para ganar nosotros. Eso nos ha llevado hasta esta crisis brutal.