Los números de la vergüenza en México

El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía encontró a su hija muerta. “Se colgó”, le había anunciado su yerno al teléfono una hora antes. La víspera, la mujer, una abogada de 29 años, había decidido dejar a su esposo y presentar una denuncia por la violencia y los abusos sexuales que sufría. Aunque las autoridades del Estado de México, una región que forma parte del extrarradio de la capital del país, determinaron que se trataba de un suicidio, su madre inició una batalla legal que casi un lustro después sirvió para que la Suprema Corte de Justicia ordenara investigar de nuevo el caso como un feminicidio, el asesinato de una mujer por razones de género.

Según datos de la organización civil Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, tan solo el año pasado 400 mujeres desaparecieron en esta unidad administrativa de México con 15 millones de habitantes. Los registros del colectivo cifran en más de 2.300 las mujeres asesinadas en los últimos nueve años, 625 entre 2011 y 2012. Durante el período en que el presidente Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado (2005-2011), 522 jóvenes fueron halladas sin vida en las carreteras y en los canales de la región, muchas descuartizadas en bolsas de plástico.

Un informe de la Cámara de Diputados presentado en 2014 reconoce al Estado de México como la entidad con mayor número de feminicidios durante 2012, con 388 casos solo ese año. En el 44% de los homicidios el agresor fue el cónyuge y el 49% de los sucesos ocurrieron en la vía pública. Aunque en 2007 el país aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 2012 tipificó el delito de feminicidio empujado por el horror de Ciudad Juárez, la respuesta en el Estado de México ha sido más lenta.

El observatorio solicitó en 2010 la declaratoria de alerta de género, un mecanismo que mueve al Estado a redoblar esfuerzos para combatir esta forma de violencia, pero la medida no se hizo efectiva hasta julio pasado. Un total de 11 municipios de la entidad con altos índices de delincuencia y marginalidad están incluidos en el operativo. Ecatepec, con 1,6 millones de habitantes y una tasa de homicidios tres veces más alta que la media nacional, se convierte en el ejemplo más crudo, pero no es el único. La violencia contra las mujeres constituye un acto generalizado en toda la república. La última encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en el hogar revela que el 46,1% de las mujeres mexicanas confiesan haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. El porcentaje se eleva hasta el 56,9% en el caso del Estado de México. Las estadísticas nacionales, hasta hace algunos años, eran así fiel reflejo de sus leyes. Todavía en 2012, seis Estados contemplaban en sus Códigos Penales un atenuante del delito por “razón de honor” y otras 10 entidades aplicaban rebajas a la pena por “emoción violenta”. En algunos casos, matar a una mujer suponía una condena de entre tres días y cinco años. Hoy, el delito de feminicidio establece de 40 a 60 años de prisión. Un enorme paso legal para evitar que cualquier muerte quede impune.