Morir con dignidad

El conflicto que ha enfrentado a los padres de Andrea —una niña de 12 años en estado terminal por una enfermedad neurodegenerativa irreversible— y el servicio de pediatría del Hospital Clínico de Santiago —que se niega a retirarle los soportes que la mantienen artificialmente con vida— revela hasta qué punto es necesario evitar llegar a esta situación en la que los equipos médicos tengan que decidir entre sus propios valores o la voluntad de los pacientes de actuar sobre el final de la vida de las personas.

La discrepancia ha terminado en manos del juez, cuando la normativa vigente permite que el paciente —o sus representantes legales, si es menor— pueda rechazar un tratamiento aunque ello ponga en riesgo su vida. Lo recoge la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 y también la ley gallega de muerte digna, aprobada en junio pasado. El comité de bioética del hospital se ha pronunciado a favor de que se le retire a la niña la respiración asistida y la alimentación parenteral, que lo único que hacen es prolongar su agonía. Los padres insisten en que se deje la evolución de su hija al curso de la naturaleza y se le evite si es necesario el sufrimiento mediante una sedación terminal. No piden, por tanto, ni una intervención directa para provocarle la muerte, que sería eutanasia, ni nada que no sea legal y perfectamente previsto en los protocolos de una buena práctica clínica. Así lo ve también la Organización Médica Colegial, que ha insistido en la necesidad de respetar el deseo de los padres.

La actitud del equipo de pediatría, apoyado por la consejera de Sanidad, hace aflorar un problema que, aunque no es generalizado, se da con demasiada frecuencia. Este nuevo caso plantea la necesidad de abrir un debate sobre la conveniencia de regular en España la eutanasia. El socialista Pedro Sánchez se ha comprometido a hacerlo si gobierna, una decisión valiente que le honra y que apoyamos desde estas páginas para evitar casos como el de Santiago.