La crisis carcelaria de EE UU

Un Barack Obama crecido por sus recientes triunfos internos e internacionales dirige ahora su mira a un ámbito que le resulta cercano: el del sistema penal estadounidense, tan innecesariamente represor como poco eficaz y racialmente discriminatorio. Estados Unidos soporta la mayor población carcelaria del mundo, más de 2,3 millones de personas. Casi 50.000 sufren prisión perpetua.

La causa de esta explosión carcelaria en las últimas décadas no es la progresiva gravedad de los delitos cometidos. Por el contrario, la criminalidad violenta ha caído significativamente respecto a sus cifras de hace 20 o 30 años. Su origen fundamental está en un sistema que impone obligatorias y elevadísimas penas, absurdamente desproporcionadas, a delincuentes menores. Y que se ceba especialmente en transgresores de raza negra y jóvenes.

Obama propone un catálogo de medidas (humanizar el sistema carcelario, incrementar los programas de ayuda, facilitar la reinserción de los ex reclusos) en su mayoría más bienintencionadas que prácticas. Hacer el sistema penal estadounidenses menos cruel y más funcional requiere ante todo un cambio de mentalidad de los poderes directamente implicados y de los propios ciudadanos, además de reducir las sentencias excesivas y otorgar a los jueces flexibilidad para adaptar penas e imponer castigos alternativos a la cárcel. Se trata, en última instancia, de inculcar socialmente la idea de que el daño causado por la masificación carcelaria excede con mucho sus beneficios.

La reforma es complicada y los poderes de Obama limitados. Jueces y fiscales suelen ser cargos electos en EE UU y la indulgencia con los criminales se considera un riesgo. Pero el objetivo de la política penal no es la venganza. La progresiva caída de la delincuencia debe servir de acicate a la Casa Blanca y al Congreso, que tiene la última palabra, para abordar de una vez la reforma de un sistema disfuncional e injusto.