Cuando el empleo no da para abandonar la pobreza

Cuando el alcalde de Los Ángeles firmó a mediados de junio la ley que eleva el salario mínimo en la ciudad a 15 dólares la hora (un 67%), la cifra más alta de Estados Unidos, lo llamó “el plan contra la pobreza más ambicioso de la historia de la ciudad”. En el Estado más rico de EE UU y más poblado, con 38 millones de habitantes, uno de cada siete habitantes y uno de cada cinco niños viven en la pobreza (2013). De las familias pobres, dos de cada tres tienen trabajo. Es decir, gente que trabaja el día entero tiene que comer con ayudas públicas. Tener un trabajo a tiempo completo con el salario mínimo otorga unos ingresos de 18.720 dólares al año, por debajo de la línea de la pobreza.

A nivel estatal el gobernador, famoso por su celo presupuestario, ha propuesto un recorte de impuestos a las rentas más modestas que afectará a unas 825.000 familias en el Estado. Además, los legisladores demócratas le han arrancado una inversión extra en subsidios para atención médica de niños pobres. La atención médica es el gasto más grande para las familias. Estas tres políticas, elevar el salario mínimo, ayudar con los gastos médicos y bajar impuestos a las rentas bajas, son las tres mayores armas contra la pobreza, según los estudios estatales.

El problema, parecen haber concluido los políticos, no está solo en la recuperación económica (el crecimiento del empleo en California supera al de EE UU), sino en su reparto. La lucha contra la desigualdad será uno de los grandes asuntos de la próxima campaña electoral. El Partido Demócrata ha hecho de la subida del salario mínimo una cuestión troncal de su discurso. En California, dominada por el ala más izquierdista de los demócratas, sacar a gente de la pobreza e incorporarla a la clase media que consume es ya una política de Estado. Por donde va California, va después la nación, se suele decir. En la lucha contra la desigualdad, el experimento está en marcha.