Pactar para gobernar

La perspectiva de unas elecciones generales antes de final de año no debe convertirse en la causa de un bloqueo de la vida pública para no comprometer o desgastar las posibilidades de las opciones en juego. Ante todo hay que respetar los resultados de los comicios del 24 de mayo; y es pronto para extraer conclusiones definitivas.

Lo que no admite mucha demora es la constitución de los nuevos Gobiernos municipales y autónomos. Como los resultados no han arrojado mayorías concluyentes, es preciso permitir al ganador de cada ámbito que lleve a cabo su tarea en minoría, sin excluir que puedan darse otros pasos en busca de pactos o coaliciones estables.

Tenemos muy reciente el caso del obstruccionismo al que jugaron PP, Podemos y Ciudadanos tras las elecciones de marzo en Andalucía. No es ocioso señalar el mal rendimiento que ha dado al PP haberse negado a dejar gobernar a los socialistas —los más respaldados por las urnas en Andalucía—, vistas las pérdidas de votos sufridas por esta fuerza en las capitales andaluzas. Cabe preguntarse igualmente qué partido ha sacado Ciudadanos de similar negativa respecto a la investidura de Susana Díaz.

Mariano Rajoy había planteado genéricamente la solución de la lista más votada como la más adecuada. Lo hizo tiempo atrás y lo reiteró ayer, en su primera comparecencia pública tras el retroceso electoral del 24 de mayo. Sin embargo, no aclaró nada sobre los pactos que necesita su partido para no perder todo el poder autonómico y gran parte del municipal que tenía. Se limitó a recordar el valor de la estabilidad y descartó —siempre predecible— que tenga previstos cambios en el Gobierno y en el partido. Es verdad que hay que estabilizar el sistema político sin esperar a que se complete toda la secuencia del ciclo electoral, a finales de año; pero hay que decir cómo se piensa abordar ese objetivo.

Mariano Rajoy plantea acuerdos por la estabilidad, sin explicar cómo ni con quién piensa abordar sus objetivos

Tampoco se trata de pactar a ciegas. Las partes de cada negociación tienen que enseñar sus cartas y las condiciones de los posibles acuerdos deben ser públicas, para que los ciudadanos sepan claramente qué se pacta y con quién. No sería aceptable pedir ni entregar cheques en blanco o exigir condiciones intransigentes, contradictorias con la apertura de miras y la renovación de procedimientos preconizadas por la ciudadanía.

La oportunidad es buena para engrasar mecanismos de negociación que se encuentran muy oxidados, dada la persistencia de la cultura de mayorías absolutas dominante en nuestra vida política, cuyos administradores han creído equiparable a una patente de corso para ahorrarse explicaciones sobre el porqué de sus decisiones. No es ese el mensaje de las urnas ni el de las encuestas: lo que teme una mayoría de españoles es que los políticos no estén preparados para la negociación entre partidos, como muestra un sondeo reciente de Metroscopia.

Podemos y Ciudadanos han logrado resultados muy estimables, teniendo en cuenta su juventud. La estrategia de la formación de Pablo Iglesias le enfrenta al PSOE como competidor principal —tras haberse engullido gran parte de Izquierda Unida—, lo cual puede llevar a los dirigentes de ambas formaciones a mostrarse muy calculadores sobre pros y contras de apoyarse en algunos ámbitos. La misma tentación pueden albergar Ciudadanos y el PP. De nuevo aparece ahí el peligro de que los cálculos tacticistas alarguen las soluciones de gobernabilidad.

Las elecciones del domingo pusieron de manifiesto que una parte considerable de los españoles está impulsando un cambio profundo en este país. Ante unas señales tan contundentes, negociar es el modo de respetar la voluntad de los electores para que el cambio votado se refleje en Ayuntamientos y comunidades autónomas de un modo razonable. Qué duda cabe de que Ada Colau tiene todo el derecho a recabar apoyos para ser alcaldesa, lo mismo que Manuela Carmena en Madrid o los partidos ganadores en cada una de las autonomías.

Por lo demás, la pulsión por el cambio no tiene por qué llevar al cuestionamiento del sistema. Las urnas estaban limitadas al ámbito autonómico y municipal, pero de ellas no emerge un escenario complejo a la italiana, sino un sistema de cuatro partidos políticos a escala estatal, más las habituales formaciones nacionalistas y otras minorías, cuya eclosión se ve favorecida por el hecho mismo de que se trata de elecciones territoriales. No es un mapa muy distinto del que ya existía, aunque ofrezca la impresión de una gran fragmentación política por el hecho de que los dos principales, PP y PSOE, se han debilitado y los dos nuevos, Podemos y Ciudadanos, entran con más fuerza de la que tenían aquellos a los que sustituyen (Izquierda Unida, UPyD).

Nada hay, por lo tanto, que se alce como obstáculo insalvable a la gobernabilidad de las instituciones. Los únicos impedimentos que deben denunciarse son los que proceden de las tentaciones inmovilistas.