La pobreza infantil no se soluciona desde la beneficencia ni la caridad

A poco más de un mes de las vacaciones escolares, esperemos que abrir los comedores en verano no sea la mejor solución que les ocurra a nuestros gobernantes para abordar el problema de la pobreza infantil. Tampoco sería la solución que sus familias esperen las colas de reparto de alimentos del Fondo europeo de ayuda para los necesitados (FEAD). Las medidas que se han tomado hasta el momento para atender a la pobreza infantil cosifican y estigmatizan a los niños y niñas españolas, simplificando sus necesidades sociales, además de haberse demostrado su ineficacia para corregir las vergonzantes cifras alcanzadas. Ocupamos los primeros puestos de Europa de pobreza infantil (solo detrás de Rumanía y Bulgaria): 1 de cada 3 de los niños y niñas españoles están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social (27,5%), cifra que se dobla si pensamos en familias numerosas o en familias monoparentales y monomarentales, como advierte Unicef en su informe 2014 La infancia en España.

Es por ello que es necesario garantizar un Pacto de Estado por la infancia, que implique la puesta en marcha de medidas específicas transversales. Es fundamental una buena política de garantía de Rentas Mínimas a las familias y el reconocimiento constitucional de los Servicios Sociales como derecho fundamental, además de la articulación de una Ley Marco de Servicios Sociales.

Muchos profesionales hemos detectado indicadores de riesgo nutricional, emocional y educacional de la infancia desde los centros de salud, los centros educativos y los centros de servicios sociales. Mientras, se ponían en marcha todo tipo de recortes sociales en prestaciones destinadas a familias con necesidad social, así como de las ayudas para material escolar o becas comedor.

El cambio de modelo de los derechos sociales a la beneficencia puede provocar estigmatización

Las medidas coyunturales tomadas para paliar la situación han sido ineficaces y de tinte benéfico-filantrópico. Se han aplicado desde las ONG y desde la caridad privada e individual, y han tenido muy poco impacto en la reducción de la pobreza en la infancia. La situación ha ido empeorando desde el inicio de la crisis y para muchas familias se está convirtiendo en un problema estructural, provocando además un debilitamiento de los sistemas públicos de protección social que deben garantizar derechos y dignidad. (ISSE I, 2013)

Este cambio de modelo de los derechos sociales a la beneficencia puede provocar la estigmatización y consecuencias negativas en el desarrollo psicológico evolutivo de la infancia y adolescencia. Algunas de las evidencias del cambio de modelo son las campañas de juguetes para niños pobres, los comedores sociales en vacaciones para niños pobres, las colas de recogida en los bancos de alimentos para familias pobres. Todas ellas se realizan desde la etiqueta de la ayuda con la condición expresa del reconocimiento de personas pobres y desfavorecidas.

Desde el trabajo social se ha cuestionado duramente la decisión del Gobierno Español para gestionar el fondo europeo FEAD, ya que se apuesta por un reparto desde los tintes caritativos que no garantiza los criterios de transparencia en la gestión ni de profesionalidad en las valoraciones, simplificando la necesidad social y cosificando y estigmatizando a las familias perceptoras. Teniendo en cuenta que es el presupuesto destinado a esos alimentos son 565 millones y que supera en más de 17 veces a la del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, se trataba de una cuantía que debería haber sido integrada en esa Red pública de servicios sociales desde donde se puede garantizar una atención integral en cuanto a prestaciones y ayudas coyunturales para hacer frente a la crisis, pero también en cuanto a la garantía de valoración de la necesidad desde profesionales que garantizan un buen diagnóstico social y un trato desde la confidencialidad y la dignidad.

Desde el trabajo social pensamos que se están vulnerando los Derechos Humanos de muchos niños y niñas al no atender sus necesidades básicas. Además, nos importa el qué y el cómo, es decir, las formas de hacer las cosas. Creemos en el reconocimiento de derechos, en apoyar a las familias desde la normalidad de los derechos sociales para que ellas mismas puedan comprar los alimentos y juguetes a sus hijos e hijas, organizar sus menús y que los niños no tengan por qué saber de dónde salieron. Desde la política social creemos que son necesarias una serie de medidas transversales en educación, sanidad, etc., para apoyar a la infancia en general y especialmente a la infancia en situación más vulnerable.

Es imprescindible diferenciar la atención asistencialista de la atención fundamentada en los derechos

Es imprescindible diferenciar la atención asistencialista de la atención fundamentada en los derechos de la ciudadanía. En la década de 1980, se produjo en España una década de importante crecimiento para el Sistema Público de Servicios Sociales. Se consiguieron muchos avances, pero aun así, seguíamos a la cola del resto de los sistemas de protección, ya que mientras los sistemas de pensiones, sanidad y educación habían conseguido la universalización, los servicios sociales aún la seguían teniendo como horizonte de esperanza. Con la llegada de la crisis, llegó la involución del sistema, que se comenzó a hacer patente en mayo de 2010.

Al hilo de la campaña Derechos Sociales por la Dignidad, promovida por el Consejo General del Trabajo Social, intentamos sensibilizar a toda la población para que sientan los derechos sociales como suyos y no vean los servicios sociales como algo residual y graciable. La campaña, entre otras cosas, se inspira en los preceptos de la ONU y el Consejo de Europa en cuanto a que las necesidades deberían ser traducidas en derechos positivos garantizados por el Estado y de la advertencia de que las medidas de austeridad impuestas en los últimos años debilitan la protección de los Derechos Humanos.

Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno han tendido un impacto directo y negativo sobre los más desfavorecidos. Se ha generado más desigualdad y sus efectos no se limitan a las generaciones presentes, sino que lastrarán la productividad, la natalidad y la cohesión democrática de las generaciones venideras. Podría mencionar el copago de medicinas y el fin de la universalidad del Sistema Nacional de Salud, la reforma laboral que ha permitido el aumento los despidos y se han bajado los salarios, y la exclusión de muchos jóvenes del acceso a la educación superior por el aumento de las tasas. Además, las trabas administrativas y el endurecimiento de los criterios de las Rentas Mínimas de Inserción han provocado que muchas familias no tengan ninguna cobertura económica. La rebaja de la garantía de derechos en la Ley de la Dependencia y la reforma local rematarán los ya mermados servicios sociales.

Ana I. Lima Fernández es presidenta Consejo General del Trabajo Social.