Lenguas sin conflicto

El sistema constitucional español ampara los distintos regímenes lingüísticos escolares existentes en las comunidades plurilingües, ya sea la doble vía vasca, la inmersión catalana o los modelos intermedios practicados en otros territorios.

La condición fundamental exigible a todos esos diversos sistemas es que al final del periodo escolar los estudiantes manejen con soltura tanto el idioma común como el específico. Para lograrlo resulta lógico que ambos se utilicen como vehículos docentes, en la proporción que determinen las autoridades competentes.

El sistema de inmersión preponderante en catalán ha arrojado durante tres largas décadas resultados más que notables. Socialmente, ha evitado la discriminación entre los estudiantes procedentes de sectores sociales bilingües (los más acomodados) y monolingües (procedentes de la inmigración). Pedagógicamente, los resultados en capacitación idiomática han sido satisfactorios, al no registrarse grandes diferencias con los jóvenes de las otras comunidades autónomas. Cívicamente, no ha generado conflicto, pero sí disfunciones que han irritado a parte de la población.

Si el sistema ha sido en general eficaz, ¿por qué no perfeccionarlo, de modo que se evitasen esas disfunciones, por mínimas que puedan ser cuantitativamente, en un asunto tan delicado? ¿Por qué excluir las flexibilidades necesarias para evitar siquiera una sola sensación de desamparo?

Entre esas flexibilidades convenientes para impedir el menor roce, los pedagogos aconsejan invertir la proporción de las lenguas vehiculares en relación con el entorno: más catalán en las áreas sobre todo castellanohablantes, como la metropolitana barcelonesa, para equiparar el dominio de ambas lenguas a las demás; más castellano en las comarcas interiores, cuasi monolingües en catalán, para hacer efectivo el mismo principio.

El Gobierno de la Generalitat no ha encabezado esta adaptación y mejora del sistema, esquivando las reivindicaciones que se le han planteado. El Gobierno central, en vez de convencer, ha reaccionado en ocasiones de forma intrusiva fijando porcentajes en una cuestión de competencia autonómica. Y así el asunto ha llegado a los tribunales, que se han visto empujados a ejercer funciones cuasi legislativas más propias de otros foros. Rebobinen todos esta secuencia, antes de que también la lengua escolar pueda derivar en conflicto.