Espesa niebla policial

Resulta sorprendente que la dirección de la Policía considere compatibles los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo con sus actividades como servidor público. Tras manejar 46 sociedades en los últimos 30 años, de las cuales mantiene activas al menos una docena, el volumen inmobiliario de sus negocios en España supera los 14 millones de euros. Pero, a juzgar por las declaraciones del director de la Policía, Ignacio Cosidó, no hay nada incompatible en las actividades privadas de un comisario que, aun sin disponer de mando orgánico concreto, rinde cuentas directamente al número dos del Cuerpo Nacional de Policía.

De entrada, conviene poner en guardia a los 70.000 miembros de ese cuerpo, muchos de ellos preocupados por el modesto nivel de sus ingresos. La solución dada al asunto de este comisario no debe interpretarse en el sentido de que existe una vía para construirse un patrimonio que jamás alcanzarán con sus retribuciones oficiales. Porque no todos los policías pueden ser como Villarejo, que ha trabajado para diez ministros del Interior con su holding empresarial en activo. Cuando esto ocurre, es evidente que algo muy especial le protege y le diferencia de la gran mayoría de sus colegas.

Eso tan especial tiene que ver con el manejo de asuntos muy sensibles para la política. Sin poner en duda que haya cumplido algunos servicios de relevancia para el Estado, resultan mucho más turbias sus indagaciones en asuntos como la propiedad del ático de Ignacio González —todavía presidente de la Comunidad madrileña—, a quien grabó secretamente, o su intervención en las andanzas del pequeño Nicolás, por citar solo las más recientes.

Todo cuanto sucede en torno a Villarejo aporta más indicios sobre la existencia de grupos en la sombra dentro de las fuerzas policiales. No es que otros países democráticos estén libres del mismo vicio; la diferencia es que los Estados serios no cubren con tanta impudencia a los gabinetes negros. Al menos, a partir del momento en que se descubre públicamente su existencia.

Es peligroso utilizar a la policía para operaciones oscuras. En un Gobierno al que rodean algunos escándalos, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no debería dar por bueno que una niebla espesa encubra también este asunto.