“Falta interés gubernamental para que todas las personas tengan agua”

2.220 días después, la portuguesa Catarina de Albuquerque cede el cargo que ella misma inauguró: el de relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Seis años después de aquel 1 de noviembre de 2008 ha llovido mucho, y nunca mejor dicho cuando se trata del vital elemento. El hito que marcó un antes y un después en su gestión se produjo el verano de 2010, cuando la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Imposible analizar este período, sus luces y sus sombras, sin la visión de esta mujer experta en leyes, que hace balance cuando está a punto de cerrar una puerta, aunque no del todo, pues seguirá sumergida en el tema como vicepresidenta de Sanitation and Water for All (SWA).

Catarina de Albuquerque dice adiós desde la crítica como actitud profesional que le ha caracterizado a lo largo de toda su etapa: “Critico todo”, reconoce entre risas. Pone en jaque incluso la agenda de desarrollo 2015, a punto de finalizar: “Los objetivos del desarrollo dan una imagen de la realidad mejor de lo que realmente es”. Algo muy claro cuando se habla de agua ya que, a pesar de que la ONU asegura que se logró la meta del acceso hace cuatro años, la experta reconoce que el organismo no tiene capacidad para medirlo, por lo que se inventó un nuevo indicador. Para la Agenda Post2015, Albuquerque espera que los Estados, cuya pasividad ha denunciado en sendos foros internacionales, no debiliten el texto. Su discurso es atípico entre las altas esferas internacionales por directo y conciso. Incluso por su posicionamiento con los movimientos sociales.

Pregunta. El brasileño Leo Heller recoge el testigo de sus funciones en pocos días. ¿Qué valoración hace de estos seis años?

Respuesta. Este trabajo es frustrante aunque también estimulante. Para nada dejo solucionado el mundo. Todavía no tengo la distancia necesaria para decir lo que está mejor y lo que no, pero recuerdo que, cuando inicié mi mandato, cada vez que hablaba sobre derechos humanos a la gente del sector del agua, la reacción era sistemáticamente negativa, con malentendidos frecuentes. Eso ha cambiado. Antes no estaba reconocido y apenas había cinco o seis países en el mundo que lo afirmaban, mientras que ahora son todos los Estados miembros de la ONU. Es un cambio enorme. También por parte de los profesionales del sector. Pero aún hay muchas cosas que transformar.

Nadie sabe el número real de personas que no tienen acceso al agua

P. Ha sido muy crítica en los diferentes informes que ha realizado, ¿qué grado de libertad ha tenido para trabajar? Alguna presión ha trascendido a los medios, como la de su visita al Brasil del pasado verano, cuando fue acusada por el gobernador de São Paulo de querer “incendiar la campaña electoral”.

R. La queja Geraldo Alckmin fue el peor episodio de todo mi mandato. Escribió una carta al secretario general de la ONU y otra a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Está claro que yo podría haber cometido un error, pero en este caso no era así. Denunciar a quienes no están haciendo bien las cosas es precisamente mi trabajo. Punto y final. Ha sido la presión más fuerte, pero ha habido otras. No voy a hablar de países porque son asuntos menos públicos.

P. Los problemas de acceso al agua que tanto ha denunciado, ¿son una cuestión técnica o política?

R. Es una cuestión de voluntad política. La parte técnica ya la conocemos y la dominamos de una forma u otra. Ya tenemos las soluciones y ahora se trata de aplicarlas, replicarlas, adaptarlas… No en todos los países, pero lo que veo de forma sistemática es una falta de interés, de establecer prioridades, de falta de atención por parte de Gobiernos para que todas las personas tengan agua, tanto en el ámbito nacional como local y municipal.

P. En esta falta de voluntad política, ¿tienen más peso las leyes discriminatorias o la legislación económica?

R. Los países son inteligentes y no tienen normativas que discriminen directamente, de forma clara y evidente. Lo que hacen es aprobar normas en apariencia neutras pero que, en realidad, discriminan. Así, cuando se dice que una persona, para tener conexión legal y oficial al agua, tiene que demostrar algún título de propiedad o de alquiler de la tierra, no parece discriminatorio, pero se está excluyendo a la gente de asentamientos informales. Y cuando pides un título de residencia válido en un país para poder tener conexión a agua, también estás discriminando a personas que todavía están en una situación irregular. La discriminación existe, no de forma directa y explícita, sino escondida. Son leyes que parecen neutras hasta que las aplicas y ves que tienen un efecto desproporcionado sobre determinados segmentos de la población.

La regulación de los mercados es un prerrequisito fundamental para garantizar los derechos humanos

Los orígenes de las desigualdades económicas son distintos: el color de piel, la lengua, la zona del país en donde se vive, la casta... Estuve el mes pasado en Detroit y el problema de los cortes de agua tiene que ver con la falta de capacidad para pagar las cuentas. Es un asunto económico, cierto, pero el 99% de la gente pobre es negra.

P. Siguiendo con el Norte, parece que la crisis ha globalizado los problemas del derecho humano al agua y al saneamiento, que antes parecían una cuestión exclusiva del Sur. Cada vez más, en los países enriquecidos también hay gente con problemas de acceso. ¿Cómo ha afectado la crisis económica y financiera a este y otros derechos humanos?

R. Cuando fui nombrada, una de mis primeras decisiones fue la de visitar países pobres y también ricos. Quería mostrar y demostrar que las violaciones de derechos humanos no son exclusivas de los pobres. Me parece una de mis mejores decisiones. Estuve, por ejemplo, en Japón, Estados Unidos y en Eslovenia, donde encontré patrones de discriminación muy claros. Con la crisis económica se han tornado mucho más claros y agudos.

Esa ha sido una de las razones por las que me interesé tanto por Detroit, una ciudad que está en bancarrota. Lo que están haciendo puede ser sintomático, premonitorio, de lo que puede pasar en el Sur de Europa y, después, en otros países. Es triste pero interesante: en el inicio de mi mandato recibía muchas quejas de los llamados países pobres, pero en los últimos años empecé a recibir quejas de violaciones de derechos humanos por parte de gente del Sur de Europa y Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con recortes presupuestarios y de subsidios a personas que después no tienen capacidad para pagar las facturas del agua.

P. En 2015 concluye la fecha marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las propuestas de acceso al agua y al saneamiento no se van a cumplir. ¿Por esa falta de interés político?

R. No, los de agua fueron alcanzados en 2010, cinco años antes del plazo.

Los indicadores para medir el acceso al agua dan una imagen de la realidad mejor de lo que en verdad es

P. Pero el último informe de la ONU, World Water Development Report 2014, además de la habitual cifra de 800 millones de personas sin acceso, reconoce que en realidad podrían ser 3.500 millones.

R. Los casi 800 millones representan la cifra de personas sin acceso a fuentes de agua mejorada, una definición inventada por la ONU porque no tiene todavía capacidad para medir el número de gente con acceso a agua potable segura. Decidieron entonces inventar un nuevo indicador, suponiendo que si tienes acceso al agua mejorada, es de calidad. Por eso se dice que la meta fue lograda en el 2010. Pero efectivamente, el informe de 2014 advierte que no estamos midiendo lo que se debería. Estamos, por ejemplo, midiendo el agua de un grifo o de un pozo protegido, sin garantía de calidad. Por eso las cifras pueden ser de 3.500 millones. Nadie lo sabe.

P. La ONU también contabiliza como acceso a quienes apenas tienen agua unas horas y determinados días a la semana.

R. Exacto. Y a quien tiene el agua muy lejos de casa y se ve obligada a caminar unas cuantas horas.

P. Entonces, ¿qué valoración hace de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que han empleado parámetros y definiciones poco claras?

R. Ya escribí dos informes a la Asamblea General de la ONU sobre el tema, denunciando precisamente que los indicadores, objetivos y metas que tenemos dan una imagen de la realidad mejor de lo que realmente es. Recuerdo que hace dos años el secretario general de la ONU decía haber alcanzado la meta del agua. Y sí, es verdad, es bueno y lleva muchos esfuerzos detrás. Pero tenemos indicadores que no miden con precisión los problemas que existen. Las metas tampoco son buenas: reducir el 50 por ciento la gente que no tiene acceso al agua no es suficiente desde un punto de vista de los derechos humanos. Hay que tener como objetivo que toda la gente tenga acceso al agua y al saneamiento.

P. A los ODM los sustituye de alguna manera la agenda de desarrollo Post2015, de la que ya ha avanzado una serie de mejoras y recomendaciones. ¿Se puede confiar en esta nueva hoja de ruta o es una mera continuación de lo anterior?

R. He estado muy involucrada en esas negociaciones y la propuesta del grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas incluye iniciativas bastante mejores, más fuertes y protectoras de los derechos que lo que pedíamos hasta ahora. Pero todavía no ha sido aprobada por los Estados. Es aún posible que algunos quieran reabrir las negociaciones para debilitar el texto. Es un peligro muy real. Además, incluso si esas propuestas son adoptadas por los Estados miembros de la ONU en septiembre, también es posible que los indicadores desarrollados sean muy malos y muy débiles.

Pero sería injusto minusvalorar los ODM, porque si vas a los países en vías de desarrollo y hablas con personas rurales o de barrios informales es impresionante cómo saben lo que son los ODM y que muchas de las inversiones realizadas en los últimos 15 años estuvieron vinculadas a ellos. Se han salvado muchas vidas gracias a estos objetivos.

P. Más allá de la voluntad política, en 2014 ha llegado con éxito al Parlamento Europeo la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que pide que el agua sea un derecho humano gestionado por manos públicas. ¿Está en mano de la ciudadanía lograr que se cumpla?

R. La iniciativa fue positiva porque puso el derecho humano al agua en la agenda; provocando que se hablara de ello. Apoyé la ICE, pero también la he criticado porque sus autores vincularon el reconocimiento del agua como derecho con la prohibición de la participación del sector privado. Y desde un punto de vista de los derechos humanos eso no es verdad. Los derechos humanos son agnósticos en cuanto a la forma de prestación de servicios. Puede existir la participación del sector privado. Las grandes multinacionales de agua prestan servicio al tres o cuatro por ciento de la población mundial, mientras que los pequeños proveedores lo hacen al 25%. Mucha gente no tendría acceso al agua sin esta participación privada. A mí me da igual que sea pública o privada, lo que me importa es que respeten los derechos.

P. ¿Cómo se conjuga el derecho humano al agua y el mercado, con sus políticas económicas?

R. En la teoría se puede, pero en la práctica es difícil. La realización de derechos humanos es compatible con cualquier forma democrática de gobierno: monarquía, república, gobiernos a la derecha, a la izquierda, de mercado o no. Todos son compatibles con los derechos humanos. No deberíamos utilizar ninguna excusa política para no implementarlos. Aunque, claro que un mercado totalmente libre y no regulado no logra proteger a los más vulnerables. La regulación es un prerrequisito fundamental para garantizar los derechos humanos.

P. En sus últimas intervenciones incide en el factor del cambio climático. ¿Cómo afecta al derecho humano al agua?

R. Puedes prever los desastres climáticos más extremos. En función de eso hay que planificar el sector del agua y saneamiento. Hay una obligación de hacerlo, así como inversiones para poder mitigar sus efectos. Pero el gran reto del agua no es el calentamiento global, sino la voluntad política. Cuando estuve en Brasil, vi las inmensas mansiones de los millonarios con piscinas llenas de agua. Y después, la gente de los barrios más pobres tiene cortes. Por eso es un problema de voluntad política y de falta de voz de los más discriminados y vulnerables, que son las personas que van a sufrir más con las crisis económicas, las catástrofes naturales... Con todo.