Un antes y un después

La investigación judicial del caso Bankia marca un antes y un después en la política española. Los partidos que tuvieron representantes en Caja Madrid están tomando medidas en las que valoran mucho la necesidad de mostrarse reactivos. Recientemente el PSOE expulsó sumariamente a una decena de afiliados que habían desempeñado cargos en esa entidad y usado sus tarjetas opacas, y ahora una persona de tanta relevancia en el Partido Popular como Rodrigo Rato ha pedido la suspensión de militancia. Todo esto contribuye a crear la sensación de que la corrupción y las prácticas abusivas se extienden inconteniblemente, cuando la realidad es que se trata de un ajuste de cuentas con el pasado.

Personas de relevancia en la esfera pública no pueden esperar comprensión social cuando se ha sabido que derrochaban el dinero en extravagancias o gastos suntuarios mientras se perdían los ahorros de decenas de miles de clientes en operaciones de alto riesgo de las cajas de ahorros. Pero es verdad que pueden cometerse injusticias al no distinguir suficientemente entre la responsabilidad de quienes construyeron el sistema que ha permitido las prácticas abusivas o fraudulentas y la de los que lo continuaron; entre quienes eran conscientes de que estaban recibiendo dinero negro y los que no. La investigación judicial debe aclararlo. Pero la gente ya no soporta la espera de sentencias definitivas, ni siquiera aguarda la imputación formal de los implicados. Se entienden los motivos, aunque no deja de inquietar la despreocupación por el derecho a la defensa.

Lo positivo es que todo esto apunta una línea más dura no solo contra la corrupción, sino respecto de prácticas que, delictivas o no, deberían haber sido aclaradas por los partidos, incluso a través de vías parlamentarias. Que Rato se aparte del PP no quiere decir que se hayan resuelto las presuntas implicaciones de este partido en la corrupción: el juez del caso Bárcenas llama ahora a declarar como imputado a Ángel Acebes, ex secretario general del PP, en la investigación por una pieza separada del caso Gürtel —que, por cierto, lleva seis años en tramitación—.

La presión social sobre la política no se acompasa con los progresos de una maquinaria judicial tan inexorable como lenta. En vísperas de un año electoral, la ejemplaridad en la esfera pública ha pasado a ser un valor esencial.