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Migrados
Coordinado por Lola Hierro

Recordemos a Alpha Pam

Lola Hierro

Alpha Pam, en noviembre de 2012.

Sonríe a la cámara con despreocupación. No se imaginaba que la foto que le estaban haciendo iba a acabar siendo conocida por miles de personas. Y que la razón de sesainesperada fama sería su muerte prematura. A los 28 años. De una enfermedad curable. Y en un país desarrollado.

Se llamaba Alpha Pam y era senegalés. Murió un 21 de abril de 2013 de tuberculosis en su casa de Palma de Mallorca después de haber ido hasta en tres ocasiones al hospital. Dos de ellas no le atendieron y, en la tercera, no le hicieron ninguna prueba diagnóstica, ni una radiografía. No tenía tarjeta sanitaria y fue advertido de que, por su condición de extranjero sin papeles, tendría que abonar la visita. Le dijeron que tenia una bronquitis y le mandaron a casa. Ocho meses antes, el 1 de septiembre 2012, había entrado en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 que reformaba la ley sanitaria. Es una norma muy conocida para la población inmigrante en situación irregular de España porque fue la que les quitó el acceso a la sanidad gratuita: desde entonces, ya no bastaba con empadronarse para recibir atención médica sino que se hacía imprescindible estar dado de alta en la Seguridad Social. Como él, unos 150.000 inmigrantes indocumentados se han visto perjudicados por esta medida en dos años, según cálculos de El País. El Gobierno asegura que ha retirado la tarjeta a 873.000 usuarios.

Pam se fue, pero su memoria perdura. Quienes le conocieron y quienes velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales difundieron su caso a través de los medios de comunicación, las esferas políticas y los foros sociales. La Consejería de Salud inició una investigación "reservada" que acabó con la destitución del gerente del hospital donde se negaron a examinar a Pam en profundidad, y el propio consejero de Sanidad de Baleares, Martí Sansaloni, reconoció que no se hizo un seguimiento adecuado del caso. "Desapareció del sistema sanitario público y escapó a su capacidad de seguimiento por no tener tarjeta sanitaria", respondió al grupo parlamentario Més en octubre de 2013. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que Alpha Pam nunca tuvo tarjeta en los ocho años que estuvo en España, por lo que nadie se la quitó. "Y el juez ha dictado que se le atendió tanto en el centro de salud como en el hospital", remacha un portavoz del organismo, en referencia al archivo del la querella contra el consejero de Sanidad balear que habían interpuesto varias ONG.

Dos años después de la reforma de la ley, la vida o, mejor dicho, la muerte de Pam, ha quedado documentada en un trabajo audiovisual. Se llama Muerte accidental de un inmigrante y cuenta de cerca la historia del senegalés a la vez que busca respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El trabajo es obra de un grupo de profesionales del sector audiovisual comandado por los directores Pedro de Echave y Javier González. Los autores, conscientes de que la muerte de un joven sano y fuerte por una enfermedad curable habí­a suscitado una fuerte polvareda mediática y política, decidieron embarcarse en el proyecto con una doble intención: conocer la verdad de lo ocurrido y luchar contra el olvido de un caso "gravísimo" que, a su juicio, "obliga a hacer una profunda autocrítica".

Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam (Teaser) de Quindrop en Vimeo.

El documental se financió a través de una propuesta de micro mecenazgo y consiguió casi 9.000 euros. De momento solo se puede ver un trailer, una pequeña muestra del trabajo realizado que está disponible en Internet, pero está terminado y pendiente de visionarse en varios festivales cinematográficos. Donde sí se ha presentasdo completo es en Palma de Mallorca: la inauguración reunió a unas 500 personas el pasado 2 de julio.

También con motivo de este segundo aniversario de la reforma, las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge han denunciado que España mantiene la exclusión sanitaria a los inmigrantes en situación irregular sin atender las recomendaciones internacionales. Recuerdan, por ejemplo, que el Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo calificó esta reforma en junio de 2013 como un "hecho lamentable" y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas. O que en abril de 2014 la ONU recordó al Gobierno que la normas básicas de Derechos Humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. O que, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que la medida es contraria a la Carta Social Europea, de la que España es Estado parte.

Con la reforma, el Gobierno pretendía ahorrar 917 millones de euros por quitar la tarjeta a extranjeros no comunitarios con el fin de acabar con el turismo sanitario, pero nada decía el informe del Tribunal de Cuentas donde se aportaba esta estimación de qué pasaría con los inmigrantes en situación irregular. A día de hoy, tampoco se ha elaborado ningún estudio de impacto económico para saber el ahorro real que ha supuesto dejar sin médico a este grupo de población, algo que ya denunció Médicos del Mundo en un exahustivo informe elaborado para poner de relieve las consecuencias de esta ley. El diario El País estimó que, como mucho, ascendería a 240 millones de euros en un colectivo que gasta menos que los españoles.

Desde el Ministerio, no obstante, indican que la reforma sanitaria, a los dos años de su aplicación en abril de 2014, había generado un ahorro de 5.100 millones de euros, gran parte en farmacia. "Pero la modificación de la condición de asegurado y beneficiario no es una medida de carácter económico", desmienten. "Es una necesidad jurítica demandada por la UE. En todos los países está regulado a quién le dan tarjeta y a quién no". E insisten en que está garantizada la asistencia con independencia de la situación administrativa. "La tarjeta es sólo un documento", remacha un portavoz.

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Sobre la firma

Lola Hierro
Periodista de la sección de Internacional, está especializada en migraciones, derechos humanos y desarrollo. Trabaja en EL PAÍS desde 2013 y ha desempeñado la mayor parte de su trabajo en África subsahariana. Sus reportajes han recibido diversos galardones y es autora del libro ‘El tiempo detenido y otras historias de África’.

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