Abierto a lo desconocido
La crisis catalana condiciona el inicio del nuevo curso político, marcado por el ciclo electoral
El nuevo curso político se abre a un trimestre intenso, con Cataluña en el centro. Le seguirá un ciclo electoral con comicios locales y autonómicos en primavera que culminará con las legislativas de otoño de 2015. De aquí a entonces, la nueva dirección del PSOE tendrá ocasión de rodarse y acreditar que encarna la posibilidad de alternancia, por sí mismo o en coalición.
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La movilización televisada prevista para la Diada en torno al 11 de septiembre es la última oportunidad que le queda a Artur Mas para intentar recomponer el pacto con Esquerra que le mantiene como presidente. Tal vez lo consiga porque el soberanismo siempre ha sabido que la acción une lo que la discusión separa, y que a la gente le gusta más participar en actividades con repercusión mediática que debatir sobre la autodeterminación o la ley de consultas.
Vendrá luego el referéndum escocés, el día 18, de resultado incierto, aunque de las encuestas se deduce que si llegara a ganar el sí a la independencia será por escasísimo margen. Lo cual podría leerse en Cataluña como un aviso porque no es lo mismo una pequeña diferencia para refrendar un statu quo secular que para legitimar un cambio tan radical como el que proponen.
El siguiente paso será la aprobación de la Ley catalana de Consultas y el correspondiente recurso del Gobierno, que llevará a la práctica el debate teórico entre acatar o desobedecer al Constitucional, algo que ha dividido a los soberanistas. Es posible que Mas, muy perjudicado por el caso Pujol, se conforme con convocar la consulta y acatar su prohibición. Lo que seguirá es terreno desconocido. Seguramente Junqueras no desea unas autonómicas plebiscitarias inmediatas porque antes espera extender su poder a los Ayuntamientos como base para una ofensiva independentista radical de corte municipalista y sin el lastre de sus socios actuales.
De ahí el interés de Esquerra por las elecciones locales de mayo, para las que no le vendría mal que prosperase la reforma planteada por el PP de otorgar la alcaldía al cabeza de la lista más votada. ERC irá solo o exigirá encabezar las listas si va en coalición con CiU. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitió el viernes esa posibilidad —y la de que pueda favorecer a Bildu en el País Vasco—, pero lo presentó como prueba de que al PP no le mueve un interés partidista. Pero entonces no se entiende su interés en hacer saber su intención de sacarla adelante con o sin consenso, gracias a su mayoría absoluta. Algo impropio para una medida que tiene que ver con las reglas del juego y se presenta en nombre de la regeneración democrática.
Si la cuestión es evitar coaliciones artificiales constituidas para evitar que gobierne el más votado habrá que denunciar el fracaso político de las experiencias conocidas, y no simplemente prohibirlas o primar desproporcionadamente al ganador. Pero esa tentación de convertir la virtud en obligación no afecta solo al PP. Está presente en varias de las reformas legales que prepara el PSOE también bajo la bandera de la regeneración democrática.
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