Reforma incompleta

Uno de los factores que explican la rigidez de la economía española es la gremialización de algunas profesiones, manifiesta en los poderes de los colegios profesionales y en las limitaciones que son capaces de imponer, normativamente o de hecho. La liberalización profesional es una de las condiciones de la liberalización de los mercados y parece que el Gobierno está dispuesto a dar un paso más. Tiene dispuesto un anteproyecto de Ley en el cual se adoptan algunas decisiones rupturistas —no todas las necesarias— cuya mera posibilidad está causando ya un intenso rechazo en los colegios afectados.

En líneas generales, la intención del Gobierno plasmada en el anteproyecto es suprimir la colegiación obligatoria en algunas profesiones o segmentos (abogados de empresas, publicistas), rebajar las cuotas de colegiación, suprimir las tasas de ingreso, determinar la obligación de colegiarse por una norma estatal y romper de una vez por todas con la férrea obligación de que un profesional se colegie allí donde trabaja. Es una limitación contradictoria con la movilidad geográfica y que no es compatible con la libre circulación de personas ni con la unidad de mercado. Todas las iniciativas mencionadas son defendibles y deseables, aunque es obligado observar cómo se desarrolla la tramitación del anteproyecto para ofrecer un análisis final.

Las objeciones corporativas tienen un peso argumental limitado. Los colegios profesionales tienen una tarea institucional que consiste en salvaguardar la calidad del desempeño profesional de sus colegiados. Pero esa función no implica obstaculizar la libre operación de los titulados que no estén colegiados o la formación de élites profesionales cerradas. La reducción de cuotas y tasas está orientada en esa dirección. Si se concreta la moderada voluntad liberalizadora, los colegios perderán ingresos y cierta capacidad de influencia; pero contribuirá a aumentar la actividad profesional y podrán recuperar por la vía del número lo que dejen de percibir por la cuantía de las cuotas.

De lo que se conoce hasta ahora del anteproyecto llaman la atención dos ausencias y un punto no resuelto en la liberalización que se intuye: las farmacias y los abogados (en cuanto que puedan desempeñar la tarea de procurador), y la relación conflictiva entre arquitectos e ingenieros. Al parecer, son asuntos que el Gobierno no se siente con fuerzas de afrontar. Por tanto, la reforma liberalizadora es incompleta.