Cauce constitucional

Los representantes del Parlamento de Cataluña recibieron ayer el claro rechazo de una gran mayoría del Congreso respecto a la pretensión de organizar un referéndum con fecha y preguntas decididas unilateralmente, pero escucharon también algunas ofertas de diálogo. Aunque envuelto en un discurso muy firme sobre la defensa de los derechos de los españoles, catalanes incluidos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mencionó la capacidad del Parlamento catalán para llevar a las Cortes una iniciativa de reforma constitucional. La apuesta por esa vía fue distinta por parte del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que defendió una actualización de la Constitución desde la premisa de que hablaba en nombre de “socialistas”, no de “nacionalistas”, momento en el que mencionó al PSC como un argumento para despejar dudas sobre la posición de este partido.

Lo más positivo de la sesión fue el hecho de que el cierre de puertas al referéndum unilateral implica mantenerlas abiertas para un proceso de diálogo sobre el serio problema que existe en la relación entre Cataluña y el resto de España. Hay que lamentar que no estuviera presente el principal destinatario político del mensaje, que no es otro que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pieza clave en el choque de legitimidades entre el Parlamento catalán y el Parlamento español que los nacionalistas y los independentistas intentaron escenificar ante el Congreso de los Diputados.

Los nacionalistas habían llevado las cosas hasta un punto que los políticos responsables habrían debido evitar, y que se basa en dos relatos paralelos. Frente a la versión de la Cataluña oprimida o expoliada, que cuentan los promotores del referéndum unilateral, los líderes de las principales fuerzas rechazaron la veracidad de ese aserto: ”No es tolerable que en Cataluña se diga que España nos roba”, puntualizó Rubalcaba, mientras Rosa Díez, de UPyD, se mostró enfática al equiparar la hispanofobia del nacionalismo catalán a la eurofobia populista en otros países europeos.

El desencuentro entre las dos versiones estaba cantado; entre ese deseo mayoritario de los ciudadanos catalanes de ser convocados a una consulta, planteado por los partidos que promueven el referéndum, y la rotunda negativa de Rajoy a aceptarlo, porque es anticonstitucional que se ponga en juego un derecho fundamental de todos los españoles. O en la versión de Rubalcaba, porque no puede aceptarse un voto para marcharse, pudiendo hablar y votar juntos.

En todo caso, queda clara la ruptura de una parte de la política catalana con el consenso constitucional, en el que participó en su día. Del consenso se descuelgan los nacionalistas, cuyo representante dijo que “Cataluña ha iniciado un camino sin retorno”. La portavoz de ERC dejó muy claro que el referéndum perseguido es para la independencia; y el de ICV, más bien a la defensiva, sostuvo que el Gobierno es prisionero del anticatalanismo sembrado en otro tiempo y trató de sostener que votar no significa predeterminar un resultado.

Lo que los grandes partidos hicieron ayer es aprovechar la salida diseñada por el Tribunal Constitucional. Solo hay una soberanía, la del pueblo español en su conjunto, pero la Constitución no es un muro impenetrable, sino un cauce para que se exprese la voluntad popular. Por esa senda hay que explorar las soluciones. No, desde luego, por la que contribuya a dividir a los catalanes entre nacionalistas y no nacionalistas, ni a separar a los catalanes del resto de los españoles. Dialogar sobre la forma de resolver los desacuerdos es lo más sensato para impedir una división de España incierta, peligrosa y, a la postre, estéril.