Acaparamiento de tierra con acento español

En 2010, la empresa catalana Agrogeba aterrizaba en Guinea Bissau con la intención de cultivar arroz. Sin embargo las tierras que el Gobierno le alquiló, en las proximidades del río Geba en la región de Bafatá, venían siendo explotadas de manera tradicional por los habitantes de los pueblos cercanos, unos 600 agricultores que ni fueron informados ni recibieron ninguna compensación. Desde entonces, Agrogeba ha ocupado ya unas 520 hectáreas, un nuevo caso de acaparamiento de tierras en África denunciado por las ONG Intermón Oxfam y Alianza por la Solidaridad (APS) pero que la empresa, sin embargo, niega con rotundidad. “Agrogeba no ha echado a nadie, el Gobierno nos ha alquilado unos campos que no estaban siendo cultivados”, asegura Jaume Pons, gerente en Bafatá.

Estamos en Sara Djae, uno de los pueblos afectados. Cálido Ndjai recuerda cómo fue su primer encuentro con Agrogeba. “Fue en 2010. Ellos metieron las máquinas en la bolaña (campo de arroz) y luego vinieron a hablar con nosotros. Nos dijeron que sólo iban a ocupar una parte del terreno, que nos iban a ayudar a preparar el resto para que pudiéramos cultivar, que construirían una escuela, un recinto para las vacas y un puesto de salud, pero no cumplieron ninguna de sus promesas”, asegura este agricultor, “ahora nos hemos quedado sin tierras donde trabajar, nos las han arrebatado”. Otro problema añadido es que dicho espacio era zona para el pastoreo en la estación seca, pero Agrogeba impide el paso a las vacas. “Ya nos han matado tres y otras 21 las ha requisado y luego tenemos que pagar 40.000 francos CFA (60 euros) por cada una para recuperarlas”, añade.

Enfadados, los habitantes de Sara Djae fueron a hablar con Mama Néné Baldé, el régulo de Cósara, la autoridad tradicional, pero no encontraron el apoyo que esperaban. “En mi condición de rey estoy frenando que la población se rebele y tratando de alcanzar acuerdos”, asegura Baldé, “sólo el Gobierno sabía los planes de Agrogeba, los pueblos no habían sido informados, de ahí los problemas. La empresa ha cogido más tierra de lo acordado y las comunidades no están recibiendo nada a cambio, así que ahora Agrogeba debe devolver una parte de los arrozales”. Sin embargo, lo cierto es que casi cuatro años después de la llegada de esta empresa, no ha habido ni una sola compensación a las comunidades.

Agrogeba pertenece al grupo empresarial Petromiralles, SL, cuyos principales directivos tienen un proceso abierto en la Audiencia Nacional por un presunto fraude fiscal a gran escala. En 2010, la empresa desembarca en Guinea Bissau con la intención de cultivar arroz “para abastecer a todo el país”, un macroproyecto para el que cuenta con el apoyo del entonces primer ministro, Carlos Gomes Jr, empeñado en superar la dependencia exterior de este país en lo que respecta a la base de su alimentación, el arroz.

Empresa y Gobierno se ponen pronto de acuerdo. El Estado cede entre 3.000 y 6.000 hectáreas de arrozales a Agrogeba mediante un régimen de alquiler por un periodo de 99 años. Sin embargo, en el proceso de negociación se obvió un tema capital: en Guinea Bissau, según el derecho consuetudinario, las tierras de cultivo pertenecen a las comunidades que las trabajan y se benefician de ellas y, por tanto, según la Ley de Tierras que incorpora todo el sistema de normas y costumbres tradicionales, es necesario el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades rurales para cualquier concesión. Aquí es donde surge el problema. Nadie preguntó a los legítimos propietarios de la tierra.

Precios y pesticidas

Así lo admite el ingeniero Bunha Nambundé, director general de Agricultura de Bafatá, región donde se encuentran los arrozales cedidos a Agrogeba. “La Carta de la Política Agraria de Guinea Bissau no se está aplicando, tendría que haber habido un acuerdo previo con las poblaciones afectadas. Agrogeba debería dejar a las comunidades al menos una parte de la tierra que estas usaban de forma tradicional para sus cultivos”. Asimismo, Nambundé pone el acento en dos cuestiones preocupantes. Por un lado, la empresa española “no está cumpliendo su acuerdo de mantener el precio del saco de arroz por debajo del límite de 15.000 francos CFA (unos 23 euros)” y, por otro, “usa pesticidas con un avión sin que tengamos información de qué productos se trata, sin una mínima evaluación de su impacto”. Llama la atención la posición crítica del representante del Gobierno en temas agrícolas en la región y que, sin embargo, Agrogeba pueda seguir con sus actividades sin problema. “Hemos informado a Bissau en numerosas ocasiones, hasta ahora sin respuesta”, asegura un resignado Nambundé.

En Sintcham Ioba, una de los pueblos afectados, están muy preocupados por el tema de los pesticidas. Maimouna Baldé, una mujer que como casi todas en el pueblo era la encargada del cultivo del arroz, asegura que desde que Agrogeba disemina estos productos químicos con el avión se nota una mayor presencia de mosquitos en el pueblo, ya que migran desde la finca hasta las zonas pobladas. Esto ha provocado un aumento de los casos de malaria, que a su vez es la principal causa de abortos según las autoridades médicas locales. César Baze, agricultor local de 51 años, explica: “Las tierras y los niños son nuestra mayor riqueza. Si nos quitan las tierras y ponen en peligro a nuestros hijos, es la catástrofe”. En el seno de estas comunidades confiaban en que al menos algunos de sus jóvenes pudieran trabajar para la empresa española, pero los bajos salarios y la inexistencia de contratos disuaden a muchos.

De las al menos 3.000 hectáreas cedidas, Agrogeba explota en la actualidad unas 520, es decir, el proyecto está en su fase inicial. Se trata de las fincas de Sara Djae (220 hectáreas) y de Tchutcho (300 hectáreas). Sin embargo, la empresa también intentó explotar un tercer arrozal conocido como Xaianga y se encontró con la oposición de la población de los dos pueblos que tradicionalmente cultivaban allí, Bidjini y Djanna, teniendo que desistir de sus planes. Lo cuenta Aladje Mlam Baio, jefe del pueblo de Bidjini: “Cuando en mayo [de 2010] intentamos ir a nuestros arrozales para comenzar a sembrar nos encontramos con un guardián de la empresa que llevaba un arma que nos dijo que tenía órdenes de no dejarnos entrar. Entonces nos fuimos a hablar con el gobernador, que nos informó que ahora pertenecía a una empresa española”.

Pero los habitantes de estos dos pueblos no se contentaron con esta respuesta y decidieron alquilar un coche entre todos y plantarse en Bissau, la capital del país, para hablar directamente con el entonces presidente Malam Bacai Sanha. “¿Usted ha vendido nuestra tierra?”, le preguntaron. “No, eso es mentira”, respondió el jefe del Estado, “nadie puede vender la tierra de los agricultores en este país”. Así que dio instrucciones para que el derecho de uso de las bolañas arrebatadas a Bidjini y Djanna fuera restituido a sus legítimos propietarios. “Hombres, mujeres, viejos y niños, éramos más de 200 personas, bajamos al arrozal y recuperamos la tierra. Sin embargo, con las idas y venidas, perdimos aquel año y no pudimos cultivar, lo que nos hizo meternos en préstamos para poder alimentar a nuestras familias que todavía estamos pagando”, asegura Baio, “el pueblo español y el pueblo de Bissau pueden ser pueblos hermanos, pero nadie puede venir a quitarnos nuestra tierra”.

El gerente: “A esta gente no le gusta trabajar”

Jaume Pons, gerente en Guinea Bissau de Agrogeba, asegura que esta empresa no ha arrebatado el uso de las tierras a nadie. “Lo niego rotundamente. El Consejo de Estado nos cedió 3.000 hectáreas y sólo estamos explotando 520 que estaban totalmente abandonadas. Ahora que hemos limpiado y puesto en producción la tierra es cuando vienen a reclamar que les pertenece”. Sin embargo, Pons admite que ha faltado diálogo en el proceso. “Nosotros no sabíamos cómo funcionaban las cosas aquí, cuando llegamos fuimos a hablar con los jefes de tabancas (pueblos) pero no con el régulo. Aquí la ley es un poco comunista, establece que la tierra es para quien la trabaja, pero si en cinco años no se explota se pierde ese derecho sobre ella. Esas tierras no estaban siendo cultivadas, no había una propiedad sobre ella. No digo que no les pertenezca, pero si es así, que la trabajen. Ahora vienen a quejarse porque el blanco ha llegado, quieren sacar su beneficio. A esta gente no le gusta el trabajo, gran parte de cómo está el país es culpa nuestra, de los blancos, que les hemos dado muchas facilidades”.

El gerente de Agrogeba admite, sin embargo, que no han podido trabajar en la finca de Xalanga porque hubo oposición de las comunidades. “Si ellos no quieren que estemos, pues nos vamos. El Gobierno nos cedió las tierras, tenemos nuestros contratos en regla, y no nos informó de que había nadie explotándolas”. También reconoce la presencia de un vigilante con escopeta en la finca y la muerte y el “secuestro” de vacas de las comunidades. “Sí, es cierto, en 2010 disparó y mató una vaca, pero el caso está cerrado, ya se la hemos pagado a su propietario. Y si cogemos sus vacas es porque estamos cansados de que entren en las fincas. Pero los 60 euros de multa no son para mí, los reparto entre los trabajadores de la empresa”, añade.

Asimismo, explica que aún no han cumplido con las promesas de construcción de escuelas y puestos de salud a las comunidades porque “por ahora las producciones han sido bajas y no hemos recuperado la inversión, lo haremos cuando la empresa vaya bien” y que los herbicidas e insecticidas que utilizan están legalizados por la Unión Europea. “Malaria ha habido aquí toda la vida, el problema de la malaria es el agua sucia en las calles no las plantaciones de arroz”, asegura Pons. Respecto al precio del saco de arroz, reconoce que el de primera calidad se vende a 17.000 francos CFA, “siempre por debajo del precio del arroz importado de China, que cuesta 22.000 francos CFA el saco, que era el acuerdo con el Gobierno siempre que se pudiera. No podemos venderlo más barato”, explica, “porque cada año pagamos el gasoil más caro”. El gerente de Agrogeba responde también a la acusación de haber compensado al régulo diciendo que “tenemos con él una buena relación, no le damos dinero, pero si nos hace un favor, somos agradecidos y le damos un saco de arroz para llegar a un buen entendimiento”.

Jaume Pons insiste en que el proyecto inicial de Agrogeba, que según él debía recibir 3.000 hectáreas del Gobierno en concepto de alquiler (unos 1.000 euros anuales), no se ha llevado a la práctica y que el negocio no está siendo tan rentable. “No nos hemos ido porque ya has hecho la inversión y tienes todas las máquinas aquí. Pero nos han puesto muchas trabas, nos han querido utilizar para recuperar las bolañas antiguas, que conlleva altos costes. Han sido cuatro años de mucha lucha”. Dicha inversión se eleva a unos cuatro millones de euros.

El malestar generado entre la población por la llegada de Agrogeba a la zona de Bafatá era tan evidente que llegó a oidos de la ONG española Alianza por la Solidaridad (APS) que desde hace años desarrolla un proyecto de seguridad alimentaria y gobernanza medioambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. Con el objetivo de evaluar el impacto de las inversiones extranjeras en estos tres países, APS llevó a cabo junto a Intermon Oxfam un primer trabajo de campo entre mayo y junio de 2012 en el que se dieron de bruces con el caso de Agrogeba llegando a la conclusión de que unas 600 personas habían sido desplazadas de sus tierras habituales de cultivo tras la irrupción de esta empresa española. Intermón incluyó dichas conclusiones en un informe que se hizo público poco después. En agosto de 2013 un segundo estudio de campo, a petición de la propia Agrogeba y en colaboración con organizaciones locales, profundizó aún más y llegó a idénticas conclusiones, que estaban ante un caso claro de acaparamiento de tierras que amenazaba la seguridad alimentaria de la población.

Con el apoyo del embajador

Sin embargo, Agrogeba parece contar con algunos aliados poderosos además del exprimer ministro Carlos Gomes Jr, que en 2012 fue desalojado del poder por un golpe de estado. El informe de Intermón Oxfam, que para el caso de Guinea Bissau se apoya en las investigaciones y denuncias llevadas a cabo por Alianza por la Solidaridad, llegó a manos del embajador de la Unión Europea en Guinea Bissau, el español Joaquín González-Ducay, quien en un correo enviado en junio de 2013 a Jaume Gaya, uno de los socios de Agrogeba, le manifestó su total apoyo y no dudó en calificar las informaciones contenidas en dicho informe de “desprovistas de fundamento y contrarias a la verdad”. De hecho, González-Ducay reitera a Gaya: “...nuestro interés en trabajar con ustedes y hacer beneficiar de su buena praxis técnica, social y ambiental a otras comunidades agrícolas de Guinea Bissau ligadas al cultivo del arroz” en el marco de un proyecto de apoyo al desarrollo agrícola de este país africano con un importe previsto de 10 millones de euros.

Sin embargo, lo que el embajador de la UE en Guinea Bissau denomina buena praxis, las poblaciones locales y las ONG lo denominan abusos, engaños y violación de la legislación. De hecho, el estudio de Intermón o el informe que acaba de publicar APS no son los únicos que destacan las malas prácticas de Agrogeba. La organización no gubernamental Coalición por la Protección del Patrimonio Genético Africano (Copagen) publicó en octubre pasado un estudio sobre el acaparamiento de tierras en el que cita a Agrogeba como un caso típico de este fenómeno en alza en toda África, llegando a idénticas conclusiones que Alianza por la Solidaridad.

La compra masiva de grandes extensiones de tierra cultivable ha afectado, en los últimos 13 años, a unos 83,2 millones de hectáreas en el planeta, que en muchos casos han pasado a manos de grandes terratenientes o empresas y gobiernos de países extranjeros. Y África, donde el 90% de la tierra no está escriturada y muchos gobiernos alientan estas inversiones sin proteger a su población, es uno de los escenarios preferentes de estos intercambios. Sin embargo, en muchos casos como el de Guinea Bissau, la compra de tierras por empresas extranjeras para implantar modelos de producción intensivos amenazan la sostenibilidad de la agricultura local y las formas de vida tradicionales, además de suponer un serio peligro para la seguridad alimentaria de la población. Como dice Malam Baio, jefe del pueblo de Bidjini, “estamos de acuerdo con quien venga a apoyarnos para salir de la pobreza, pero no con quienes pretendan aumentarla”.