Un gigante en apuros

El 12 de junio debe celebrarse el primer gran encuentro del Mundial de Fútbol de Brasil. Faltan poco más de 100 días y buena parte de los 12 estadios que deben albergar el torneo están aún en un agitado trasiego de obras. Los organizadores aseguran que todo estará listo, pero los responsables de la FIFA albergan serias dudas, pues ya dieron un ultimátum y no se cumplió. Los 12 estadios debían haber sido entregados el 31 de diciembre, pero la mitad no estuvieron a punto en esa fecha. Para el peor de los casos, el estadio de Curibita, el nuevo límite establecido por la FIFA vence el 18 de febrero, es decir, mañana.

Algunos de los recintos no planteaban excesivos problemas, pues ya fueron sede de la Copa Confederaciones celebrada el año pasado. Pero los restantes exigían obras de importancia. De momento quedan por entregar aún cinco, en cuyas labores el Gobierno deberá concentrar toda su determinación si no quiere jugar un mal papel ante todo el mundo. Ha tenido siete años para organizar el Mundial, más que ningún otro país. Es, pues, consciente de que en este reto se juega en parte el prestigio de Brasil como país emergente.

No es, sin embargo, un buen momento para esfuerzos extraordinarios que puedan sonar a dispendio. Brasil es uno de los grandes países con elevados índices de crecimiento, pero también con fuertes carencias, tanto en infraestructuras como en servicios sociales. Cuando en 2007 logró la oportunidad de organizar el Mundial, lo presentó como una ocasión para modernizar el país y crear las infraestructuras que necesitaba para afianzarse como potencia emergente.

Ya está claro que ese plan no se completará. Lo primero que ha caído son algunas de las infraestructuras más costosas, entre ellas el emblemático tren bala que debía unir São Paulo y Río de Janeiro.

El problema ahora es que el coste de las obras deportivas, sufragadas en un 85% por el erario público, superan ya en un 45% la cifra prevista. En algunos casos, como el del estadio de Brasilia, el coste se ha duplicado. El Gobierno federal quiere cumplir su compromiso, pero teme que el exceso de gasto en el Mundial provoque la reacción de una población muy pendiente de sus necesidades en el transporte, la sanidad o la educación.