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EDITORIAL

Marihuana legal

Colorado permite la droga blanda mientras España apuesta por una mayor represión

Colorado es un pequeño Estado de apenas cinco millones de habitantes que puede marcar, sin embargo, un punto de inflexión en la política represiva que Estados Unidos ha aplicado históricamente al consumo de drogas. Es significativo que hayan sido Uruguay y Colorado, dos territorios de América —un continente especialmente castigado por la criminalidad y la corrupción que genera el narcotráfico—, los dos primeros del mundo cuyas autoridades admiten el cultivo, la comercialización y consumo de marihuana, controlando, por tanto, el mercado de una sustancia que no es inocua. Uruguay lo hizo en diciembre. Colorado ha estrenado su ley el 1 de enero. Ambos se van a beneficiar de una nueva recaudación vía impuestos y van a servir de laboratorio de esa nueva política sobre las drogas que cuenta con una creciente permisividad social y sobre la que reflexionan la ONU, la Organización de Estados Americanos y algunos mandatarios políticos.

En Europa existen las experiencias de Holanda, Bélgica, Portugal y algunas capitales europeas. Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes, no se ha pronunciado en conjunto a favor de explorar otras alternativas que reduzcan la violencia asociada al tráfico ilegal y aumenten la seguridad de los consumidores, pero no se descarta que Alaska y Arizona sigan ahora los pasos de Colorado. Pronto se sumará el Estado de Washington y el de Nueva York lo está considerando. Son iniciativas políticas que responden a una estrategia más avanzada, que está obligando al Gobierno federal a reconsiderar su posición.

Frente a tales corrientes, alentadas por el fracaso de las políticas represivas, España se dispone a aumentar las multas y eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación. Es un error que ciertos expertos vienen señalando desde hace tiempo, por entender que una mayor severidad en la persecución no reduce el consumo y que esa tolerancia cero oficial permite actuar a las mafias del narcotráfico, deteriorando las estructuras de un país democrático.

Es imprescindible que los Gobiernos lancen paralelamente campañas de concienciación sobre los riesgos de la droga, con aproximaciones terapéuticas al problema. Lo que no se debe hacer es cerrarse, sin más, a las nuevas estrategias sociales.

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