Un mercado sin ley ni esperanza

Los aficionados al juguete cómico habrán disfrutado estos días con tres episodios protagonizados por el Ministerio de Industria. En diciembre de 2012, un ministro apellidado Soria concibió y logró aprobar una miríada de impuestos, tasas y tasillas a diversas actividades eléctricas, desde la generación a la distribución, con el fin de eliminar, al menos parcialmente, el malvado déficit de tarifa (unos 26.000 millones). Con este desparramado despliegue tributario esperaba recaudar 2.700 millones. Nueve meses después, el Consejo de Ministros aprobó una reforma eléctrica, concebida con el único fin de enjugar el déficit de tarifa. Con gran aparato verbal, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría juró sobre las resoluciones del Consejo de Ministros que dicha reforma liquidaría para siempre el déficit. Incorporaba la vasta reforma, con más folios que la biblioteca del Congreso, una pieza decisiva: el Presupuesto aportaría 2.200 millones a la causa contra el déficit tarifario.

En diciembre, el argumento se precipita hacia un final grotesco: el ministro Montoro decide que la corrección del déficit público es prioritaria, borra la aportación de los 2.200 millones y mata a la reforma antes de nacer. O peor; porque acuerda con las empresas eléctricas la titulización de los 3.600 millones negados (2.200 más otras cantidades menores) a 15 años con el aval del Estado. El déficit de tarifa, que iba a desaparecer para siempre según la prosopopeya vicepresidencial, subirá este año al menos hasta los 30.000 millones. Fin de la primera comedieta.

La segunda función empieza con la subasta eléctrica del día 19 de diciembre, esa desdichada fotocopia de un mercado real que ha venido determinando los precios de la electricidad doméstica en los últimos años. Según el dictamen subastil, el precio de la electricidad tenía que subir en enero entre el 11% y el 13%; nada sorprendente, porque la volátil subasta, un zoco financiero opaco, recogía las consecuencias del fracaso de la reforma eléctrica. Asustados por el exceso esquilmatorio, el ministro y sus funcionarios tiran por la calle de en medio y, apoyados en un comunicado confuso de la Comisión Nacional de Competencia y Mercados —algún día habrá que explicar si el comunicado se redacta a instancias del ministerio o es motu proprio y qué sección de la CNMC firmó el necio concepto de circunstancias atípicas—, anularon la subasta. La anulación es ilegal, porque, a pesar de los daños que causa el procedimiento en los ciudadanos (razón por la cual debió ser sustituida, que no anulada, muchos años atrás), es obligado que exista una conducta contraria a la competencia, y esta no puede demostrarse. No cabía esperar sutilezas en un Gobierno que gusta de practicar operaciones de neurocirugía con una motosierra. El intervencionismo crudo es la naturaleza real del PP, a pesar de sus muchos golpes de pecho liberales.

Quedan pocas opciones para enjugar el déficit de tarifa: una de ellas es negociar una quita

El tercer episodio bufo se representa en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre. Anuncia el Gobierno que, anulada la subasta, el precio de la luz subirá manu militari el 2,3% en el primer trimestre (el 1,4% corresponde al precio de la electricidad y el 0,4% a la subida de los peajes). Aquí la triste gracia procede de la incoherencia. El mismo Gobierno que decide anular la subasta (un mercado, aunque deforme, al fin y al cabo) encarga a la CNMC recomendaciones de subidas basadas en mercados de futuros. En 10 días el ministro Soria dio tres vueltas de campana sobre su propia confusión: defendió la subasta (un mercado estrecho y volátil) el 17 de diciembre; la negó y anuló el 19 y volvió al redil de un mercado estrecho y volátil el 27.

Con el fin de calcular los daños de los tres episodios, procedamos a la relación de inepcias y los costes que acarrean:

— ¿Es concebible que Soria y Montoro, o Montoro y Soria, esos Epi y Blas de la política económica, sean incapaces de ponerse de acuerdo, cuando se aprueba la reforma eléctrica, en si habrá o no aportación presupuestaria? ¿La corrección del déficit público es prioritaria en diciembre pero en septiembre no? ¿Ni Soria ni Montoro piensan dimitir, a pesar del ridículo con el que han manchado la cacareada Marca España en los mercados internacionales?

— La titulización de los 3.600 millones carga a los consumidores con un coste financiero de al menos 140 millones anuales, además, claro, de lo que toque pagar por el principal; en cuanto a las empresas, tendrán que soportar 3.600 millones más en sus balances, bastante pesados ya por un volumen de endeudamiento acumulado a base de errores en las compras de activos y financiaciones extravagantes.

— ¿Dónde están los 2.700 millones que se iban a recaudar en 2013 con tasas e impuestillos? La cantidad es menor, porque el ministerio suele equivocarse en cualquier cálculo y en este caso sobrevaloró la evolución de la demanda. Pero sea la cantidad que sea, no ha entrado todavía en el sistema eléctrico. ¿También se la ha quedado Hacienda? En ese caso podríamos encontrarnos ante un timo. Las compañías eléctricas trasladan una gran parte de los impuestos al consumidor que este paga religiosamente. Si los impuestos fueran finalistas, tal como fueron concebidos, y estuvieran destinados a cubrir parte de los costes, para que no aflorara nuevo déficit de tarifa, la situación hubiera sido neutral para el consumidor; pero si no se destina partida alguna a cubrir parte de los costes eléctricos, el consumidor tendría que pagar de nuevo esa cantidad, que no quedaría minorada del déficit de tarifa.

— El consumidor sigue pagando las tecnologías renovables con las primas del marco regulatorio existente y no con el esquema que plantea la nueva ley. Como en los voluminosos textos de la reforma se decía que las renovables serían retribuidas de acuerdo con los costes eficientes atribuidos a una empresa estándar, el ministerio encargó a varias consultoras que determinaran cuales eran esos costes; decisión que fue impugnada por los gabinetes legales de las empresas involucradas por el procedimiento de designación de consultores. Resultado: al no haber un desarrollo de la ley que fije esos costes eficientes estándar, la fotovoltaica y la termosolar siguen cobrando a razón de 430 y 300 euros (mínimo) el megavatio, respectivamente.

Titulizar 3.600 millones impone a los hogares más de 140 millones anuales en intereses

— Recientemente, Industria ha modificado de forma chapucera la estructura del precio de la electricidad, de forma que aumenta la parte fija y disminuye la variable, es decir, en la que se puede ahorrar. La consecuencia evidente es que se obliga a hogares y familias a pagos fijos más elevados y se reduce la posibilidad de abaratar el recibo por mero ahorro del consumo.

— La intervención trimestral del precio no resuelve nada; la electricidad seguirá encareciéndose, probablemente muy por encima del 1,4% y el precio real tendrá que ser reconocido y liquidado. La afirmación “hemos evitado que la electricidad suba el 11%” proclamada por el presidente Rajoy es un malentendido o una burda tergiversación de la realidad. Soria, Montoro y Rajoy han obrado en todo momento según el código inveterado de gestión del PP: trasladar los problemas al futuro.

No es solo cuestión de costes y bochorno; es que se pierden oportunidades para corregir un problema que ya es una alarma social. Las opciones son limitadas. La mejor y casi única es proceder a una reforma del mercado eléctrico que incluya, al menos, estas líneas de acción:

1. Negociar una quita del déficit con las eléctricas (antes de la titulización de los 3.600 millones). Su volumen resulta inasumible por los consumidores y constituye una fuente de conflictos financieros.

2. Suprimir cualquier indexación de la tarifa doméstica a mercados marginalistas; el fracaso de la fórmula, largamente advertido, ha conducido a este desbarajuste. O se vuelve a fórmulas de reconocimiento de costes (Marco Legal Estable) o se fija el precio según la media de precios del pool en periodos anteriores

3. Retirar del mercado las tecnologías amortizadas. Deben competir las tecnologías similares (gas, fuel); el precio de la electricidad renovable debe fijarse mediante subasta y la electricidad amortizada (agua, nuclear) ha de destinarse a contratos de larga duración con la industria.

4. Es necesario romper la integración vertical de las eléctricas.

La probabilidad de que un Ministerio de Industria títere de las eléctricas, afronte una reforma similar es la misma de que la superficie de Júpiter esté cubierta de lagos de whisky de malta. Con este Gobierno y este ministro, el mercado eléctrico parece condenado a la anomia, es decir, a la ausencia de ley y procedimientos.