¿Sanidad universal?

El 1 de septiembre se cumplió un año de la entrada en vigor del real decreto que, en la práctica, limita la asistencia sanitaria gratuita para migrantes mayores de edad en situación irregular a los casos de urgencias y de asistencia al embarazo, parto y posparto. Posteriormente, el Gobierno adoptó otro real decreto que recoge la excepción para solicitantes de protección internacional y víctimas de trata, a quienes sí se les garantizaría el acceso a la sanidad. Sin embargo, a las mujeres víctimas de trata se les condiciona al hecho de que se les haya concedido el periodo de reflexión. Como en tantas ocasiones las personas más débiles vuelven a quedar en situación de mayor indefensión. Con Amnistía Internacional y otras organizaciones planteo la necesidad de modificar ese real decreto por lo que supone de retroceso social y de incumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de derechos económicos, sociales y culturales.— Teresa González-Quijano Díaz.