Protesta indigna

Un grupo de sindicalistas de UGT y CC OO se congregaron el jueves delante del juzgado sevillano de la magistrada Mercedes Alaya para protestar contra la instrucción del sumario de los ERE. La protesta, que contaba con la presencia de los secretarios generales de UGT y CC OO de Sevilla, se convirtió rápidamente en una escalada de insultos a la juez, algunos alusivos a un supuesto sesgo político (“Alaya, pepera, métete en la lechera”) y otros de índole personal y de mal gusto (“fea” u “hortera”). La Fiscalía General y el Tribunal Superior de Andalucía ya han condenado el acto de protesta, porque, fuera cual fuese en su origen, se convirtió en un acoso a la magistrada, con todos los ingredientes para calificarlo como un intento de coacción a un juez en el ejercicio de sus funciones.

La protesta tumultuaria no es el mejor procedimiento para defender la honradez de los sindicalistas imputados o involucrados en el fraude de los ERE. Los procedimientos judiciales garantizan la independencia de los magistrados y la equidad de la investigación. Si los afiliados sevillanos a UGT y CC OO abrigan dudas al respecto, existen procedimientos legales para transmitir su rechazo o pedir garantías. El peor de los métodos, políticos y jurídicos, es precisamente el de presionar con gritos e insultos a una juez encargada de una investigación tan delicada como la de los ERE. Sea cual sea la opinión que merezca la instrucción que está desarrollando Mercedes Alaya, que sin duda ofrece aspectos discutibles, las protestas tienen límites y, como sostuvo el fiscal general Torres Dulce, esos límites se sobrepasaron el jueves.

No es de recibo tampoco la presencia de los secretarios generales de los sindicatos sevillanos en una protesta de esta naturaleza. Las organizaciones sindicales son una de las instituciones del Estado; además, en algunas funciones de su papel institucional reciben dinero público. Por tanto, lo que se espera de ellos es que no contribuyan al descrédito de otras instituciones del Estado, sin perjuicio, claro está, de su libertad de expresión y manifestación.

No hay razón, entonces, para una algarada frente a un juzgado. Es comprensible que los sindicalistas honrados, la gran mayoría, se encuentren incómodos e impotentes ante un proceso que daña su imagen; pero el alboroto ofensivo contra la juez también deteriora su prestigio social. Al menos tanto como el propio proceso.