La arrogancia de un simple programa

“El Estado de bienestar del siglo XX se ha terminado. En su lugar surge un ‘sociedad participativa’ en la que las personas deben asumir la responsabilidad sobre su propio futuro y crear sus propias redes de seguridad social y financiera. La gente quiere hacer sus propias elecciones, organizar sus propias vidas y cuidar unos de los otros”. Lo que más asombra de este discurso, leído la semana pasada en la televisión de Holanda por su nuevo rey Guillermo, pero redactado por el Gobierno —una coalición de conservadores y socialdemócratas—, no es su extraño tono decimonónico, sino su soberbia. Su pretensión de instalarse como verdad revelada, consecuencia de unas transformaciones tecnológicas imparables, llegadas de la mano del siglo XXI y de la famosa globalización comercial. Como si existieran hechos incontrovertibles que provocan respuestas irrefutables, que no pueden discutirse con argumentos ni razones. Y sin embargo, son simplemente frases que traslucen una gran arrogancia, porque lo que están formulando es un programa político, algo, por definición, muy discutible.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, de 46 años, y su colega socialdemócrata, Diederik Samsom, de 46, proponen que se debilite el Estado, en beneficio de una supuesta sociedad civil, como si fueran cosas contrapuestas, o una fuera alternativa de la otra, cuando en los países democráticos europeos siempre ha habido un juego enriquecedor entre las dos. Era en los países comunistas, donde el Estado lo invadía todo, donde las sociedades civiles aparecían como opciones contrapuestas. El programa político de Rutte supone ignorar (o despreciar) el hecho de que, en los países democráticos europeos, el Estado es una institución que fue adquiriendo forma tras un debate muy largo, y a veces trágico, sobre los ideales de justicia y de eficacia. Sobre la evidencia de que determinados niveles de desigualdad perjudican al tejido social en su conjunto y de que existen injusticias que ofenden la dignidad del ser humano. El resultado de ese debate fue el pacto entre la democracia cristiana y la socialdemocracia por el que nace el Estado de bienestar. Debilitarlo ahora implica debilitar una institución que está al servicio de unos derechos.

Los defensores de ese debilitamiento y de la decimonónica idea de que cuidemos directamente “los unos de los otros”, no se sabe bien a través de que institución que no sea, precisamente, el Estado, plantean su programa como la única respuesta posible a una nueva situación económica y quieren hacer creer que esas nuevas reglas nacen como consecuencia de las nuevas tecnologías y de la globalización. Pero no es así. James K. Galbraith (citado por A. Costas en La Maleta) asegura que nada apoya esa hipótesis y que son factores de naturaleza financiera (no tecnológica, ni comercial), fuera de control, los que han llevado la economía a su actual escenario. Según el economista norteamericano, si se sacan los factores financieros de las series de ingresos, el aumento de la desigualdad que caracteriza el periodo entre 1980 y 2000 desaparece prácticamente.

Resulta extraño que justo cuando aumentan las desigualdades se plantee el debilitamiento del Estado de bienestar

Resulta extraño que justo cuando esas desigualdades aumentan a un ritmo devastador (www.intermon-oxfam.org.es) se proponga, precisamente, el debilitamiento del Estado y el traspaso a la “sociedad participativa” de la defensa de los derechos que fueron pactados para corregir el alcance de esas brutales divergencias.

¿Por qué la socialdemocracia holandesa participa de esa idea? Sus colegas nórdicos mantienen un enfoque diferente. Creen que hay que redefinir las categorías de la protección social, pero no hacer desistir al Estado de su defensa. Seguramente el Estado de bienestar precisa de nuevas investigaciones sociales y nuevos debates para fijar esas nuevas categorías de protección, las nuevas desigualdades y necesidades, pero, salvo que hayamos dado un salto atrás de un siglo y ya no se considere necesario corregir grados de desigualdad insoportables ni se crea que el Estado es una institución que protege derechos, no se comprende bien cuál es la eficacia del trasvase de esas competencias a la mal llamada “sociedad participativa”.