Sanidad sin negocio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado la privatización de seis hospitales públicos. El proceso que ha generado decenas de huelgas y protestas —las conocidas como mareas blancas—, la suspensión de miles de operaciones y la dimisión en cadena de jefes de servicio, es un embrollo jurídico con catorce causas abiertas. El auto de esta semana de este alto tribunal es, sin embargo, un escollo definitivo en la práctica para los planes privatizadores del PP en Madrid. Esperar, como exigen los jueces, a que haya una sentencia supone retrasar la adjudicación de los hospitales casi dos años, un plazo incompatible con las urgencias privatizadoras del presidente madrileño Ignacio González, con la agenda electoral y, finalmente, con la seguridad inversora que las empresas necesitan para hacerse con el control y la gestión de esos seis hospitales que dan cobertura a 1,2 millones de habitantes (el 20% de la población de la comunidad autónoma).

El Gobierno regional de Madrid sabía que esto podía ocurrir, pero puso en marcha el proceso e intentó culminarlo antes de tiempo, en pleno mes de agosto, habilitando despachos a las adjudicatarias en los centros sanitarios. Tal tozudez ha infligido un serio castigo a la sanidad pública, deteriorada por los recortes presupuestarios y las listas de espera. Urgido por la falta de liquidez, el Ejecutivo de Madrid ha fiado su futuro al macroproyecto de Eurovegas y a reducir la abultada factura sanitaria con el euro por receta (iniciativa suspendida por el Tribunal Constitucional) y una privatización de la gestión de hospitales y centros de salud en base a los supuestos ahorros —no demostrados— que el nuevo modelo reportaría.

La sanidad privada tiene un amplio historial de alta eficiencia y calidad, pero la fórmula por la que apuesta el PP, el llamado modelo Alzira —un mero desvío de bienes públicos hacia gestores privados con ánimo de lucro—, ha demostrado su ineficacia. El tribunal que ahora paraliza el proceso ha manifestado su preocupación por la irreversibilidad de tan magno proceso y por las presuntas irregularidades del concurso de adjudicación. Dolores de Cospedal ha abandonado forzada por los hechos las privatizaciones en Castilla-La Mancha. Madrid no debería esperar a sepultar sus planes. Evitaría la penosa imagen política del Gobierno regional, devolvería la paz social al sector y calmaría la ansiedad de los usuarios.