Una explicación clara

El presidente del Gobierno comparece mañana ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las acusaciones de financiación irregular y otras anomalías contables en el PP que el extesorero y gerente del partido en el Gobierno ha sacado a la luz. Es precisamente el escándalo desatado por los papeles de Bárcenas lo que justifica esta comparecencia en sede parlamentaria, y cualquier intento de justificar o enmascarar la misma con otras cuestiones de la política, sea la marcha de la economía, la situación del empleo u otro argumento similar, no logrará sino empeorar nuevamente el nivel de credibilidad, ya muy bajo, que el Gobierno, el partido y su presidente arrastran en esta cuestión desde que el escándalo salió a la luz. Da la impresión de que el principal asesor mediático del presidente en estas cuestiones, Pedro Arriola, implicado él mismo en las acusaciones de Bárcenas, trata con semejante estrategia de defenderse, antes que defender a sus clientes.

La serie de errores cometidos por los populares en el tratamiento del caso Bárcenas sonroja a cualquier observador de la política; es muy de desear que no se vuelvan a cometer torpezas como las de negarlo todo “salvo algunas cosas” o establecer fórmulas legales novedosas en el mercado laboral como la indemnización en diferido. Y desde luego nadie puede creer que el tiempo ayudará a arreglar este problema, sometido ya a los imperativos de un procedimiento judicial.

De poco valdrán los evidentes —aunque limitados— signos de mejora que experimenta hoy la economía española si persiste la crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, que mucho tiene que ver con el caso que nos ocupa. Es imprescindible que Mariano Rajoy afronte mañana con decisión no solo el turbio asunto Bárcenas, sino sobre todo el impulso necesario para una regeneración democrática y del tejido institucional del país. Desde la Corona a los partidos, pasando por el Tribunal Constitucional, la Administración de Justicia, los sindicatos y la organización del Estado de bienestar, es todo el sistema el que se halla en cuestión ante amplios sectores de la opinión pública. A esa preocupación, agrandada hasta el extremo por los papeles de Bárcenas y la reacción que han suscitado en el poder, es a la que Rajoy debe dar respuesta mañana, sin hurtar el bulto, con la humildad y la sinceridad que competen a un buen gobernante que ha recibido el apoyo mayoritario en las urnas.

La honestidad presidencial

No está en cuestión, nunca lo estuvo, la honestidad personal del presidente del Gobierno, sino sus responsabilidades como tal y como dirigente del partido a la hora de investigar y sancionar las irregularidades financieras del mismo. Es imposible que la acción del Gobierno, que cuenta en su haber con notables reformas —cuyo fruto tardará, no obstante, en notarse—, se vea sometida en los dos años que quedan de legislatura a un forcejeo esperpéntico entre la credibilidad de nuestros dirigentes y las burlas de un malhechor defendido y jaleado por gentes de su propia calaña.

Además de reconocer la confianza traicionada por el antiguo tesorero del partido, Rajoy tiene la oportunidad de aceptar que su organización ha podido beneficiarse de financiación irregular y de prometer una investigación independiente, amén de comprometerse a tomar las medidas necesarias para que ello no vuelva a ocurrir. En ese terreno resulta imprescindible una profunda reforma de la financiación de los partidos, como este periódico ha pedido en reiteradas ocasiones. Al Gabinete Rajoy compete enviar cuanto antes a Cortes un proyecto de ley al respecto que, junto con los cambios necesarios en la Ley Electoral y en la organización de los partidos mismos, contribuya a devolver a los ciudadanos la fe en los sistemas de representación política.

Responsabilidad conjunta

El partido gobernante no es el único incurso en prácticas irregulares ahora o en el pasado. De ahí la probable tentación de aprovechar el debate para pasar al contrataque y cobrarse facturas políticas pendientes. Pero enzarzarse en un cruce de imprecaciones supondría una grave equivocación que no deben cometer ni los que se sientan en las bancadas del partido del Gobierno ni los de la oposición. La clase política tiene que hacerse responsable de forma conjunta de liquidar 25 años de problemas de funcionamiento irregular de nuestra representación política, que ha propiciado la extensión de una corrupción que por momentos amenaza con convertirse en sistémica.

Todo ello puede parecer una tarea ingente y aun fuera de las capacidades de los actuales dirigentes, pero es la única forma de salvar este descrédito que, de continuar, amenaza con dar al traste todo el sistema. Al PP le corresponde corregir la inestabilidad y usar la mayoría absoluta en tareas más útiles que la de bloquear a las minorías parlamentarias y esquivar los problemas. Fue precisa la amenaza de una moción de censura del PSOE, combinada con un nuevo desplome en las encuestas, para que Rajoy diera el paso de comparecer en el Congreso. Ya bastante grave es que ni él ni su partido comprendieran que es una obligación no solo moral, sino sobre todo política, dar cuenta al Parlamento de la acción del Gobierno, independientemente de si este tiene o no garantizada la mayoría absoluta. Asumir los errores cometidos tendrá el coste que tenga, pero es el único camino para salir de la ciénaga que amenaza con engullir los avances y la estabilidad logrados en los últimos 35 años de democracia en España.

El presidente Rajoy tiene mañana a su alcance una gran oportunidad para rectificar yerros y proyectar un futuro difícil pero posible. Un futuro que inevitablemente tendrá que ser compartido, en los temas esenciales que afectan a nuestra democracia, con el resto de las fuerzas políticas.