Vida humana y libertad de la mujer

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que dentro de tres meses presentará su proyecto de reforma de la ley del aborto. No han trascendido los detalles, pero parece que el ministro pretende suprimir el régimen de aborto libre y regresar al sistema puro de supuestos. ¿Qué motiva esta reforma? Según declaraciones del ministro, proteger la vida del no nacido y garantizar la libertad de la mujer. En efecto, estos son dos de los fines que justifican la regulación del aborto voluntario. Ahora bien, el ministro se halla sumido en cierta confusión muy generalizada en este debate: interpreta vida humana y libertad de la mujer como valores de moral privada que nos dan la respuesta a si es moralmente correcto que una mujer aborte, cuando debería interpretarlos como valores de moral pública y preguntarse si está justificado que el Estado obligue a dar a luz.

Comprenderemos mejor la distinción entre moral pública y moral privada con un ejemplo. Imaginemos una ley que nos obligara a donar un riñón a personas que lo necesitan para sobrevivir. Estaríamos de acuerdo en que, sea o no insolidario negarse a donar un órgano en tales casos, el Estado no nos puede forzar a hacerlo. Podremos ser criticados por nuestra decisión, pero esta nos compete exclusivamente a nosotros, libres de la amenaza de recibir un castigo en caso de que escojamos la opción equivocada. Algo similar ocurre con los embarazos fruto de una violación o los que ponen en peligro la vida o salud de la mujer. Resulta perfectamente coherente sostener, a un tiempo, que cierta conducta (como arriesgar la vida por el propio hijo) es elogiable o, incluso, debida, y que, sin embargo, no puede ser legalmente obligatoria.

Ahora bien, más allá de estos supuestos —violación, peligro para la vida o la salud de la mujer—, ¿debe prohibirse el aborto voluntario? Creo que no. El ministro cometería un grave error si suprimiera el sistema de aborto libre. El problema, de nuevo, es que actúa sobre la falsa creencia de que la cuestión relevante a resolver es cuándo es moralmente correcto que una mujer aborte y no cuándo está justificado que nosotros, el conjunto de la ciudadanía, la obliguemos a dar a luz.

El debate sobre el aborto no surge de una discrepancia sobre hechos, sino sobre valores

No niego que como ciudadanos tenemos un interés legítimo en garantizar la existencia de futuros miembros de la comunidad. Este es un valor público que debe condicionar la regulación del aborto. Tampoco niego los hechos biológicos básicos: el embrión o feto es un ser vivo distinto de la madre, miembro de nuestra especie, cuyo desarrollo hasta devenir un bebé puede trazarse sin solución de continuidad. Renegar de la biología es un disparate que nadie debería cometer a estas alturas de la discusión académica sobre el asunto.

Quizá, aquí, alguien crea que, admitido que el feto es un ser humano, es imposible escapar de la conclusión de que, fuera de los dos supuestos mencionados, es preciso prohibir el aborto. No es así. El debate sobre el aborto no surge de una discrepancia sobre hechos, sino sobre valores. Declarar que el feto pertenece a nuestra especie es la mera constatación de un hecho que no compromete a quien la hace, la posición antiabortista. Así, cuando los “proelección” negamos que el feto sea una persona no estamos afirmando que, pese al consenso científico, las mujeres embarazadas llevan en su útero a seres de otras especies. Estamos afirmando algo más profundo: que es un ser humano, pero que eso es irrelevante.

¿Cómo es posible afirmar tal cosa?, se preguntarán algunos, pues si el feto es un ser humano, es de hecho el mismo ser humano que en un futuro sería la delicia de sus padres, descubriría el arte y la literatura, se enamoraría y experimentaría todas esas cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando lo abortamos, ¿no le estamos privando de todo ello? ¿No es por eso por lo que consideramos que matar a alguien es tan horrible?, podría argumentarse. Todo eso es cierto si creemos que lo que importa es que el individuo futuro y el feto cuyo aborto estamos considerando son el mismo ser humano.

El derecho al aborto no se basa en la libertad de disponer del cuerpo sino en la libertad de conciencia

Esta es una posición respetable, aunque a mi juicio, equivocada. Lo que importa es la continuidad de la vida mental. Si reflexiono sobre ello, lo que me preocupa de mi muerte no es que mi corazón deje latir o mis pulmones de respirar, sino que mi cerebro pierda todas sus capacidades psicológicas. Por eso, por ejemplo, caer en un estado vegetativo es indistinguible de morir.

Nuestra vida mental comienza, calculándolo prudentemente, a las 20 semanas de gestación. Hasta ese momento el feto es un organismo sin mente: sin apetencias, sin sensaciones e incluso sin dolor. A efectos de lo que realmente importa, no existe ningún vínculo entre un feto de menos de 20 semanas y la futura persona que llegará a ser. Con posterioridad, las capacidades psicológicas del feto aumentan gradualmente, y es razonable suponer que la consideración moral que merece se incrementa a su vez de forma gradual.

Si la pregunta fuera cuándo es moralmente correcto que una mujer aborte, entonces nada sería más importante que dilucidar si lo que importa es ser el mismo ser humano o la continuidad de la vida mental. Pero, recordémoslo, estamos en un debate político: nos preguntamos cuándo, como comunidad de ciudadanos, podemos obligar a una de nosotras a dar a luz.

Los “proelección” suelen apelar al derecho de cada mujer sobre su cuerpo. Creo, sin embargo, que el derecho al aborto descansa sobre la libertad de conciencia. Al reconocer a nuestros conciudadanos como nuestros iguales en autonomía, admitimos que tienen derecho a formarse sus propias creencias religiosas y filosóficas. Aunque en muchas ocasiones les creeremos equivocados, sabemos que sería incorrecto emplear la fuerza coercitiva del Estado para reprimirles. Hay, claro, límites a la tolerancia. Pero ninguna de las concepciones sobre el valor de la vida humana que he considerado es irrazonable. No se basan en creencias irracionales, manifiestamente falsas o incompatibles con nuestro sistema de derechos y libertades. Nuestras leyes, por tanto, no pueden simplemente asumir que una de ellas es la verdadera. Hacerlo supone imponer a nuestras conciudadanas conductas basadas en creencias que no están racionalmente obligadas a aceptar.

El ministro toma partido en el debate filosófico y opta por basar las leyes de todos en lo, a su criterio, es la verdad

Por desgracia, a esto llevaría el triunfo de la reforma que planea el ministro Ruiz-Gallardón. Toma partido en el debate filosófico y opta por basar las leyes de todos en lo que, a sus luces, es la verdad. No hay buenas razones para ello. La libertad de las ciudadanas exige que cada una pueda decidir abortar o no según sus convicciones religiosas y filosóficas, sin temor a ser castigada. Así debería ser hasta, al menos, las primeras 20 semanas de gestación.

¿Qué hay de los supuestos? Quizá es defendible sostener que durante lo que resta de gestación la regulación del aborto debe gobernarse por ese sistema, aunque sin que a su incumplimiento vaya asociada una sanción. Si el legislador considera que las sanciones son necesarias para la eficacia de la regulación, debe dirigirlas al facultativo, no a la mujer.

Las sanciones no son, empero, los únicos medios de que dispone el Estado para perseguir sus objetivos. También puede emplear incentivos positivos, como ayudas públicas y subvenciones. Mediante reformas legislativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, el establecimiento de una red pública de guarderías y de escuelas de calidad, y la asistencia integral a aquellas mujeres que deseen llevar su embarazo a término se promovería de manera más eficaz el valor de la vida.

Si el ministro desea, como así ha declarado, honrar tanto la vida humana como la libertad de la mujer, el camino que ha emprendido no es el apropiado. Solo mediante una legislación que incluya el aborto libre es posible proteger la libertad de conciencia de las mujeres. Y la creación de un sistema robusto de servicios y ayudas públicos es la forma legítima de proteger la vida humana prenatal y la libertad efectiva de ser madre.

José Ezequiel Páez es investigador y doctorando en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.