Impuestos para crecer

Que nadie se deje confundir por el título que encabeza este artículo: los impuestos sirven para recaudar. Esa es su razón de ser, el sentido básico de su existencia. Pero, dando por sentada esta finalidad obvia, a los impuestos se les han encomendado a lo largo del tiempo otras funciones, objetivos políticos que tratan de justificar o de configurar algunas figuras tributarias. Se establecen impuestos que pretenden, además, proteger la salud de los ciudadanos, cuidar del medio ambiente o redistribuir la renta… El problema surge cuando estos objetivos entran en conflicto entre sí, cosa que ocurre casi siempre. Por poner un ejemplo muy simple: si el legislador realmente quisiera que los ciudadanos dejasen de fumar podría elevar el impuesto sobre el tabaco hasta convertir ése hábito en un lujo inaccesible para la mayoría, pero entonces el Estado perdería la recaudación y, posiblemente, crecería el contrabando.

Las distorsiones que causan los tributos en la actividad económica han sido muy estudiadas a lo largo de los años. Sabemos que su mejor o peor configuración incide muy directamente en algunas decisiones fundamentales para la buena marcha de la economía: pueden cambiar las pautas de consumo, estimular o penalizar el ahorro, potenciar o reducir la tendencia a asumir riesgos, alterar el destino de las inversiones o, directamente, desincentivar la actividad económica. Un impuesto es más eficiente cuanto menos altera la asignación de recursos que inicialmente haría el mercado; su neutralidad es la mejor contribución al buen funcionamiento de una economía competitiva.

El documento que acaba de elaborar el PSOE de cara a su próxima conferencia política ignora lo anterior. El resumen de sus propuestas podría ser "Impuestos más justos y gasto público más eficiente" un lema del que parece difícil discrepar. Pero bajo esas premisas se proponen cambios injustos e ineficaces, fundamentados en graves errores de concepto. El error garrafal de los socialistas reside en no entender que el paro es el principal problema de los españoles y en desconocer cómo pueden los impuestos favorecer el crecimiento y estimular la creación de empleo. En cualquier circunstancia, pero mucho más ahora, la mejor política económica y social es aquella que permite la creación de más puestos de trabajo y mejor remunerados. Acelerar la recuperación requiere impuestos más bajos y mejor estructurados, pero eso exige otro tipo de reformas.

El asunto es tanto más sorprendente en cuanto que sitúa a ese partido en la dirección opuesta a la que tomó en 2002 a partir de un informe en cuya elaboración participaron los más reconocidos hacendistas vinculados a sus siglas. Un texto que sirvió como base del programa para las elecciones de 2004 y de pauta en su posterior acción de gobierno. "La eficiencia económica y el crecimiento son progresistas" o "la simplicidad fiscal y bajar los impuestos es de izquierdas", son algunos de los lemas con los que Miguel Sebastián y José Luis Rodríguez Zapatero resumieron entonces sus propuestas.

Pudiera parecer que para el legislador socialista crear empleo fuese una actividad indeseable

"En España, la acción redistributiva del estado del bienestar se consigue esencialmente por la vía del gasto público" afirmaban los socialistas hace ya una década. Y tenían razón. Aquello era tanto una constatación como una propuesta. Hace tiempo que los sistemas fiscales de los países europeos más desarrollados abandonaron la idea de buscar la redistribución a través de los ingresos públicos. Los tipos marginales muy elevados, característicos en los años 70 y 80, fueron desapareciendo poco a poco. Y lo hicieron porque, lejos de contribuir a una mayor justicia del sistema, lo único que lograban era desalentar el esfuerzo, destruir la iniciativa y, en definitiva, empobrecer a todos. Ahora, la crisis exige mantener o aumentar la acción redistributiva asociada al gasto público de contenido más social (pensiones, seguro de desempleo) al tiempo que se reducen las partidas destinadas a estimular el crecimiento. Se protege a quien hoy lo necesita con el coste inevitable de sacrificar una parte del crecimiento que podría beneficiar a todos más adelante. Por otro lado, el endeudamiento traslada el gasto del presente a los contribuyentes del mañana y, de esta manera, también se redistribuye entre distintas las generaciones presentes y futuras.

Crear empleo es, además, el mejor camino para recaudar más. Sólo el crecimiento genera empleo. Cuando más contribuyentes pagan, aunque individualmente sea algo menos, es más fácil que mejoren los ingresos públicos. Sin duda alguna para conseguirlo es también esencial combatir las bolsas de fraude existentes; la mayor de las injusticias en el reparto de las cargas públicas. En todo caso, y parece elemental recordarlo, la escasez de los ingresos públicos no está causada por unos impuestos demasiado bajos sino por la falta de actividad económica. Nuestros impuestos se sitúan entre los más elevados del mundo pero aun así no rinden lo suficiente para sostener el gasto público que hemos decidido mantener. Y es así porque a partir de un punto es más relevante el efecto desincentivador que causan que la recaudación que generan.

En algo sí acierta el documento socialista: "El peso de la recaudación recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo medias y bajas". Pero esa es la consecuencia del sistema fiscal que ellos crearon en el Gobierno, en modo alguno de las decisiones que posteriormente se han tomado. De hecho, los datos que toman para formular sus críticas, los últimos disponibles, se obtienen de la memoria de la Administración Tributaria correspondiente al año 2011, cuando ellos aun gobernaban. Es importante destacar la paradoja que supone mantener altos impuestos sobre los salarios —y ahí deberíamos considerar las cotizaciones sociales junto con el IRPF— al mismo tiempo que se sufren grandes tasas de desempleo. Si cuando se quiere disuadir de un comportamiento se establece un impuesto que lo grave, pudiera parecer que para el legislador socialista de los últimos años crear empleo fuese una actividad indeseable.

El déficit nunca ha sido eliminado mediante un aumento significativo de los ingresos

La tendencia de la izquierda a concentrar la carga tributaria en la imposición directa, y singularmente en el IRPF, parte de dos errores adicionales. En contra de lo que en muchas ocasiones se afirma, la imposición indirecta española no es regresiva, más bien tiende a ser casi exactamente proporcional en relación a la renta de los contribuyentes, sea ésta de origen salarial o de cualquier otro tipo. Este dato, que ponen de manifiesto los estudios disponibles, es consecuencia de los tipos diferenciados del IVA y de las distintas pautas de consumo que tienen los contribuyentes con distintos niveles renta. Hay otro hecho, además, que resulta interesante: quien defrauda en la obtención de renta difícilmente puede seguir haciéndolo cuando la consume. En cuanto que es más controlable por la administración tributaria, también la imposición indirecta se distribuye de facto de manera más equitativa.

Nunca el déficit ha sido eliminado mediante un incremento significativo de los ingresos; siempre que se ha logrado ese objetivo ha sido mediante un adecuado control de los gastos y la recuperación del ciclo de crecimiento. La explicación de este hecho es muy sencilla: los impuestos sirven para financiar el gasto público pero su recaudación genera importantes distorsiones en la asignación de recursos. Los impuestos frenan el crecimiento. Buscar el equilibrio financiero aumentando la ineficiencia económica es siempre un camino equivocado. Las economías con presupuestos equilibrados, impuestos reducidos, gasto público bien administrado y regidas por el principio de mínima intervención son más respetuosas con las libertades individuales y generan más bienestar social.

Esa es la razón que ha llevado al Gobierno popular a incluir la fiscal entre las principales reformas estructurales pendientes. Acelerar el regreso a una senda de crecimiento y creación de empleo, al tiempo que se garantiza la suficiencia recaudatoria para un nuevo nivel de equilibrio entre ingresos y gastos públicos, es el reto que ahora urge abordar.

Gabriel Elorriaga Pisarik es presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y forma parte de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.