Crisis de afiliación

La catastrófica evolución del mercado laboral español estaba perfectamente descrita en la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012. El número de parados registrados por el Ministerio de Empleo durante el mes de enero subraya el pésimo diagnóstico al confirmar que el número de desempleados registrados superó en enero los 4,98 millones. Aunque resulta muy llamativo el cálculo de que España perdió 8.500 puestos de trabajo al día en enero, el aspecto más dañino para el conjunto de la sociedad, al mismo nivel de perjuicio que causa el aumento incesante del paro, es el desplome lento pero continuo del número de afiliados a la Seguridad Social. Al acabar el mes había descendido en más de 263.000 personas, de forma que el número total de cotizantes desciende hasta 16,179 millones. Dicho de otro modo, entre enero de este año y enero de 2012 la Seguridad Social perdió casi 780.000 trabajadores.

A este ritmo de destrucción de empleo y de cotizantes el sistema de pensiones entrará en crisis antes de lo previsto. En estos momentos se contabilizan 1,93 afiliados por cada perceptor de una prestación; en 2013 la caída proseguirá, quizá a menor ritmo, pero con unas consecuencias desastrosas. Los cálculos iniciales sugieren que, diciembre sobre diciembre, en 2013 se perderán aproximadamente otros 450.000 empleos. El Gobierno se consuela de esta hemorragia persistente aduciendo que el ritmo de deterioro de las afiliaciones se va haciendo progresivamente más lento; pero la consecuencia inmediata es que reduce el margen de maniobra para reformar el sistema de pensiones y desata todas las alarmas sobre el malestar social que se está incubando.

Es obligado insistir en lo urgente de un plan para recuperar el empleo o, por lo menos, evitar que se destruya poco a poco el tejido empresarial y laboral. Dado que las exigencias de recorte del gasto impiden articular un plan de empleo autónomo, financiado por los presupuestos, es obligado, por una parte, presionar a las autoridades europeas, en especial a Alemania, para que el dinero de la eurozona, poco o mucho, se libere de una vez y pueda utilizarse en estimular el empleo juvenil. Alemania ha obtenido buenos resultados con sus programas de acción, legal e inversora, hasta el punto de que el paro juvenil alemán apenas rebasa el 2%.

Por otra parte, también sin dinero se pueden articular planes que favorezcan la ocupación. Lo que no es discutible es que cualquier ayuda que se establezca en forma de subvención o apoyo fiscal debe estar condicionada a resultados reales y perfectamente mensurables; cada euro invertido o dejado de ingresar tiene que estar ligado a contrapartidas estrictas de generación de empleo. El Gobierno debería revisar los gastos fiscales y comprobar que las desgravaciones vigentes para crear empleo son efectivas; si no lo son, tendría que valorar la necesidad de suprimirlas y articular otras menos costosas y más eficaces.